CAPITULO 25.- 9.5 VIENTOS DE REFORMA:¿LEY DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA?
El sistema normativo de la adopción y del acogimiento que hemos recogido con anterioridad, naturalmente, presenta ciertas fisuras y funciona de manera insuficiente en relación con ciertos supuestos de desamparo, como ha tenido ocasión de constatar una Comisión especial del Senado que, en los últimos años, se ha dedicado al <estudio de la problemática de la adopción nacional>, institución reiteradamente abordada en las últimas décadas y para quien nadie, al parecer, encuentra un marco satisfactorio.
Siguiendo fielmente las recomendaciones del informe de la Comisión del Senado (que <ha sido de una tremenda utilidad para el Ministerio>, según palabra textuales de la entonces Ministra Leire Pajín), el Consejo de Ministros de 8 de julio de 2011 aprobó, en primera lectura, un anteproyecto de una Ley que según unas notas de prensa debería denominarse de <protección a la infancia> y, conforme a otras, de <actualización de la legislación en materia de infancia> con pretensiones de encarar las fisuras y disfunciones del sistema normativo preexistente.
Según la nota de prensa oficial, las informaciones periodísticas sobre todo, las declaraciones posteriores al Consejo de los Señores Pérez Rubalcaba y Pajín Iraola, el texto propuesto, entre otras cosas, tendría por objetivo suprimir el acogimiento provisional y el adoptivo, diferenciaría los objetivos del acogimiento familiar y de la adopción, al tiempo que se acortarían los plazos de adopción y se regularía detalladamente el ingreso de los menores con trastorno de conducta en los centros de acogida, determinado naturalmente la modificación del Código Civil, de la Ley de protección jurídica del menor y de la de enjuiciamiento civil.
Sin embargo, tres semanas después, la <primera lectura> de semejante Anteproyecto asó a ser papel mojado, pues el viernes 29 de julio de 2011, el Sr. Rodríguez Zapatero, en un enésimo testo de improvisación política, tan característica de sus dos mandatos presidenciales, compareció públicamente para transmitir el adelanto de las elecciones generales previstas para la primavera de 20 12 al 20 de noviembre de 2011, por lo que resulta inadecuado extenderse en la consideración de la propuesta legislativa tan encendidamente defendida días antes por el Vicepresidente y la Ministra de Sanidad de su Gobierno.
En parecida línea a la que hemos relatado, aunque quizá con mayor rapidez política, el Consejo de Ministros del gobierno actual, el día 5 de abril de 2014 dio por aprobado el denominado Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 (PENIA). Conforme a las propias notas oficiales las medidas más relevantes de tal Plan <conllevan una modificación normativa, a través de una Ley orgánica para actualizar la legislación sobre la protección a la infancia> ( o de la infancia?). <La modificación –se informa en ellas- afectará a once leyes, entre las que destacan el CC y la Ley de protección jurídica del menor>, quedando las nueve restantes en la sombra más absoluta…Bastan tales datos para apercibirse de que, para un análisis técnico de las eventuales reformas, como mínimo habrá de esperar a la próxima edición y a que tales propuestas se conviertan en realidad normativa concreta.
11.- LAS INSCRIPCIONES REGISTRALES DE LAS INSTITUCIONES TUTELARES.
En contra de cuanto hemos afirmado anteriormente, al final del capítulo 23, respecto de la patria postead, tradicionalmente la legislación del RC ha sido receptiva en relación con la inscripción de las instituciones tutelares. Es más, la propia Sección 4ª del Registro siempre se ha denominado <de tutelas y representaciones legales> (art 88 ss y cc LRC-1957), así como los numerosos preceptos reglamentarios, sobre todo arts. 283 y ss RRC).
En consecuencia, es natural que la Ley 20/2011 del Registro Civil, prevea que <se inscribirán en el registro individual de la persona con capacidad modificada judicialmente las resoluciones judiciales en las que se nombre tutor o curador> (art. 73.1 y arts. Sucesivos, relacionados con las representaciones legales, la tutela automática, patrimonio protegido de las personas con discapacidad, autotutela y apoderamientos preventivos). Por cierto que el legislador, si se aplicara y respetara los principios de no discriminación y de evitación del lenguaje sexista que impone a los periodistas y a los mitineros políticos, teniendo en cuenta que también puede haber tutoras o curadoras, podría haber dado una mejor redacción al precepto transcrito, diciendo, por ejemplo que se inscribirán <las resoluciones judiciales en las que se establezca la tutela o curatela> y punto. Pero, ya es sabido, que nuestros próceres creen que las normas vinculan a los ciudadanos, pero muchas veces se olvidan de ellos ismo como destinatarios de las normas, resaltando así las frecuentes situaciones de absoluto ridículo que provocan.
