El presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de prisión, otros tantos de inhabilitación y multa de 2,3 millones de euros, así como a indemnizar a la Hacienda Pública con el dinero que presuntamente le defraudó: 886.473 euros. Para su ex mujer, María Amparo Fernández Blanes, se piden ocho años de cárcel y multa de 1,2 millones de euros por cuatro delitos contra la Hacienda Pública por no declarar 586.369 euros entre los años 1999 y 2003.
El fiscal Anticorrupción Luis Pastor acusa al dirigente del PP valenciano de los delitos de tráfico de influencias, cohecho continuado y cinco delitos contra la Haciencia Pública en el escrito que presentó ayer en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules (Castellón). Los otros dos imputados en esta causa son el empresario Vicente Vilar y su esposa, Montserrat Vives Plaja, para los que se solicitan sendas penas de cuatro años de cárcel y multa de 600.000 euros, por cohecho.
Se da la circunstancia de que en el procedimiento por el que Fabra será por fin juzgado, tras una instrucción de seis años por la que han pasado nueve jueces instructores y cuatro fiscales, fue el propio Vilar quien lo acusó de cobrarle a cambio de favores políticos.
Valiéndose de su cargo
La fiscalía sostiene que en 1999, Vilar administrador único de Naranjax y su esposa que tenía la misma condición en Arcavi, la sociedad que sintetizaba los productos fitosanitarios de la primera entidad contactaron con Fabra. Querían que el presidente de la Diputación de Castellón, valiéndose de su cargo y sus contactos, "intermediara y tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización" de sus productos.
No puedes ver los enlaces.
Register or
Login