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LoginEl brexit, las políticas proteccionistas implantadas en determinados países, las inacabadas reformas en China, el yihadismo o terrorismo islamista, etc., son fenómenos políticos que podrían desacelerar el crecimiento de la economía a nivel global.
La influencia de la política en la economía es determinante. Todo ello, a pesar de que existen corporaciones empresariales de perfil multinacional que ostentan más poder que la mayoría de los gobiernos nacionales.
Competitividad y mala política
En España, al margen de la influencia de la política internacional y de las repercusiones derivadas de las dificultades para conformar un gobierno estable, nuestra economía se encuentra atorada internamente debido al efecto de nuestras ruinosas y parásitas comunidades autónomas.
Tanto es así que la conclusión a la que han llegado los empresarios asistentes al recientemente celebrado 'XIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar' es que el principal hándicap que tienen las empresas que operan en España viene derivado de nuestro modelo de Estado autonómico y, por tanto, tiene un origen político.
Puesto que la falta de unidad de mercado a nivel nacional, la anticompetitiva complejidad administrativa interregional, la inexistencia de un modelo educativo estatal, etc., frenan de forma considerable el crecimiento económico y el desarrollo empresarial.
Costes salariales en las CCAA
Sobre todo, considerando que el gasto de las 17 autonomías y referente a las nóminas (y cotizaciones a la Seguridad Social) de los empleados públicos ascenderá en 2016 a 72.000 millones de euros, 4.000 millones más que en el ejercicio 2013.
Recordemos que el gasto salarial del sector público autonómico no solo está concentrado en los funcionarios, que han ganado legalmente su oposición y cuya labor es imprescindible para el buen funcionamiento de la Administración Pública: también cobran un sueldo los cientos de miles de empleados públicos sin oposición y enchufados por los partidos políticos, que se encuentran acomodados laboralmente en administraciones, universidades, empresas públicas, fundaciones y todo tipo de organismos regionales deficitarios y subvencionados.
En este sentido, Cataluña y Andalucía son las dos autonomías que más han disparado el gasto en personal. De hecho, la Generalitat y la Junta son las dos administraciones responsables de la mitad del crecimiento del gasto autonómico en salarios durante el último trienio. Aunque, todas las comunidades autónomas han aumentado en mayor o menor medida sus costes salariales.
Las comunidades autónomas, en vez de reducir su económicamente insostenible estructura administrativa y público empresarial, elevan año tras año los gastos de personal, aumentando la deuda y disimulando el déficit a base de pedir dinero prestado.
No olvidemos que la deuda de las autonomías se ha quintuplicado durante la última década. Al respecto, es relevante tener en cuenta que en los dos últimos años el endeudamiento de las comunidades autónomas ha aumentando en 45.000 millones de euros.
Igualmente, las autonomías cada vez reciben más dinero del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). En 2016, el citado fondo ha repartido 24.238 millones de euros entre las autonomías (cifra que todavía podría elevarse), 1.500 millones más que en 2015, y 1.000 millones más que en 2014, siendo Cataluña la región que más fondos ha recibido.
Nuevo modelo de financiación
En base a lo anterior, la necesidad de diseñar un nuevo modelo de financiación autonómico es evidente. De todos modos, las descuadradas cuentas de las comunidades autónomas solo podrán equilibrarse reduciendo de manera ostensible el entramado administrativo y público empresarial de nuestras 17 CC.AA.
Las pymes y los autónomos que todavía no han quebrado, debido a los confiscatorios impuestos que necesita recaudar el Estado para financiar el dispendio autonómico, se encuentran en su mayoría en la subsistencia económica y atemorizados cada vez que tienen que dar de alta en la Seguridad Social a un nuevo empleado.
Mientras tanto, la Administración autonómica incrementa el gasto en salarios públicos, olvidando que cada empleado público contratado de manera innecesaria e improductiva destruye dos puestos de trabajo necesarios y productivos en el sector privado.
