La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha remitido al fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, los documentos que el Ministerio de Trabajo no le envió en su día cuando investigó la campaña publicitaria sobre la revalorización de las pensiones y abono de una paga única a los jubilados en 2003 y que concluyó con el archivo de las actuaciones en septiembre de 2004. La remisión se produce al objeto de que el fiscal Anticorrupción decida, a la vista de esos papeles, si procede la reapertura de las diligencias informativas que incoó de oficio y también a raíz de una denuncia de Izquierda Unida, que acusó al entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, hoy portavoz del PP en el Congreso, de un supuesto delito de prevaricación y tráfico de influencias. Trabajo contrató por 7,2 millones de euros mediante el procedimiento negociado sin publicidad -habitualmente, «a dedo»- esta campaña con Carat, firma en la que estaba Miguel Ángel Rodríguez, ex portavoz del Gobierno con Aznar.
La actuación de la fiscalía es consecuencia de la auditoría que el tribunal ha realizado de las campañas de Trabajo durante los años 2002, 2003 y primer cuatrimestre de 2004, la práctica totalidad bajo mandato de Zaplana. La fiscalización pone en evidencia que la adjudicación de esta campaña, no sólo fue irregular e innecesaria -previamente se había contratado también la notificación individual a los jubilados de la paga para compensarles la desviación del IPC en 2002, algo obligado por ley desde 1997-, sino que la finalidad, en lugar de informar a los pensionistas, fue la de proyectar una imagen favorable del Gobierno del PP en la antesala de las elecciones de 2003.
El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó la auditoría el 16 de marzo. El escrito a Anticorrupción lo firmó, con fecha de 28 de marzo, el entonces fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Jorge Sena. El envío se cursó el 29 y entró en Anticorrupción el 31 de marzo. Con posterioridad, Sena se jubiló por razones de edad. El 7 de abril el Gobierno lo nombró fiscal emérito del Tribunal Supremo. Como informó Levante-EMV, durante la elaboración de la auditoría el mismo fiscal ya solicitó que Anticorrupción estudiara la reapertura del caso.
En su escrito, Sena señala que no ha «encontrado indicios de que existiera responsabilidad contable [menoscabo de fondos públicos por una actuación indebida o negligente] por parte de los dirigentes de la Administración». Sin embargo, añade, el departamento fiscalizador le ha informado de que Anticorrupción abrió diligencias por una denuncia de IU, que la teniente fiscal [entonces, Belén Suárez] archivó en septiembre de 2004 al entender que no había, «en principio, responsabilidad penal». Acto seguido, advierte que en el texto del informe de fiscalización «se pone de relieve que si bien la Fiscalía Anticorrupción se manifestó en el sentido indicado, la verdad es que no estuvo lo suficientemente informada, pues el Ministerio de Trabajo, al parecer, no le aportó toda la documentación e información necesarias para tomar postura».
Consulta al fiscal del Estado
«Esta circunstancia -prosigue- nos colocó sobre aviso para tratar de hacerles llegar tales documentos y reabrir las diligencias informativas, hasta entonces archivadas. Para ello, consultamos con el fiscal general del Estado la cuestión, indicándonos que, al aprobarse el informe de fiscalización al que nos referimos, se pidiera testimonio de los documentos para su remisión, a lo que ahora procedemos». El escrito concluye comunicando que informará de su escrito al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y solicitando que Anticorrupción traslade al departamento del Tribunal de Cuentas el resultado de su actuación. El archivo de las diligencias se produjo ya con Gobierno socialista, aunque tanto la teniente fiscal como el fiscal Anticorrupción accedieron a las responsabilidades durante la etapa de Aznar. El sobreseimiento se produjo sin que se llegara a citar a ningún responsable y pese a la existencia de un informe de julio de 2003 de la Unidad Técnica de Apoyo de la Intervención General del Estado a la Fiscalía Anticorrupción. En una nota a pie de página de la auditoría, el tribunal dice «coincidir» con la unidad de interventores cuando señaló la «improcedencia» de la adjudicación a dedo de esta campaña (en lugar de haber convocado un concurso público), dado que «la justificación del expediente es muy débil, la imperiosa urgencia es inexistente, los acontecimientos han sido perfectamente previsibles y se disponía de plazo hasta el 1 de abril de 2003 para su ejecución, no existiendo razón alguna, salvo las políticas, para anticipar su pago a 15 de enero de 2003».Entre los documentos remitidos a Anticorrupción figura el estudio «post test» elaborado por Carat en abril de 2003, que evidencia la finalidad partidista de la campaña al contraponer «el miedo (gestión del PSOE)» a «la seguridad (gestión del PP)», o el contrato para la notificación individual a los pensionistas (que desmonta la necesidad de la publicidad). También la modificación del contrato, que supuso triplicar los medios beneficiarios en la Comunitat. Zaplana, al igual que el director del INSS y el entonces secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo Camps, actual conseller de Economía, argumentaron que la Fiscalía no solicitó más documentos tras la petición inicial que se cumplimentó el 5 de marzo de 2003, antes de recibir el estudio «post test».
El fiscal ve indicios de responsabilidad contable en tres contratos de Trabajo
El ya ex fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Jorge Sena, no ve responsabilidad contable respecto a la campaña publicitaria sobre la revalorización de las pensiones en 2003 pero, como deja claramente apuntado mediante un inciso en un paréntesis de su escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción, sí ha apreciado un posible daño patrimonial a la Administración en «otros» contratos fiscalizados del Ministerio de Trabajo, «de los cuales hemos interesado la actuación preceptiva de la Sección de Enjuiciamiento» del órgano fiscalizador.
El escrito de Jorge Sena no detalla esos contratos concretos, que sí aparecen en el informe que emitió durante la elaboración de la auditoría. En éste, instaba el envío a la Sección de Enjuiciamiento de tres casos: campaña sobre la revalorización de las pensiones en 2004, informe jurídico contratado con un bufete privado de abogados respecto a la regularidad de la adjudicación del Plan de Comunicación Global 2003 y 2004, y campaña de publicidad para la lucha contra el fraude social. En el primero caso, Trabajo, con Zaplana al frente, no previó la suspensión de la campaña de pensiones el 20 de enero de 2004, pese a saber que ese día comenzaba el periodo electoral para los comicios del 14-M. Por ello hubo que indemnizar a la adjudicataria con 210.985 euros por la parte que no se emitió. El segundo contrato se adjudicó el 25 de marzo, una vez el PP había perdido las elecciones y finalizadas ya las actuaciones previstas. Se pagaron 11.948 euros, cuando de haber recurrido a la Abogacía del Estado habría salido gratis. En cuanto al tercer contrato se pagó la creatividad de una campaña, más los anuncios de licitación, 492.046 euros, que no llegó a realizarse, con lo que el gasto fue inútil. El escrito deja claro que la Fiscalía mantiene plenamente las peticiones que incluyó en el informe citado.
Llamazares anima a Anticorrupción a reabrir la investigación y el PP ve uso político de la Fiscalía
El líder de IU, Gaspar Llamazares, animó ayer a la Fiscalía Anticorrupción a reabrir la investigación de la campaña de publicidad sobre las pensiones realizada en 2003 por el Ministerio de Trabajo, bajo mandato de Eduardo Zaplana, y que la coalición ya denunció en su día. Llamazares se felicitó por la decisión de la fiscalía del Tribunal de Cuentas de sugerir a Anticorrupción la reapertura de las diligencias por esta campaña y pidió, si así se derivara de la investigación, que se depuren todas las presuntas responsabilidades penales de los anteriores cargos de Trabajo. Por contra, los populares consideraron que el PSOE pretende utilizar la fiscalía del tribunal como «arma política» contra del PP y su hoy portavoz en el Congreso, según manifestó el portavoz adjunto Vicente Martínez Pujalte. Éste sostuvo que el informe del Tribunal de Cuentas no estima responsabilidad alguna y que, pese a la petición del fiscal del órgano supervisor, Anticorrupción no ha reabierto nada. Añadió que el fiscal que ha pedido la reapertura «se ha jubilado» y exigió a los socialistas que no aprovechen su relevo para incidir en un asunto «que está cerrado». Por su parte, el PSOE, por boca del diputado Francesc Vallés, mantuvo que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, al promover la reapertura de las diligencias, «ha apreciado la existencia de un presunto delito de malversación de caudales públicos» y, ante la «gravedad de las imputaciones», defendió que Zaplana debería «dar explicaciones públicas de su gestión». A su juicio, la carta del fiscal jefe «demuestra que no eran ciertas las declaraciones de dirigentes del PP cuando afirmaban que el informe del Tribunal de Cuentas exoneraba a Zaplana de cualquier responsabilidad».
