Buenas tardes, expongo un caso, a ver que os parece. Hace poco conocíamos por prensa la requisa por orden de un Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca de material informático y móviles de varios periodistas, los cuales alegaban que con esta medida se vulnero su Derecho fundamental al secreto profesional.
Días después se expuso en prensa que el Juez les había negado a los afectados personarse en la causa ya que ni eran perjudicados ni había ejercitado la acusación particular o popular.
Ayer me dio por pensar que opciones tenían los afectados.
El art. 20.1.D de la Constitución ampara el secreto profesional de los periodistas.
Ahora bien, teniendo en cuenta que en el proceso penal no existe procedimiento preferente y sumario especial para la defensa de los derechos fundamentales y que al no ser parte en la causa no pueden impugnar la resolución ni plantear recurso de amparo al Tribunal Constitucional (art. 46 LOTC)
¿La única opción podría ser interponer querella por supuesto delito de prevaricación judicial?
