Planteado el aspecto jurídico, que como vemos, depende del político-cultural, queda dar la batalla cultural no contra el estado de alarma, que también, sino contra el estado de superstición que es en lo que se apoya realmente el estado de alarma.
Me han llegado dos libros de Peter Gotzsche sobre la corrupción que hay en el sistema sanitario. Los he empezado a leer y cuando los termine, haré una guía-síntesis sobre esto.
Vamos a ver tres hipótesis razonables:
1. Que la ideología y las creencias del oficialismo científico-sanitario, sean ciertas. En este caso, todo encajaría, todo procedería y no habría nada que objetar.
2. Que todo o casi todo resulte esencialmente falso, en cuyo caso sería un fraude mayúsculo que podría llegar a ser espectacularmente criminal. Hablaríamos de 47 millones de detenciones ilegales, 47 millones de coacciones, miles de multas ilegales, delitos de estafa, delitos contra los derechos de los trabajadores, multiplicados por tantos millones que no pueden trabajar, etc.
3. Que haya parte de verdad en la tesis oficialista, pero que aun así las medidas fueran desproporcionadas. Entonces sería un error entendible, difícilmente superable y serían a lo sumo excesos, pero todo de buena fe. Esencialmente nada que reprochar, algunas extralimitaciones sancionables, pero poco más.
Así queda planteado el debate cultural. Yo al menos lo veo así.
Entonces: el que sean correctísimas, relativamente correctas o nada correctas las medidas restrictivas tomadas y por tomar, dependerá de cuál sea la conclusión final sobre las creeencias en las que se asientan tales medidas. Porque todo depende de lo acertadas que sean las creencias oficiales.