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LoginEl exjuez Baltasar Garzón, inhabilitado por prevaricación, presta servicios como asesor en varios países hispanoamericanos, entre ellos Colombia, donde está bajo investigación. Desde el año 2012, Garzón ha firmado tres contratos con la Fiscalía del país que suman 1.380 millones de pesos (unos 400.000 euros).
La Contraloría General de la República, equivalente al Tribunal de Cuentas en España, ha realizado un informe en el que denuncia que el segundo de los contratos, adjudicado «a dedo» y por un valor de 167.000 euros al cambio, no se ajusta a la ley. Según el diario «El Tiempo» -que denomina a Garzón como «el “superjuez” español»-, el órgano fiscalizador de la nación ha hecho «serios reparos» al contrato número 042, firmado en 2013, con objeto de «apoyar en investigación de macrocriminalidad en justicia transicional».
La Controlaría concluye en su informe que «dados los objetivos que se buscaban, el negocio no debió entregarse de manera directa, sino a través de un concurso de méritos», abierto a otros candidatos.
Además, el organismo fiscalizador sostiene que se pactó un contrato de prestación de servicios que incluía pagos mensuales por casi 19 millones de pesos (unos 5.500 euros) «sin la entrega de informes mensuales o producto alguno». La Contraloría General de la República hace hincapié en que «no existe un documento del supervisor en donde se evidencie un análisis del resultado obtenido con los productos del contrato y su aplicabilidad a los fines legales de la Fiscalía». Es decir, el contrato se adjudicó de forma arbitraria, sin sacarlo a concurso, y luego no se supervisó su cumplimiento.
El diario «El Tiempo» recoge también que la auditoría encontró además que «la ejecución del contrato se inició cuando aún no se había aprobado la garantía única, requisito previo y legalmente exigido para su ejecución».
El informe de la Controlaría fue enviado en julio de 2014 a la Comisión de Acusaciones, el organismo competente para investigar a los miembros del Poder Judicial en Colombia, entre ellos el fiscal general, Eduardo Montealegre.
Este ha defendido la contratación del exjuez español, condenado en 2012 por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación al haber ordenado pinchazos ilegales para escuchar las conversaciones de varios detenidos en el caso Gürtel con sus abogados. Montealegre ha declarado a «El Tiempo» que las asesorías de Baltasar Garzón «han sido puntales para el cambio de enfoque de las investigaciones, que ahora apuntan a atacar la macrocriminalidad y no sus manifestaciones independientes».
Tras ser expulsado de la carrera judicial por prevaricador, Garzón ha sido contratado, además de por la Fiscalía colombiana, por distintos organismos oficiales de países como Argentina -donde es un ídolo para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner- o Ecuador, donde presidió un observatorio internacional que fue denunciado por varios organismos, entre ellos el colegio de abogados de Quito.
