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LoginAl consejo de administración de Acuamed no le dio tiempo a hacer su habitual reunión mensual en enero pasado. El día 18 la Guardia Civil entró a registrar la sede madrileña de la empresa pública por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y se destapó la Operación Frontino: un millonario escándalo de corrupción con contratos amañados y obras hidráulicas infladas. En diciembre, en cambio, el consejo se reunió no una, sino dos veces. El undécimo punto del día, presentado por el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, fue la "aprobación, si procede, de las reclamaciones presentadas por los adjudicatarios de contratos".
Se trataba de dos reclamaciones que sumadas suponían 45 millones de euros por encima del presupuesto vigente: la de Acciona, como contratista de la desaladora de Torrevieja; y la de la UTE, liderada por FCC, que se encarga de la descontaminación de Flix. Los consejeros, entre los que hay representantes de tres ministerios (Hacienda, Agricultura y Presidencia), se enteraban así, nueve días antes de las elecciones generales del 20 de diciembre y sin que el tema se hubiera tratado en reuniones previas, de que estas dos grandes obras podían acabar costando, si ellos lo aprobaban —no lo hicieron—, 45 millones de euros más. Estas obras están entre las siete que investiga Velasco.
La reunión, presidida por la vicepresidenta del consejo, Liana Ardiles (directora general del Agua), se produjo el 11 de diciembre. Pese al enunciado del punto del orden del día, no llegó a someterse a votación la adopción de ningún acuerdo con respecto a las millonarias reclamaciones, según el acta de la reunión, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Para entonces, la Fiscalía Anticorrupción ya había pedido información en varias ocasiones a Acuamed sobre obras que consideraba sospechosas, entre ellas la de Flix. Y habían pasado casi dos años desde que Francisco Valiente, exdirector de Ingeniería y Construcción de Acuamed, denunciara las presuntas irregularidades y se iniciara la investigación. Pasaban los meses y el consejo de administración no tomaba medidas.
Los consejeros conocen la reclamación de Acciona un año y un mes después de que esta empresa la presentara. El dossier sobre la obra de la desaladora de Torrevieja llega en noviembre de 2014. Incluye una descripción y valoración de trabajos reclamados por un importe de 17,5 millones de euros, sin IVA, lo que suponía un 8% de incremento sobre el presupuesto vigente. Tras recibir el dossier, Acuamed encargó —según el acta, a "la unidad responsable del contrato"— un informe para analizar la reclamación. Concluyó que debería estimarse por los sobrecostes no previstos en el contrato y derivados de "la excepcional duración de las obras" por un importe de 7,7 millones de euros. La obra de Torrevieja, planificada como la mayor desaladora de Europa, tenía que haberse terminado en diciembre de 2008, pero no concluyó hasta setiembre de 2013. La empresa siempre ha defendido que esos retrasos, de los que no tuvo la culpa, generaron los sobrecostes. Acciona sigue reclamando esa cantidad a Acuamed.
El caso de Flix es algo más complicado y entra de lleno en el núcleo de la supuesta compensación ilegal que describe el juez en el auto con el que envió a prisión sin fianza a la cúpula de Acuamed. Los consejeros son informados de que los contratistas del proyecto para eliminar la contaminación química en el embalse de Flix reclaman 45,3 millones de euros por haber incurrido en gastos debidos a modificaciones del contrato. También de que “la unidad responsable del contrato”, cuyo responsable no se especifica en el acta, admitía 36,8 millones de euros.
Reclamación "ilegal"
El juez Velasco define en su auto esta reclamación como "ilegal" y recuerda que los "directivos de Acuamed" la apoyaron, pero que los técnicos la negaron. Según el instructor, para justificar los ficticios millones reclamados, se certificaron unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos y se inventaron conceptos extraordinarios que no existían con documentación falsa. Todo ello para "compensar a FCC siguiendo instrucciones emanadas desde la superioridad", continúa el magistrado, que considera que los directivos de Acuamed quisieron inflar el presupuesto de Flix para compensar a FCC por otra de sus obras, la de la desaladora de Bajo Almanzora, inundada en 2012 y para la que se pactó pagar a medias entre Administración y contratista la reparación. Un acuerdo del que fue informado incluso el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y que nunca llegó a materializarse.
La descontaminación de Flix y los sobrecostes que supuestamente originó la complicada tarea de eliminar 700.000 metros cúbicos de residuos tóxicos tuvieron más consecuencias dentro de Acuamed. Las diferencias de criterio de varios técnicos con la dirección de Acuamed en cuanto a los gastos en los que efectivamente había incurrido la empresa costaron el puesto a dos de estos técnicos y sanciones a dos más. Un informe interno de auditoría sobre Flix permitió al consejo de administración de Acuamed despedir a las dos ingenieras responsables de las obras de descontaminación, Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, en una reunión celebrada el 30 de julio de 2015.
Según el acta de la reunión, los consejeros fueron informados a la vez del resultado del informe, que describía "debilidades e incumplimientos" supuestamente atribuibles a estas responsables, y de la propuesta de las medidas disciplinarias que resultaban de ese informe: los despidos. La decisión se aprobó por unanimidad. El consejo lo presidía ese día Pablo Saavedra, secretario de Estado de Medio Ambiente y, como tal, número dos del Ministerio de Agricultura.
Trabajadoras represaliadas
Lo que no recoge el acta es que las dos ingenieras llevaban meses negándose a cumplir las órdenes que Arcadio Mateo y Gabriela Mañueco (directora de Construcción, el puesto que tenía Francisco Valiente hasta que lo despidieron), ambos encarcelados ahora por orden del juez Velasco, les daban para que aceptaran beneficiar a determinados contratistas o para firmar sobrecostes. Rebelarse les costó el puesto.
El informe con el que la dirección de Acuamed justificó sus despidos lo elaboró un Comité de Control Interno creado en noviembre de 2014 —poco después de que la Fiscalía empezara a pedir documentación sobre obras concretas— que únicamente hizo ese trabajo y cuyos miembros escogía la dirección de Acuamed. Uno de los integrantes de ese comité era Javier Gómez, detenido y encarcelado también por pertenecer a la trama, según el juez.
De la segunda reunión de diciembre no hay constancia documental. A preguntas de EL PAÍS, el ministerio asegura que no tiene el acta, pero señala que las reclamaciones no fueron aprobadas. Siguen, por tanto, pendientes de pago, y bajo investigación en la Audiencia Nacional.
