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Autor Tema: Ada Colau discrimina el uso del castellano en los concursos públicos municipales  (Leído 433 veces)

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El Ayuntamiento de Barcelona discrimina el castellano en sus concursos úblicos. La práctica, que es habitual en el conjunto de las administraciones catalanas, especifica entre las condiciones especiales de la concesionaria que opte al concurso la obligación de que toda la documentación que deba entregarse para el cumplimiento del contrato debe estar en catalán. Esta condición es considerada discriminatoria por parte de los grupos del PP y Ciudadanos, que ayer lo denunciaron en la Comisión de Economía del Ayuntamiento. En la misma se debatía la aprobación del pliego de cláusulas reguladoras para la concesión de la conservación, suministro, instalación y explotación publicitaria de determinados elementos de mobiliario urbano en la ciudad, en buena parte asociado a la red de bus y metro.

El nuevo pliego, mediante el cual el Consistorio que preside Ada Colau pretende reducir en un 20% la presencia de publicidad en la calle sin perder ingresos por ello, especifica en su apartado «p» que «toda la documentación necesaria para el cumplimiento del contrato» debe estar en catalán.

En declaraciones a ABC, desde el grupo del PP se denunció la medida, en tanto que, además de arrinconar el castellano, va más allá incluso de lo que prevé el reglamento de Usos lingüísticos municipal, en su momento impugnado. Este reglamento, en su apartado 4.2., señala que el Consistorio hará constar en los pliegos de condiciones de los contratos que los adjudicatarios deberán presentar la documentación «normalmente» en catalán, lo que da a pie a que pueda presentarse en castellano.

Asociaciones vinculadas a la defensa del bilingüismo como Impulso Ciudadano denuncian que la imposición del catalán es una práctica común en las administraciones catalanas, algo que supone una desventaja para empresas del resto de España que opten a concursos en Cataluña. Según explica José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, las cláusulas discriminatorias siguen vigentes en tanto que ninguna empresa, al menos que se tenga conocimiento, las ha impugnado.