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LoginUn desahucio promovido por un organismo público del Gobierno vasco en plena campaña electoral ha provocado el jueves en Vitoria la movilización de Stop Desahucios y la intervención de cargos electos de Elkarrekin Podemos y EH Bildu, que acusan directamente al lehendakari Iñigo Urkullu y al PNV de permitir este tipo de situaciones.
Fuerzas de la Ertzaintza y de la Policía Municipal se presentaron en el domicilio situado en el barrio vitoriano de Zabalgana para proceder al desahucio de la vivienda de Anastasia y sus dos hijos, de dos y siete años –tiene un tercero que no reside allí–, en la que vivían en alquiler concedido por el organismo público Alokabide.
Les esperaban unas 70 personas convocadas por Stop Desahucios, entre las que estaban algunos concejales de Vitoria. Podemos suspendió los actos de la campaña electoral de esta mañana para trasladarse a la movilización. Su cabeza de lista por Álava, Cristina Macazaga, acusó directamente a Urkullu y su partido de ser los responsables.
Concejales de EH Bildu e Irabazi denunciaron la intervención de la Policía Municipal por ir en contra de la moción aprobada en el Ayuntamiento en 2015 que declaraba a Vitoria "ciudad libre de desahucios". Esa moción fue aprobada por todos los partidos, menos el PP, y por tanto también por el PNV, el partido de Urkullu y del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran.
Los ertzainas han sacado del portal a empujones a los manifestantes para que la comisión judicial entrara en el edificio y procediera al desahucio. La mujer ha sufrido un ataque de ansiedad y ha sido trasladada en ambulancia.
Fuentes de la Consejería de Vivienda del Gobierno vasco alegan que Anastasia no quiso negociar con Alokabide una forma de reanudar los pagos del alquiler. Tenía una deuda cercana a los 9.000 euros, lo que quiere decir que llevaba más de 20 meses sin pagar. El alquiler era de unos 325 euros y Anastasia cobraba en estos momentos en torno a 800 euros por la prestación de la RGI.
Vivienda alega que no pueden permitir que continúe esa situación teniendo la mujer "ingresos para pagar". Afirma que Anastasia "no se quedará en la calle", porque su caso se ha derivado a los servicios sociales del Ayuntamiento.
La plataforma Stop Desahucios responde que es falso que ella se negara a negociar. Anastasia lo intentó pero Alokabide sólo le dio la opción de pagar toda la deuda o abandonar la casa: "Ella ha intentado negociar para que se fraccione el pago y se han negado. Es lo que pasa habitualmente con Alokabide y supone un auténtico maltrato institucional". El asistente social del Ayuntamiento propuso que se ella y sus hijos se fueran a vivir temporalmente a un albergue municipal.
Anastasia solicitó hace dos años la RGI pero cada pocos meses recibía la petición de entregar nueva documentación. Se le negó inicialmente y sólo en mayo de este año cumplió los requisitos para empezar a recibirla cuando la deuda por el alquiler ya era muy alta.
Para Stop Desahucios, la respuesta del organismo publico de alquiler social no les sorprende. Denuncia que cada semana hay dos o tres casos de este tipo en una agencia que tiene supuestamente como función "el desarrollo de la función social de la vivienda".
