Abundando en lo que dice Tuno, obviando las Exposiciones de Motivos, que por otra parte no me parece procedente, os pego un fragmento del debate sobre el Estatut.
Añadir también, Tuno no te lo tomes a mal, en Procesal no se lo que pone, pero en Constitucional, dice que el recurso de inconstitucionalidad tiene 3 meses de plazo a partir de la publicación de la norma impugnada (corregidme si estoy equivocado).
Ahora os dejo con el fragmento de Rajoy.
¿Y esa bilateralidad? Cualquier intento de establecer una relación de bilateralidad entre la Generalidad de Cataluña y el Estado español, una relación de igual a igual, de tú a tú como dijo el Sr. Más, parte de un mal entendido fundamental. Pretende ignorar que las autonomías, por ser autonomías, no son equiparables con el Estado. No cabe paridad entre la parte y el todo, entre quien autoriza y quien es autorizado. Si hay paridad, entonces no hay autonomía sino otra cosa que el Estatuto no deja clara. A mayor abundamiento, es esta una relación bilateral que no es recíproca. Porque ni el Gobierno ni estas Cortes Generales podrán intervenir en las competencias blindadas de la Generalidad, mientras que la Generalidad participará en las decisiones de lo que queda del Estado español. No quiero extenderme más en este asunto. Pero por la misma razón que se establece un modelo de relación bilateral o se liquidan las competencias del Estado, se crea un Poder Judicial propio, una Política Exterior propia y una Política Europea.
Y además, se impone el deber de conocer una lengua, deber que se rechazó expresamente en los debates constitucionales en esta Cámara. Pero lo más grave es que la lengua no se pone al servicio de las personas como un factor de entendimiento, sino al servicio de una construcción nacional. En toda la regulación prima esa construcción nacional por encima de la libertad de las personas. Nada nuevo, los supuestos derechos colectivos por encima de los individuales.
Señorías, la Constitución dice (artículo 14) que todos los españoles son iguales ante la Ley. ¿Este Estatuto afirma lo contrario? Sí. Establece una ciudadanía diferenciada con distintos derechos y deberes fundamentales. ¿Va pues en contra de la normativa constitucional? Sí. Con esta ley, los españoles se dividen en dos grupos que ni tienen los mismos derechos fundamentales ni tienen las mismas obligaciones ni se rigen por las mismas leyes ni está claro que compartan el mismo proyecto de vida en común. Sorprendentemente, este desvarío discriminatorio está apadrinado por los socialistas. ¡Les cabe el honor de haber sembrado la desigualdad entre los españoles!
