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La policía de la frontera de La Jonquera (Alt Empordà, Girona) ha suspendido cautelarmente y desde el pasado viernes las devoluciones de inmigrantes a Francia porque no puede garantizar un letrado -y en caso necesario, un traductor- a los extranjeros devueltos al país vecino. Hasta ahora, los convenios de readmisión se aplicaban de manera automática y los inmigrantes no comunitarios que no reunían los requisitos para entrar en España acababan en territorio francés, a las pocas horas, sin asistencia jurídica. Desde el viernes, en que entró en vigor un real decreto que obliga a facilitar un abogado, la policía ha optado por dejar entrar a todos los extranjeros no comunitarios.
El subdelegado del Gobierno en Girona, Francesc Francisco-Busquets, explicó que la policía espera recibir en los próximos días una instrucción del Ministerio del Interior que concrete el procedimiento por el que se aplica el decreto. No obstante, avanzó que resulta "materialmente imposible" asegurar letrado y traductor para centenares de extranjeros no comunitarios que quieren entrar en España a la vez y a los que no se puede retener más de cuatro horas.
El subdelegado recordó ayer que un 95% de los ciudadanos retornados son de nacionalidad rumana y búlgara. Estos países serán comunitarios el próximo 1 de enero y no habrá impedimento legal para que estas personas puedan circular libremente por toda Europa. El real decreto que obliga a ofrecer abogado e intérprete a los extranjeros entró en vigor el pasado 24 de septiembre. En él se concreta que los expulsados no tienen la calificación de detenidos, pero se les garantiza abogado.
