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LoginEl Gobierno trabaja para que finalmente no se anulen los cursos de formación convocados en 2014 para empleados. La Audiencia Nacional estableció en una sentencia del pasado 21 de julio, que se dio a conocer el pasado lunes, la anulación por motivos formales de las ayudas y subvenciones que aprobó el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en 2014. La Justicia entiende que el Gobierno no presentó un informe «preceptivo y vinculante» a los agentes sociales reunidos en la Comisión Estatal de Formación para el Empleo. Lo llamativo es que los 138,9 millones de euros en ayudas de 2014 ya están concedidas y los cursos, impartidos.
«CEOE y Cepyme denunciaron la falta del reiterado informe» en la citada Comisión, recoge la sentencia. Por ello, la sala de lo Contencios-Administrativo de la Audiencia Nacional dio la razón al recurso presentado por la Confederación de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) y la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED).
Tras conocer la sentencia, el Ministerio de Empleo pidió a la Abogacía del Estado un informe para saber cómo corregir el error procedimental. Según el documento con fecha de ayer al que ha tenido acceso ABC, el Gobierno puede aplicar su derecho a subsanar la falta del informe, aplicando el artículo 67.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. La no presentación del informe preceptivo es un «vicio formal» y no nulo de pleno derecho, por lo que la Administración puede aún reparar el error sin que haya consecuencias, según la Abogacía del Estado.
Vicio procedimental
La propia sentencia deja la puerta abierta a ello, ya que señala que la anulación se produce «sin perjuicio de que pueda, en fase de ejecución de sentencia solicitarse dicho informe». Así, la Abogacía concluye que en esta fase «podrá solicitarse y aportarse el informe, subsanándose de esta manera el citado vicio procedimental».
Ahora el Gobierno tiene 20 días a contar desde el pasado lunes para presentarlo, señalan fuentes de la CEOE. Para reparar el error procedimental, Empleo deberá despejar varios detalles sobre los que los departamentos jurídicos de la patronal tienen dudas. En su momento, el Ejecutivo debió presentar el informe a la Comisión Estatal de Formación para el Empleo. Sin embargo, dos años después, esta comisión ya no existe. Ante esta situación, la Abogacía del Estado recomienda al Gobierno convocar al organismo matriz de dicha comisión, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
CEOE señala que, tras ello, el Ejecutivo debe consultar a las organizaciones demandantes -en este caso Confemetal, FEHR y FED-, que podrían rechazarlo, pero fuentes de la patronal dudan que jurídicamente puedan impugnar el informe estas organizaciones y no el magistrado de la sentencia. Con su estrategia jurídica el Ejecutivo pretende corregir el fallo y no tener que recuperar ayudas ya concecidas ni crear inseguridad para las empresas que han impartido ya la formación. En todo caso, la decisión de la Audiencia Nacional no tiene efecto sobre los cursos de 2015 o 2016, ya aprobados.
Como fuere, Empleo explica que pese a no presentar el informe en su momento, sí que informó a los agentes sociales al incluirse el reparto de fondos en los presupuestos del SEPE y en el Plan Anual de Política de Empleo de 2014. Ambos fueron sometidos a consulta del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, donde estaban representados patronal y organizaciones sindicales.
Curiosamente, Confemetal, FEHR y FED litigaron la convocatoria, pero no por la falta de informe, sino porque los cursos de formación aprobados estaban prioritariamente dirigidos a personas ocupadas, y finalmente se primó que los cursos fueran a desempleados. Sin embargo el tribunal no entiende que esto ponga en cuestión el carácter finalista de la medida.
