La corrupción ha sido históricamente uno de los mayores problemas en la lucha contra el crimen organizado en muchos países. La connivencia de autoridades locales, policías y funcionarios públicos con organizaciones criminales dificulta en gran medida la labor de las fuerzas del orden y debilita la capacidad de los sistemas judiciales para llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos efectivos.
