Autor Tema: Enunciados Exámenes Segunda Semana  (Leído 419 veces)

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Enunciados Exámenes Segunda Semana
« en: 10 de Junio de 2021, 10:51:58 am »

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES RELIGIOSAS

Pregunta 1 La Ley General de Sanidad de 1986:

A No hacer referencia a los cementerios.
B Atribuye a las Corporaciones Locales la competencia sobre el control sanitario de los cementerios.
C Atribuye al Estado la competencia sobre el control sanitario de los cementerios.

Pregunta 2 La libertad de creación de centros docentes forma parte:

A Del derecho a la educación.
B De la libertad de cátedra.
C De la libertad de enseñanza.

Pregunta 3 La neutralidad del Estado frente a las opciones ideológicas o religiosas de los ciudadanos implica:

A La imparcialidad de los poderes públicos.
B La imposibilidad de crear centros docentes por las confesiones religiosas.
C Además de A), que los poderes públicos no pueden entrar a valorar las convicciones personales ni ordenar su funcionamiento como organización pública en base a opciones religiosas concretas.

Pregunta 4 El Monasterio del Escorial:

A Es de titularidad pública.
B Forma parte del Patrimonio Nacional.
C Las dos respuestas anteriores son verdaderas.

Pregunta 5 Las Comunidades Ideológicas y Religiosas gozarán de personalidad jurídica:

A Una vez inscritas en el Registro que se crea en el Ministerio del Interior
B Una vez inscritas en el Registro que se crea en el Ministerio de Justicia
C Una vez inscritas en el Registro Civil

Pregunta 6 La Guía para la gestión de la diversidad religiosa en cementerios y servicios

A La elaboró el Observatorio del Pluralismo en España.
B La elaboró el Ministerio de Sanidad.
C Nunca se ha elaborado una Guía sobre ese tema.

Pregunta 7 En la escuela pública la presencia de símbolos religiosos lesiona:

A El régimen de conciertos escolares.
B La libertad de creación de centros.
C El derecho de elección de los padres.

Pregunta 8 Las comunidades religiosas no inscritas en el Registro de Entidades Religiosas:

A Pueden firmar acuerdos con el Estado.
B No pueden formar parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.
C A y B son incorrectas.

Pregunta 9 En 1979 el Estado español ratifica:

A Cinco acuerdos con la Santa Sede.
B Cuatro acuerdos con la Santa Sede.
C Dos acuerdos con la FEREDE.

Pregunta 10 En la normativa española sobre Patrimonio Histórico:

 A Se permite la exportación de los bienes declarados de interés cultural.
 B Se prohíbe la exportación de los bienes declarados de interés cultural.
 C Todo lo anterior es falso.

Pregunta 11 La Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 de junio de 1985 define el Patrimonio Histórico Español cómo:

A El principal testigo de la contribución de los españoles a la civilización universal.
B No hace una referencia expresa al concepto de Patrimonio.
C No son válidas ni A ni B.

Pregunta 12 El ejercicio colectivo de la libertad ideológica y religiosa está conectado con dos fenómenos jurídico-sociales:

A Asociación y práctica del culto.
B Reunión y práctica del culto
C Asociación y reunión.

Pregunta 13 De acuerdo con lo establecido en los Acuerdos de 1992:

A El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos y documentos de la Federación de Comunidades Judías de España
B El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos y documentos de la Comisión Islámica de España.
C Ambas respuestas son correctas.

Pregunta 14 La persona jurídica reúne las siguientes características fundamentales:

A Independencia, permanencia y estabilidad.
B Además de A, personalidad jurídica propia.
C No son correctas ni A ni B.

Pregunta 15 La libertad de cátedra está reconocida:
A En el artículo 27.3 de la Constitución de 1978 junto a la libertad de creación de centros docentes.
B En el artículo 27.1 de la Constitución de 1978 junto al derecho a la educación.
C En el artículo 20.1 de la Constitución de 1978 junto a la libertad de expresión.

RESPUESTAS B,C,C,C,B,A,C,B,B,B,A,C,B,B,C




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Re:Enunciados Exámenes Segunda Semana
« Respuesta #1 en: 10 de Junio de 2021, 10:55:17 am »
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Pregunta 1

“E” terminó el año pasado sus estudios de grado en la UNED. En otoño solicitó su admisión en un programa oficial de máster. En enero, de este año se le notificó la inadmisión por defectos formales en su solicitud. Había empezado a trabajar y, aunque disgustado, se aquietó.
Pasados unos meses, se arrepintió. Hablando con un compañero de la carrera, éste se sorprende que no recurriera en su momento, ya que no se le había dado oportunidad de subsanar los defectos de su solicitud.
 
E contactó con un amigo, que es Usted, con objeto de que le asesorara sobre cómo proceder, si es que aún estaba a tiempo. Usted le sugirió solicitar a la UNED la revisión de oficio de la inadmisión, alegando que la misma-habida cuenta de que se omitió el trámite de subsanación- era nula de pleno derecho. La UNED acaba de inadmitir a trámite la solicitud de revisión de oficio, y ahora E, le pregunta si cabe interponer recurso contencioso-administrativo contra dicha decisión. Usted responde:

A)   Sí.  La inadmisión al programa de máster omitiendo el trámite de subsanación fue una vía de hecho, y existe un específico cauce procesal para recurrir contra la misma.
B)   No. La UNED  no se ha pronunciado sobre el fondo de la solicitud de revisión de oficio. Por tanto, se trata de un mero acto de trámite y, como tal, no es impugnable separadamente.
C)   Sí. La inadmisión a trámite de la solicitud de revisión de oficio es un acto de trámite cualificado.

Pregunta 2

Últimamente es objeto de debate público la eventual concesión de indultos a determinadas personas condenadas por la comisión de delitos contra el orden público. Un medio de comunicación le consulta acerca de si el ejercicio de la función de gracia por el Gobierno de la Nación está o no sometido al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. Usted responde:

A)   El ejercicio de la función de gracia es un acto político sujeto exclusivamente al control del Tribunal Constitucional.
B)   El ejercicio de la función de gracia no está sujeto al control de la jurisdicción contencioso administrativa sino de naturaleza constitucional.
C)   El ejercicio de la función de gracia está sometido al control de la jurisdicción contencioso-administrativa.


Pregunta 3

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, podrán ser declaradas “materias clasificadas” los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, cuyo conocimientos por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado (art.2).

Las “materias clasificadas” serán calificadas en las categorías de secreto y reservado en atención al grado de protección que requieran (art.3). La calificación corresponderá, exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor. ¿Está sujeta a control de la jurisdicción contencioso-administrativa la calificación de una materia clasificada por el Consejo de Ministros?

A)   Los actos de calificación de las materias clasificadas son los únicos actos no sujetos a control judicial ordinario. Los restantes actos de gobierno sí son revisables desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales, los elementos reglados y las indemnizaciones que fueran procedentes.
B)   Sí es revisable por la jurisdicción contencioso-administrativa desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales, los elementos reglados (“conceptos judicialmente asequibles”) y las indemnizaciones que fueran procedentes.
C)   Sí, pero solo en cuanto a las indemnizaciones que puedan proceder por los daños y perjuicios ocasionados por la calificación de una materia clasificada. El fondo de la decisión tiene la consideración de acto político discrecional no revisable por la jurisdicción ordinaria.

Pregunta 4

El Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha acordado interponer recurso especial para la garantía de la unidad de mercado contra un Real Decreto que juzga contrario a la libertad de circulación en los términos previstos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. ¿Qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de este recurso?

A)   La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
B)   La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
C)   El Tribunal Constitucional. Es un supuesto especial del recurso de inconstitucionalidad.


Pregunta 5

El Ayuntamiento ha denegado a P el otorgamiento de una licencia de vado que solicitó para el acceso a la plaza de garaje aneja a su vivienda unifamiliar. Agotada la vía administrativa, decide interponer recurso contencioso-administrativo. Usted es su abogado y él le consulta si cabe solicitar una medida cautelar y cuál es la probabilidad de que sea concedida. Usted responde:

A)    En estos supuestos la medida cautelar positiva es debida a condición de que el recurrente presente caución o garantía para responder de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de aquélla.
B)   En los recursos contra actos denegatorios la medida cautelar útil es ciertamente una medida cautelar positiva. Pero en este caso no es imprescindible para evitar que el recurso pierda su finalidad legítima. La concesión provisional de la licencia denegada podría prejuzgar la cuestión de fondo que se ventila en el proceso principal.
C)   En los recursos contra actos administrativos solo se puede solicitar la suspensión cautelar de la eficacia del acto impugnado, y es posible que se conceda, pero la suspensión de un “acto negativo” no equivale ni significa que se conceda la licencia denegada.


Pregunta 6

Un grupo de personas que integran el llamado “Colectivo Patrimonio Colectivo” ocupó en diciembre de 2019 un edificio de titularidad municipal cuyo uso el Ayuntamiento había cedido a una asociación vecinal. En respuesta a dicha ocupación el Ayuntamiento ejerció la potestad de recuperación de oficio ordenando el desalojo del inmueble. Algunas de las personas integrantes del colectivo alojadas en el inmueble recurrieron, primero en vía administrativa y posteriormente en vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

En el curso del procedimiento, en el que la asociación vecinal se ha personado como codemandada, el equipo de gobierno municipal, a la vista de la controversia social que ha suscitado el caso, decide instruir al letrado consistorial para allanarse.

La codemandada alega que, según lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, “las Corporaciones locales no podrán allanarse a las demandas judiciales que afectaren al dominio y demás derechos reales integrantes de su patrimonio”.

Sin embargo, el Juez de lo Contencioso-Administrativo entiende que el citado precepto reglamentario lesiona el principio constitucional de autonomía local y decide inaplicarlo.

En su virtud, el acepta el allanamiento del Ayuntamiento y dicta la semana pasada sentencia estimatoria del recurso. El asesor jurídico de la codemandada entiende que, dado que el juez ha inaplicado un precepto reglamentario, procede el planteamiento de la cuestión de ilegalidad ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Usted es el letrado que representa y defiende en el juicio a la codemandada e informa lo siguiente:

A)   No procede el planteamiento de la cuestión de ilegalidad. Procedía continuar el procedimiento respecto de la codemandada, y además este es un caso en el que la anulación del acto impugnado no dimana de la ilegalidad del precepto reglamentario en cuya virtud se dictó, sino de la ilegalidad que el juez apreció en un precepto reglamentario distinto, a saber: el que prohíbe el allanamiento.
B)   No procede el planteamiento de la cuestión de ilegalidad. Si bien procede dictar sentencia estimatoria una vez aceptado el allanamiento, la sentencia no es firme.
C)   Salvo que se trate del Tribunal Supremo, siempre que un juez o tribunal aprecie la ilegalidad de una disposición reglamentaria procederá el planteamiento de la cuestión de ilegalidad.


Pregunta 7

E es estudiante del Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas de la UNED. En la convocatoria extraordinaria de septiembre del pasado curso académico hizo el examen “de su vida” en una de las asignaturas más difíciles y exigentes de la carrera. Esperaba un sobresaliente pero sufrió una gran decepción cuando recibió la calificación: aprobado (6). Solicitó sin éxito la revisión de su calificación ante el profesor responsable de la misma y también ante la Comisión de revisión de calificaciones del Departamento.

Posteriormente interpuso recurso de alzada ante el Rector, pero también resultó desestimado. Finalmente, pese a que su abogado le advirtió de las limitadas expectativas de éxito, decidió interponer recurso contencioso-administrativo contra la desestimación del recurso de alzada.

En el curso del proceso el abogado de E, a la vista de la solidez del escrito de contestación a la demanda del letrado de la Administración demandada, la UNED, le sugiere ofrecer a éste, que es usted, una transacción: poner fin a la controversia si la UNED acepta modificar la calificación de aprobado por la de notable (en lugar de sobresaliente, que es lo que E solicitó en su escrito de demanda). ¿Puede usted aceptar el acuerdo propuesto por el abogado de E, y vincula éste al órgano jurisdiccional? Usted responde:


A)   La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa admite la transacción en el proceso contencioso-administrativo de primera o única instancia, pero la evaluación de una prueba académica no es materia susceptible de transacción.
B)   La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa admite la transacción en el proceso contencioso-administrativo de primera o única instancia, pero lo acordado (elevar la calificación de aprobado a notable) no vincula al órgano jurisdiccional, pues es manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico y lesivo del interés público.
C)   La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa prohíbe la transacción en el proceso contencioso-administrativo.

Pregunta 8

P, un vecino bien conocido en el municipio en el que reside, de poco más de 3.000 habitantes, es propietario de un viejo inmueble en estado ruinoso.

Lo tiene abandonado, pues carece de recursos para rehabilitarlo o demolerlo, y si bien los vecinos han llamado su atención al respecto en reiteradas ocasiones (se acumulan desperdicios y hay riesgo de desprendimiento de elementos de la fachada que podrían precipitarse sobre la vía pública), el Ayuntamiento en ningún momento le ha notificado la iniciación de un procedimiento de disciplina urbanística. Estos días ha visto cómo, sin previo aviso, se han iniciado en el inmueble de su propiedad trabajos preparatorios de una demolición.

Preguntados por él, los operarios le informan de que pertenecen a la empresa contratista del Ayuntamiento encargada del mantenimiento de las vías públicas y que actúan por instrucción directa del Concejal de Urbanismo. P le consulta a usted si puede recurrir directamente en vía contencioso-administrativa, pues –dadas sus malas relaciones con el alcalde y su equipo de gobierno- no confía en que un recurso previo ante el Ayuntamiento pueda tener éxito.

Usted responde:

A)   No. Técnicamente no es un caso de vía de hecho, pues existe un acto administrativo implícito que no agota la vía administrativa.
B)   Sí. P puede interponer directamente recurso contra la vía de hecho.
C)   Es un caso de vía de hecho, y cabe el recurso contra la misma, pero previamente es preciso que requiera formalmente al Ayuntamiento la cesación de la actuación material.


Pregunta 9

Ala asesoría jurídica del Colegio de Abogados de X se le acumula el trabajo. La Junta de Gobierno desea impugnar las siguientes actuaciones administrativas: el Real Decreto por el que se aprueba el estatuto general de la abogacía española, el reglamento ejecutivo de la Ley de Montes de la Comunidad Autónoma X (considera que no es acorde con la propia Ley que desarrolla) y la resolución del alcalde de X por la que se le impone una sanción por la comisión de una infracción urbanística con ocasión de la realización de unas obras en su sede. Usted es letrado de la asesoría jurídica del Colegio y le consultan acerca de si el Colegio está legitimado para interponer recurso contencioso-administrativo en estos tres supuestos. Usted responde:

A)   No está legitimado en ninguno de los tres supuestos.
B)   Está legitimado en los tres supuestos.
C)   Solo está legitimado en el primero y en el tercero.

Pregunta 10

La Ley estatal de Montes (Ley 43/2003), que es una ley básica, establece en su artículo 15.5 que la duración de las concesiones de utilización privativa del dominio público forestal será como máximo de 75 años y no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a favor del anterior titular o personas vinculadas con él.

Por su parte, el Texto Refundido de la Ley de Montes de la Comunidad Autónoma X, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, dispone en su artículo 70 que las concesiones demaniales para uso privativo de montes de utilidad pública tendrán una duración máxima de 35 años, siendo susceptibles de renovación automática por una sola vez (la legislación estatal anterior a 2003 nada disponía sobre la renovación automática de las concesiones).
Dicha comunidad autónoma otorgó en 1986 una concesión para la realización de actividades de enseñanza de deportes de invierno en régimen de exclusividad en uno de sus montes de utilidad pública a favor de la Escuela Regional de Esquí de X. En mayo de 2021, pese a que la entidad “Escuela Alternativa de Esquí” solicitó la convocatoria de un concurso para el otorgamiento de una nueva concesión, la concesión otorgada en 1986 a favor de la “Escuela Regional de Esquí” fue objeto de renovación automática.

La “Escuela Alternativa de Esquí” estudia la posibilidad de impugnar dicha renovación automática. Sin embargo, tiene dudas acerca de las dificultades con las que tropezaría un eventual recurso.

Duda de si el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo podrá estimar el recurso, anulando la renovación automática de la concesión, sin necesidad de plantear previamente una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (lo que seguramente alargaría el proceso durante algunos años), pues si bien la vigente Ley estatal de Montes prohíbe la renovación automática de las concesiones, la ley autonómica sí la prevé, pero sin que la duración total de una concesión objeto de renovación automática pueda exceder en todo caso de los 70 años, una duración total inferior a la máxima permitida por la ley estatal. Le someten esta consulta a usted, y usted responde:

A)   El órgano jurisdiccional contencioso-administrativo carece de jurisdicción para conocer de un eventual recurso contra la renovación automática de la concesión, pues la controversia tiene por objeto la validez o aplicabilidad de una norma con rango de ley.
B)   En este caso el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo puede inaplicar la ley autonómica y aplicar directamente en su lugar la ley estatal (principio de prevalencia), sin necesidad de plantear previamente la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
C)   Para estimar el recurso contencioso-administrativo y anular la renovación automática de la concesión el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo debe plantear previamente la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación con el artículo 70 de la Ley de Montes de la Comunidad Autónoma.

RESPUESTAS C,C,B,A,B,A,A,B,C,B


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Re:Enunciados Exámenes Segunda Semana
« Respuesta #2 en: 11 de Junio de 2021, 21:49:00 pm »
Derecho Constitucional Europeo

1 ¿Qué ha supuesto la aprobación de la Carta de derechos fundamentales para la vigencia de los derechos en la Unión Europea? (Lección 6)

2 ¿Qué papel juega la cuestión prejudicial en las relaciones entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales de los Estados miembros? (Lección 8)

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Re:Enunciados Exámenes Segunda Semana
« Respuesta #3 en: 12 de Junio de 2021, 10:37:30 am »
Derecho Administrativo I. 2ª Semana. 08-06-2021

Pregunta 1
Vd., como funcionario encargado de resolver un procedimiento administrativo que tiene encomendado, considera que pese a que la petición se asemeja sustantivamente a otras anteriores, la resolución debe ser diferente a las que se han dado en anterioridad ¿Ante qué tipo de actuación estamos? ¿Podría separarse de ella? ¿Por qué?

A) Estamos ante un precedente administrativo que, como tal, es susceptible de ser o no seguido sin ninguna clase de motivación posterior.

B) Estamos ante una práctica administrativa de la que podría separarse en una resolución, pero con la carga sustantiva de una motivación justificativa objetiva.

C) Estamos ante una práctica administrativa de la que, en ningún caso, puede desvincularse la Administración porque incurriría en una discriminación atentatoria a la seguridad jurídica y principio de igualdad de los administrados.

Pregunta 2
Sea un Reglamento nacional del tipo o forma que sea, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015:

A) Entrará en vigor y producirá efectos jurídicos desde el momento de su aprobación, sin perjuicio de su necesaria publicación posterior en el Diario oficial correspondiente.

B) Habrá de publicarse en el Diario oficial correspondiente para que entre en vigor y produzca efectos jurídicos.

C) Entrará en vigor desde el momento de su aprobación, pero solo producirá efectos jurídicos con su publicación posterior en el Diario oficial correspondiente.

Pregunta 3
¿Existe en España un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

A) Sí existe, aunque no está previsto o contemplado en la Constitución.

B) No existe, pues aunque su creación está prevista en el Derecho de la Unión Europea, todavía no se ha creado en España.

C) Sí existe, como una Administración Independiente prevista en la Constitución.

Pregunta 4
¿De qué estamos hablando cuando se señala, por la Ley 40/2015 que “una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico”?

A) Del principio de jerarquía.

B) Del principio de coordinación.

C) Del principio de cooperación.

Pregunta 5
¿Cuál es la naturaleza jurídica y la personalidad consecuente propia de los Organismos autónomos estatales?

A) Se trata de entidades de Derecho privado, pero dotadas de personalidad jurídica propia.

B) Estamos ante entidades de Derecho público, dotadas de personalidad jurídica propia.

C) Se trata de entidades de Derecho privado sin personalidad jurídica propia.

Pregunta 6
¿Cuál es la principal diferencia entre el control denominado preventivo y el sucesivo en materia de organización administrativa?

A) El control preventivo establece los parámetros de actuación; en tanto que le control sucesivo señala las modificaciones necesarias para actuar.

B) Ambos sistemas son controles permanentes que se utilizan según el momento en el que se tome la decisión de actuar por parte del órgano que controla.

C) El control preventivo actúa a priori sobre el proyecto de decisión, en tanto que el control sucesivo lo hace a posteriori.

Pregunta 7
Cuando un órgano administrativo dicta un acto administrativo con una falta de competencia para su emisión, dicha incompetencia origina un vicio del acto administrativo que produce su invalidez. En concreto,

A) Produce siempre la nulidad de pleno derecho de dicho acto.

B) Da en todo caso lugar a la simple anulabilidad de dicho acto.

C) Puede dar lugar bien a la nulidad de pleno derecho bien a la simple anulabilidad, en función del tipo de incompetencia de que se trate.

Pregunta 8
A la hora de realizar una reforma posible de la Constitución, cuando la propuesta no haya sido elaborada por el propio Consejo de Estado, deberá consultarse a este que emitirá informe, de acuerdo con la Ley Orgánica del Consejo de Estado:

A) Por la Comisión Permanente del Consejo de Estado.

B) Por parte de la Comisión Constitucional del Consejo de Estado.

C) Por el Pleno del Consejo de Estado.

Pregunta 9
Las estructuras administrativas que forman parte y sirven, como organización burocrática de soporte logístico, a otros poderes del Estado como son las Cortes Generales, el TC, el Defensor del Pueblo y otros, en cuanto a su relación con el Derecho administrativo:

A) Se rigen por el Derecho administrativo, sin perjuicio de la aplicación del Derecho que corresponde a la función específica que constituye la razón de ser del ente del que son parte.

B) No forman parte de este, pues se rigen enteramente por el Derecho particular que rige cada una de las instituciones a la que forman parte y constituye su razón de ser.

C) Son estructuras administrativas adscritas, mediante convenio, a estos poderes y, por tanto, se rigen exclusivamente por el Derecho administrativo, salvo en algún aspecto concreto que su estatuto constitucional pueda determinar excepcionalmente.

Pregunta 10
Dado el crecimiento experimentado por un municipio de la costa española en los últimos años, en la Comunidad Autónoma a que pertenece dicho municipio se plantea la creación de un área metropolitana alrededor del mismo. El Presidente de la Comunidad Autónoma ha preguntado al Director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad a quién corresponde su creación. Dicho Director le contesta que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local:

A) La creación corresponde a las Comunidades Autónomas, mediante Ley autonómica.

B) La creación corresponde a los municipios afectados, mediante acuerdo de todos ellos y aprobación de sus plenos respectivos.

C) La creación de áreas metropolitas corresponde al Estado, mediante norma con rango de Ley.

Pregunta 11
En un determinado asunto que supone un importante desembolso presupuestario y de recursos, tanto el Estado como las Comunidades autónomas consideran que su resolución no corresponde a ninguna de ellas bajo los títulos competenciales que establece la Constitución y los Estatutos de autonomía; pero ambas consideran que corresponde a la otra. ¿Ante qué tipo de problema o conflicto constitucional nos encontramos?

A) Ante un conflicto concurrente de competencias.

B) Ante un conflicto positivo de competencias.

C) Ante un conflicto negativo de competencias.

Pregunta 12
Una determinada Comunidad Autónoma considera que el Acuerdo adoptado por un municipio enclavado en dicha Comunidad infringe el ordenamiento jurídico en un determinado aspecto competencial que, en todo caso, no atenta gravemente contra el orden constitucional. De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local qué podría hacer en este caso dicha Comunidad:

A) Solo podría disolver los órganos del municipio, previo acuerdo del Congreso de los Diputados.

B) El Consejo de gobierno de dicha Comunidad puede anular el Acuerdo directamente.

C) No puede anular el Acuerdo directamente, pues en el control de la legalidad del Acuerdo corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Pregunta 13
Se ha planteado un conflicto competencial entre dos órganos correspondientes a distintos Ministerios de la Administración General del Estado en una materia concreta. ¿Cuál es el órgano que debe plantearlos y cuál el órgano con capacidad para resolver dicho conflicto?

A) Corresponde plantearlos a los respectivos Ministros y su resolución es competencia del Presidente del Gobierno.

B) Los plantean los órganos correspondientes ante ambos Ministros y los resuelve el Ministro del Ministerio más antiguo, oído el Consejo de Estado.

C) Los plantearán directamente cada órgano en conflicto y lo resolverá el Consejo de Estado.

Pregunta 14
El gobierno ha solicitado al Consejo de Estado un Dictamen. A la vista de lo solicitado, se plantea en dicha institución la posibilidad de que este órgano extienda sus opiniones a aspectos de oportunidad y conveniencia del asunto que informa. ¿Es esto posible?

A) Sí, siempre, pues Consejo de Estado se caracteriza por emitir una valoración de legalidad y otra de oportunidad.

B) En determinados supuestos así previstos sí es posible.

C) No, porque el control que puede ejercer el Consejo de Estado es siempre y estrictamente jurídico o de legalidad.

Pregunta 15
¿Cuándo es posible la impugnación de un Reglamento ante el Tribunal Constitucional por parte de un ciudadano particular y en qué forma se podría producir, en su caso, tal recurso?

A) Solo si dicho Reglamento viola los derechos susceptibles de recurso de amparo, y una vez se ha agotado la vía jurisdiccional procedente.

B) Solo está prevista la vía de recurso constitucional para normas generales de rango legal y, en su caso, Tratados internacionales.

C) Es posible su impugnación siempre que esté en plazo de recurribilidad, como en el recurso directo.

Pregunta 16
Debido a la convocatoria de nuevas elecciones, el gobierno se encuentra en funciones. Durante dicho periodo, y entre otros posibles efectos,

A) El gobierno no podrá presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados, pero sí puede aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

B) Dicho gobierno no podrá presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados.

C) El gobierno podrá presentar proyectos de ley válidos para su aprobación por parte del Congreso de los Diputados.

Pregunta 17
Determinado Ministro, que no es jurista, plantea proponer al Consejo de Ministros el nombramiento como Subsecretario del Ministerio de una persona licenciada en Derecho, con alta cualificación, pero cuya trayectoria profesional siempre ha sido dentro de una Empresa. Después de estudiar la Ley 40/2015, llega a la conclusión de que:

A) No es posible, porque para ser nombrado Subsecretario de un Ministerio es necesario ser funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1.

B) No es posible, porque para ser nombrado Subsecretario de un Ministerio es necesario ser funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1 o A2.

C) Sí es posible, porque para ser nombrado Subsecretario de un Ministerio no es necesario ser funcionario.

Pregunta 18
¿Es posible la existencia de “fundaciones” en el sector público estatal y, en tal caso, bajo qué amparo pueden crearse?

A) La creación de fundaciones públicas no está recogida en nuestro ordenamiento jurídico; las que hubiera deben transformarse en Agencias o en Organismos autónomos.

B) La posible creación de fundaciones deberá ser aprobada por el Consejo de Estado y se realizará mediante Orden del Ministerio que ejerza el Protectorado.

C) La creación de fundaciones deberá ser realizada mediante Ley.

Pregunta 19
En los casos de incumplimiento por parte de una Comunidad de sus obligaciones constitucionales, que se pueden considerar más graves por afectar al interés general de la Nación, el control puede ser directamente realizado por:

A) La jurisdicción contencioso-administrativa que, en su caso, recabará el apoyo del Tribunal Constitucional.

B) El Gobierno y el Senado, que en tal caso actuarán conjuntamente.

C) La Delegación del gobierno correspondiente, con autorización del Congreso de los Diputados.

Pregunta 20
Dos empresas que operan en el sector eléctrico tienen una disputa que no logran resolver. Una de ellas propone que sometan la disputa voluntariamente a un arbitraje de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); pero la otra considera que no es posible, porque la CNMC no tiene esta función. Después de estudiar la legislación correspondiente llega a la conclusión de que:

A) Sí es posible, pues la CNMC tiene funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, en disputas que le sean sometidas por los operadores económicos.

B) No es posible, pues la CNMC no ostenta ningún tipo de potestad arbitral.

C) Sí es posible, pues la CNMC tiene funciones de arbitraje, aunque solo de equidad, a las que los operadores deben someter obligatoriamente todas sus disputas.

RESPUESTAS:  B,B,A,B,B,C,C,C,A,A,C,C,A,B,A,B,A,C,B,A,

 

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