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Login¿Qué tienen en común Rato, los ERE, Granados y un veterano de UGT? A todos los investiga la UCOEn octubre de 2014, el constructor David Marjaliza, amigo y socio de Francisco Granados, se preguntaba qué era "eso de la UCO". El político le acaba de alertar por teléfono de que estaba siendo investigado por la Guardia Civil y que era, precisamente, la Unidad Central Operativa la que estaba detrás de sus pasos. Días después ambos fueron detenidos y desde entonces permanecen encarcelados. La 'Operación Púnica' que ha permitido desmantelar una trama de corrupción asentada en Madrid con ramificaciones en otras comunidades ha sido uno de los grandes golpes de este grupo del Instituto armado al que en los últimos meses parece acumularsele el trabajo. De hecho, el pasado miércoles el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano, aceptaba la petición de la Fiscalía Anticorrupción y encargaba a la UCO las pesquisas sobre el supuesto blanqueo de capitales cometido en el último gran escándalo mediático: el caso Rodrigo Rato.
De este modo, el que fuera vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar y máximo responsable del Fondo Monetario Internacional (FMI) se convierte en uno más de la larga lista de presuntos delincuentes de cuello blanco a los que la UCO investiga en estos momentos. Un hecho que ha confirmado a esta unidad, creada hace 25 años y con un 'palmares' con numerosos éxitos como el caso de la farmacéutica de Olot, la recuperación del Beato de Liébana o la 'Operación Montaña' contra el contrabando de tabaco con Andorra, como el actual epicentro de la lucha contra la delincuencia económica que día sí y día también copan los titulares de los periódicos. De hecho, sólo unas horas antes de que recibieran el encargo de investigar a Rato, sus agentes había desarrollado la 'Operación Snake (serpiente)', con la que habían desmantelado una organización criminal china que sólo en un año había defraudado al fisco 14 millones de euros y que había blanqueado otros 300 millones.
No era la primera vez que los agentes de la UCO golpeaban estructuras criminales con origen en el gigante asiático. Ya en junio de 2011 desarrollaron la 'Operación Long (Dragón blanco)', antecedente de la que meses después harían sus colegas de la Policía contra la trama supuestamente encabezada por Gao Ping, la 'Operación Emperador'. En el caso de 'Snake', la reciente decisión de la juez de Parla (Madrid) que dirige las pesquisas de enviar a prisión a la práctica totalidad de los detenidos ha confirmado lo certero del golpe de la Guardia Civil contra una organización en el que la introducción ilegal de productos textiles falsificados era sólo el primer peldaño de una sucesión de delitos que acababa con la evasión al gigante asiático del 95% de los pingües beneficios que obtenían en nuestro país con sus actividades ilícitas.
'Enredadera', 'Barrado', 'Tosca'...
Sin embargo, el nombre de la UCO se ha hecho popular sobre todo por las investigaciones relacionadas con la corrupción política. La juez sevillana Mercedes Alaya ordenó que fuera este grupo de la Guardia Civil el que investigara el célebre 'caso de los ERE', el mayor escándalo de la Junta de Andalucía que ya ha llevado como imputados ante el Tribunal Supremo a dos expresidentes autonómicos, los socialistas José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Con esta magistrada también han desarrollado en los últimos meses otras tres operaciones contra el fraude. La primera, 'Enredadera', se saldó en noviembre pasado, sólo dos semanas después de 'Púnica', con 32 detenciones y una treintena más de imputaciones. Con ella se desmantelaba una trama que presuntamente amañaba concursos públicos en diferentes administraciones y sociedades públicas a favor de una mercantil sevillana, Fitonovo SL. Entre los arrestados destacaba la presencia de trabajadores de Adif, la empresa pública responsable de la red ferroviaria de nuestro país. Seis de sus directivos en activo o ya jubilados fueron acusados de haber recibido supuestamente 'mordidas' a cambio de adjudicaciones.
La segunda es mucho más reciente. Es la 'Operación Barrado' y desembocó a finales del pasado mes de marzo en la detención de 16 personas, entre las que había dos delegados de Empleo de la Junta de Andalucía, cuatro ex directores generales de Formación y nueve directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que ocuparon dichos cargos entre 2002 y 2012, el periodo investigado. A todos ellos la juez Alaya los acusa de crear una 'red clientelar' ligada al PSOE gracias al reparto irregular de subvenciones millonarias para la formación a desempleados. Todo ello mediante la supuesta falsificación de las certificaciones que permitían a las empresas que concurrían a los concursos para impartir dichos cursos seguir cobrando subvenciones a pesar de no haber cumplido con los requisitos de justificación de gastos en las anteriores convocatorias como exigía la ley.
También relacionada con subvenciones y con cursos para parados está la 'Operación Cirene', que investiga el destino final que ha dado la UGT a los fondos que la Junta de Andalucía le entregaba para este fin. En diciembre de 2013, los agentes de la unidad de élite del Instituto armado registraron la sede principal del sindicato en Sevilla y seis meses después lanzaban una redada que se saldaba con catorce detenciones. La juez Alaya mantiene como imputados a los dos últimos dirigentes ugetistas de esta comunidad, Francisco Fernández Sevilla y Manuel Pastrana, así como a Federico Fresneda, el 'Bárcenas' del sindicato en Andalucía, acusados de estar detrás de un sistema de facturas falsas e infladas que el sindicato convirtió en su principal vía ilícita de financiación durante doce años.
Un tren turístico, Melilla y Angola
En Andalucía, la UCO ya había detenido años antes a otros cargos públicos ligados al PSOE. Fue en octubre de 2013 dentro de la 'Operación Rocket'. En este golpe a la corrupción cayó Luisa Ruiz Fernández, ex alcaldesa del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo y vocal de la ejecutiva del partido en esta comunidad, por su presunta implicación en un fraude millonario a la Unión Europea (UE) para la puesta en marcha de un tren turístico minero que nunca entró en funcionamiento. Entonces hubo otros dos arrestados, dueños de una empresa de material ferroviario de Barcelona, y al menos diez imputados. Las pesquisas iniciales se centraban en la fallida construcción del denominado tren turístico 'El Guadiato' y un Museo del Ferrocarril, aunque finalmente se extendieron a otros procesos de contratación pública realizados entre los años 2007 y 2011 con otras aportaciones de dinero público.
En febrero pasado, la UCO desarrollaba la 'Operación Tosca' en la que caían en Melilla, Málaga, Lanzarote y Madrid quince políticos, empresarios y funcionarios presuntamente relacionadas con una trama de fraude de contratos públicos en la ciudad autónoma que venía actuando desde 2009. La investigación era la continuación de otra iniciada en 2013 por la comandancia del Instituto armado en la localidad norteafricana y que había recibido el nombre de 'Operación Ópera', en la que ya fueron arrestados el máximo responsable y varios altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno local. En esta ocasión, el alcance era mayor y fueron cuatro los departamentos del Ejecutivo los investigados. De hecho, la UCO detuvo a tres consejeros, entre ellos el 'número 2 de Juan José Imbroda.
La actividad de esta unidad de la Instituto armado no se ha ceñido sólo a España y, en muchos casos, ha llegado al extranjero. El ejemplo más claro es la 'Operación Angora', desarrollada en julio de 2014 y que permitió desarticular una red que supuestamente había montado un complejo entramado empresarial para desviar los fondos provenientes de un contrato de 152 millones de euros firmado entre una UTE española y el Gobierno de Angola para la entrega de material policial al país africano. Hubo diez detenidos, entre ellos la sobrina de Francisco Paesa, célebre exagente del Ministerio del Interior. La UCO pudo demostrar que el contrato había servido como simple pantalla para desviar gran parte del importe del mismo a cuentas de responsables de la adjudicación en el Gobierno de Angola y de directivos de las empresas españolas, entre las que estaba Defex, una compañía semipública participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Todo ello a través de una trama estructura financiera asentada en Hong Kong, Suiza, Singapur, Islas Caimán, Nueva Zelanda, Gibraltar, Madeira y Luxemburgo.
Otros políticos y un sindicalista
Algo menos sofisticada, aunque también con ramificaciones en el extranjero, es la estructura delictiva que investiga la UCO en el 'caso Imelsa', la presunta trama corrupta que ha operado en torno a la Diputación de Valencia que preside Alfonso Rus, el líder provincial del PP ahora en la picota tras una grabación en la que supuestamente se le escucha contar billetes de una comisión dentro de un coche. Las primeras pesquisas apuntan a que el caso tiene gran extensión y ramificaciones en el extranjero, con inversiones en Brasil que procederían de fondos presuntamente obtenidos de forma ilícita mediante el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos que se fraccionaban de modo irregular para burlar los controles administrativos. El escándalo, investigado por la Fiscalía Anticorrupción desde el pasado verano a raíz de la denuncia que presentó la diputada de EUPV Rosa Pérez, ha estallado en plena precampaña electoral y con sospechas de supuesta financiación irregular por parte del PP de actos del partido en la provincia de Valencia.
También a petición de Anticorrupción, la UCO participa desde el verano de 2014 en la investigación sobre el origen del millonario patrimonio acumulado por el que fuera histórico dirigente del sindicato minero SOMA-UGT de Asturias, José Ángel Fernández Villa, quien presuntamente había ocultado al fisco al menos 1,4 millones de euros que intentó regularizar en 2012 acogiéndose a la polémica amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Las pesquisas de la UCO se dirigen en esta ocasión a descubrir la procedencia de dicha fortuna ante las sospechas de que es ilícita ya que los únicos ingresos conocidos de Fernández Villa corresponden a su actividad como sindicalista, sus cargos como diputado regional y senador del PSOE por Asturias, y su pertenencia al Consejo de Administración de la empresa pública Hulleras del Norte (Hunosa), según los datos que constaban en poder de la Agencia Tributaria.
También en el verano de 2014, los agentes detenían en la 'Operación Nehar' a 98 personas pertenecientes a nueve tramas diferentes que habían 'lavado' millones de litros de gasoleo agrícola y de calefacción 'falsificado' para ser vendido para coches y camiones. Una macro red que contaba con, al menos, 47 gasolineras repartidas por toda España que ofertaban el gasoil fraudulento a un precio 'irresistible' y que operaba en once comunidades autónomas. Sólo en el impuesto específico de gasolinas, lo defraudado por esta trama desde 2011, cuando se iniciaron las pesquisas, superaba los 5,5 millones de euros. Las primeras estimaciones cifraban en 20 millones de litros el combustible fraudulento que comercializaron. También relacionados con irregularidades en la compraventa de hidrocarburos, la unidad de élite de la Guardia Civil había realizado sendas operaciones en los veranos de 2013 y 2012. En la denominada 'Walkers' había detenido a un alcalde de CiU que terminaba ocultando el dinero en Marruecos y Andorra. En la segunda, la 'Operación Bashnya', desmanteló una trama que cometió un megafraude en el impuesto IVA para combustibles. Ahora Rato se suma a esta larga lista de investigados por la UCO, aquellas siglas cuyo significado desconocía David Marjaliza, el socio de Francisco Granados, poco antes de su detención.
