Por aclarar conceptos:
1º En lo tocante a la homologación de la educación, ésta es enteramente pública, pues el estado se arroga la expedición de todos los títulos académicos.
2º En lo tocante a la titularidad de los centros, la educación es pública o privada.
3º En lo tocante a su financiación, la educación puede ser pública (centros concertados de titularidad privada sostenidos con fondos públicos mediante concierto, y centros de titularidad pública, sostenidos con fondos públicos) o privada (centros sostenidos con fondos privados).
4º En lo tocante a su gestión, los centros pueden ser públicos (gestionados por personal de la administración) o privados (gestionados por aquellos que ostenten su titularidad).
La cuestión que rodea a la educación concertada es que su financiación es pública, pero su gestión es privada. Además, salvo un número residual de centros, la educación concertada es mayoritariamente confesional (católica).
El verdadero problema está en esas tres coincidencias: financiación pública de una confesión religiosa, bajo la rúbrica de las actividades educativas: "enseñanza-confesional-con fondos públicos".
Dejando a un lado el encuadre de la ideología católica dentro de las libertades contitucionales (a mi juicio, difícil), es significativo que una confesión religiosa ostente la gestión de un 30 % del alumnado total(infantil, primaria y secundaria) de un estado que se declara aconfesional.
Está claro que la imposición de una enseñanza pública absoluta es inconstitucional.
Sin duda. La pregunta es si el estado tiene que pagarlo. La constitución garantiza la libre circulación de ciudadanos, pero no por eso les paga la gasolina.
el Estado es limitado y nunca podría competir en prestación de servicios académicos en pie de igualdad con la escuela privada. ¿Se ha conseguido? Valoren.
Esto también es cuestionable. La educación es deficitaria en todo caso, y a corto y medio plazo do reporta beneficios (siempre que entendamos que no existe sólo para una élite). La educación privada nunca podría sostenerse a sí misma con fondos propios. En este caso, es al revés: el estado el ilimitado, y es la escuela pública la que muestra su limitación a la hora de financiarse recurriendo al concierto. De hecho, la escuela privada
strictu sensu, es puramente residual.
Por otro lado, en cuanto a la calidad de la enseñanza pública, es muy discutible que sea peor, tal y como suguiere Bayanno. La baza que esgrimen los defensores del concierto educativo es la prestación de un servicio de mayor calidad, personalizado y con mayor disciplina. Pero eso no es cierto en todos los casos, ni para todos los colegios concertados. La baza que esgrimen los defensores de la escuela pública es que obtienen resultados académicos equiparables mientras están sometidos a un régimen disciplinario desfavorable. Los resultados comparados de selectividad arrojan unas diferencias porcentuales entre la concertada y la pública (uno o dos puntos en favor de la concertada, a veces incluso décimas, dependiendo de la comunidad y la ubicación del centro) que son perfectamente explicables por la idiosincrasia de los centros públicos (el régimen disciplinario desfavorable al que me refería antes, unido a su implantación en todo el territorio del estado con independencia de su posición económica; les recuerdo en este sentido que la educación concertada se focaliza en las capitales de provincia y grandes poblaciones).
Lo grave (gravísimo, a mi juicio) de todo esto es, precisamente, el origen de ese régimen disciplinario desfavorable de la enseñanza pública al que me refería antes. La enseñanza concertada "selecciona" a sus alumnos: lo hace al instalarse en grandes ciudades donde el alumnado tiene un perfil muy determinado, y lo hace a la hora de admitirlo o no en el centro. La pública no puede hacer tal cosa. La consecuencia es una detracción de fondos públicos para financiar la desigualdad.
En mi opinión, la enseñanza concertada debería ir paulatinamente desapareciendo para dejar paso a un sector público bien financiado, bien regulado, controlado e inspeccionado con rigurosidad, y con altos niveles de exigencia para los profesores.
Para ello es necesario que los dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo en unos cuantos puntos esenciales y promulguen una ley educativa con previsión de perdurabilidad. El principal escollo para llegar a ese acuerdo es, a mi juicio, la Iglesia Católica.
