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LoginUn juez de Barcelona recurrió el pasado mes de junio a los Mossos d'Esquadra para trasladar al hospital a una mujer embarazada que se negaba a que le fuera inducido el parto. La petición surgió del centro sanitario, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi, por el riesgo que suponía para la madre y el feto continuar adelante con el embarazo, y ante la negativa de la mujer a provocar el parto.La mujer embarazada, de 40 semanas de gestación (un parto se produce entre la semana 38 y la 42), acudió al hospital el pasado mes de junio para recibir una revisión ordinaria. Fue entonces cuando la ginecóloga le alertó de un posible riesgo en su embarazo, y le advirtió de que debía proceder a un parto inducido, según la Asociación Catalana por un Parto Respetado (Dona Llum).La paciente, que por el momento mantiene su anonimato, le pidió a la médico explicaciones acerca del nivel de peligro. Sin embargo, según Marta Busquets, abogada y tesorera de la asociación, la ginecóloga "no le dio riesgos concretos". Por esta razón, la mujer se negó al proceso y se marchó a su casa.Según Busquets, el hospital "no aceptó el no de la mujer" y recurrió a los tribunales para que una patrulla de policía se presentara en casa de la embarazada y la llevara de vuelta al centro. "Estuvo esperando 6 horas hasta que fue intervenida, por tanto, tan grave no debía ser", alega Busquets, que denuncia un atentado contra la integridad física y moral de una mujer y su bebé, sin ninguna base legal, y contra la libertad y el derecho a tomar decisiones informadas."El problema es que el mal ya está hecho" y que "lo que le ha faltado a la mujer es haber estado informada sobre cómo llevar este asunto", afirma la asociación, que cuenta a EL MUNDO que no se ha enfrentado anteriormente a un caso tan "grave" de intervención judicial. Aún así, explica que existe una tendencia a inducir y presionar a las mujeres para que adelanten el parto. La abogada Busquets explica que, según la legislación vigente, es "el paciente quien tiene derecho a decidir sobre su salud, y no, por el contrario, el médico". Esto es así, porque hace unas décadas "se pasó de un modelo autoritario, en el que el médico decide frente al paciente, a un modelo autonomista", en el que una persona adulta con capacidad jurídica es quien toma las decisiones respecto a su salud. La asociación Dona Llum se ha puesto en contacto con las autoridades sanitarias catalanas y está a la espera de una reunión con ellas para que investiguen el caso.EL MUNDO ha intentado recabar la información del centro sanitario, que por el momento ha declinado hacer cualquier tipo de valoración.
