Yo respeto las teorías conspirativas en todos los atentados. De hecho, la del 11S en EEUU es impactante. ¿Porqué el fin de semana antes echaron a todos los de seguridad porque unos equipos entraban a instalar nuevos sistemas de seguridad, incluso se llevaron los perros y el lunes siguiente no volvieron los perros, sólo los agentes?. Es que los perros detectan los explosivos con el olfato y es por ello que me hace dudar que no haya una explicación convincente de porqué no volvieron los perros.
También hay testimonio de bomberos que escucharon explosiones en los cimientos, por los túneles del metro.
Resulta extraño que un mes antes el propietario de las torres hiciera un seguro de las mismas que no tenía, o una ampliación, cobrando después miles de millones de dólares, cuando al parecer tenía un problema con el amianto y tenía que gastarse una millonada en solucionar el problema.
Pero es que además los expertos pilotos dicen que es meramente imposible que unos pilotos novatos tengan esa puntería y capacidad para realizar las maniobras con los aviones...
En fin, un mar de dudas...
Pero claro, vemos las teorías conspiratorias del 11M en España y es que dan náuseas. El PP, después de que sus seguidores le dijeran a los familiares de las víctimas que se metieran sus muertos por el culo en la puerta del Congreso, ahora utilizan los atentados para hacer oposición al PSOE, que no para buscar la verdad. Es nauseabundo cómo utilizan a los muertos para hacer política, lo mismo que lo hicieron con las víctimas de ETA, para ahora incumplir sus promesas e indultar etarras.
Hay que ser muy mala gente, eso está claro.
Pero esa conspiranoia le ha costado caro a SSª:
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspenderá de manera cautelar previsiblemente este miércoles a la jueza de Madrid Coro Cillán hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la juzgue y dicte sentencia por un delito de prevaricación del que se le acusa.
Cillán siempre se ha defendido de las acusaciones asegurando que forman parte de una campaña de desprestigio a su persona por intentar reabrir el caso del 11-M. Su entorno mantiene que esta acusación está articulada para que abandone ciertas investigaciones que pueden resultar problemáticas. Lo cierto es que la jueza admitió una investigación sobre el atentado cuando ya había sido juzgado, condenado y ratificado por el Tribunal Supremo. Su causa, en la que tenía imputado al jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, fue archivada por la Audiencia Provincial de Madrid, decisión ratificada por el Tribunal Supremo.
Según fuentes próximas a la magistrada, Cillán veía conspiraciones en esos archivos, los mismos ataques que percibía cuando era magistrada de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. En alguna ocasión llegó a decir a algún compañero que en sus sentencias había tenido dos votos particulares, en un tribunal de tres magistrados. Es decir, sus ponencias no salían adelante porque los otros dos miembros de la Sala no compartían sus textos pero ella mantenía que las sentencias se llegaban a dictar a pesar de tener a la mayoría del tribunal en contra.
En la Audiencia Provincial de Guipuzcoa acumuló varias sanciones e incluso llegó a ser suspendida por sus retrasos. Sus compañeros de tribunal tenían que hacerse cargo de sus ponencias porque ella no llegaba a redactarlas y, si lo hacía, era en contra de lo acordado en las deliberaciones.
En 1999, se le sancionó por retrasos reiterados y graves. Tres años después, el Poder Judicial tenía en su mesa otro expediente. El fiscal y el instructor solicitaron ya en ese momento su expulsión de la carrera judicial pero el Tribunal Supremo anuló la suspensión y lo dejó en una simple multa.
Antes de que Cillán fuera apartada en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, su estancia allí estuvo llena de obsesiones. Sospechaba de todos sus vecinos y estaba convencida que iba a ser asesinada, según fuentes próximas a ella en aquella época.
Una vez en la capital, Cillán fue conocida no sólo por querer reabrir el caso del 11-M sino por imputar a la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana por un delito de coacciones a la mujer de Santiago del Valle, que en una entrevista confesó que su marido había asesinado a la pequeña Mari Luz Cortés. En 2001, quiso investigar a los organizadores de la llamada procesión atea por convocar esa marcha en Jueves Santo y archivó la querella interpuesta por el doctor Luis Montes contra el exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, por un presunto delito de denuncia falsa.
Ya en ese momento generó polémica por enfrentarse a altos cargos de la UCD y el 27 de octubre de 1978 fue cesada de su cargo. Un año después, en las siguientes elecciones generales,
formó parte de la candidatura de extrema derecha denominada Unión Foral del País Vasco. No salió elegida y poco después se hizo jueza. A sus 63 años y con una carrera profesional llena de polémica, el TSJ de Madrid podría dictar punto y final.
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