Debates. => Área política. => Mensaje iniciado por: federicomartin en 06 de Agosto de 2015, 16:44:34 pm
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http://sevilla.abc.es/andalucia/20150806/sevi-desahucios-201508052310.html (http://sevilla.abc.es/andalucia/20150806/sevi-desahucios-201508052310.html)
Dos días ha durado la suspensión de las ayudas promulgadas por la Junta de Andalucía para personas en riesgo de exclusión social por los desahucios. Bastó con que trascendiera a la opinión pública. Este lunes la secretaria general general de la Vivienda, Catalina Madueño, firmaba una resolución por la que suspendía las ayudas por «agotamiento del crédito» y «falta de disponibilidad presupuestaria» y ayer, el nuevo consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, aclaró que la Junta de Andalucía «ya está rectificando» porque tenían una dotación «insuficiente».
Las ayudas se aprobaron en diciembre del año pasado por la entonces consejera de Fomento, Elena Cortés, de Izquierda Unida, cuando había una coalición de gobierno de este partido con el PSOE. En la propia orden se afirmaba que Andalucía estaba a la cabeza de los desahucios en toda España y que según el Instituto Nacional de Estadística en la comunidad había habido solamente en el primer trimestre del año pasado 8.034 ejecuciones hipotecarias, muy por delante de Cataluña con 5.792. En toda España eran 32.565.
Estas ayudas destinadas al alquiler de viviendas se promulgaron precisamente cuando la Junta de Andalucía, promovió la expropiación forzosa durante tres años a los bancos con la finalidad de proteger «a personas o unidades familiares que habiendo sufrido una merma de sus circunstancias económicas y la pérdida de la vivienda a través de un procedimiento de ejecución hipotecaria, las situasen en situación de emergencia o exclusión social». Como el Gobierno central recurrió el decreto ley ante el Tribunal Constitucional porque entendía que iba contra el derecho a la propiedad privada, la Junta justificó estas ayudas de 2.268.000 euros repartidos en tres anualidades.
Aunque la propia orden en su artículo 6, punto 2, estaba condicionada por las disponibilidades presupuestarias existentes, lo que llama la atención es que lo que estaba previsto para tres años haya durado solamente ocho meses y que no se haya dotado de más presupuesto antes de que se agotase y tuviera que suspenderse.
El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, anunció ayer una ampliación en 1,5 millones de euros adicionales a los casi 2,27 iniciales, lo que hace un total de 3,77. La propia normativa de estas asistencias sociales impide, por razones de respeto, intimidad y derecho al honor, conocer la identidad de las personas a las que se les socorre. En total han sido, según la Consejería de Fomento, unas 500 familias las que han presentado las solicitudes.
Felipe López aclaró ayer que una vez suspendida temporalmente la orden, se puede gestionar la demanda de forma «coherente y ordenada, no generando expectativas a nuevas familias sin contar con respaldo económico, pues ha quedado claro que el presupuesto inicial con el que fue dotada en la pasada legislatura era claramente escaso», afirmó. «Nuestro objetivo es que ninguna familia se quede fuera y todos los que cumplan los requisitos puedan contar con unas ayudas que les permitirá disfrutar de una vivienda digna en los próximos tres años», insistió el consejero.
El Partido Popular de Andalucía, ante estos hechos, responsabilizó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de «agravar» la situación de estas personas. Su secretaria general, Dolores López, se pronunció de esta forma en rueda de prensa. «En lugar de socorrer a las personas víctimas de los desahucios, el Gobierno de Susana Díaz les agrava el problema», denunció López. La suspensión de las ayudas a los desahuciados pone de manifiesto la «ineficacia» del Gobierno andaluz y «el fracaso» en las políticas de vivienda, según López, que sostuvo que en la Junta sólo han ejecutado un 17 por ciento del presupuesto destinado a vivienda durante el primer semestre del año.
El consejero de Fomento y Vivienda advirtió «desconocimiento» por parte del coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, quien le pidió una rectificación inmediata de la suspensión. Además, López reclamó «sacar del rifirrafe político» el asunto de los desahucios que afecta a muchas familias, informó la agencia Ep.