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LoginLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que admita un nuevo testigo en el primer juicio a la trama Gürtel por la adjudicación de contratos por importe de cinco millones de euros por parte de la Generalitat valenciana. Se trata de Juan Carlos Rincón, extrabajador de las empresas de Francisco Correa. Rincón intervino en la preparación de uno de los primeros contratos supuestamente amañados, preparando las “hojas de coste”. La citación de Rincón es una sorpresa, ya que no había sido adelantado al tribunal.
Su declaración fue clave para que el año pasado los jueces imputaran en el caso Gürtel al exconsejero y ex director general de la Policía Juan Cotino en la pieza separada sobre la visita del Papa a Valencia. La Fiscalía ha pedido que se admita la declaración de Rincón, especialmente al no poder localizar a uno de los testigos que había propuesto, Armando Lucas, del que ha afirmado que solo sabe que se encuentra en el extranjero.
"No tengo nada que decir. Solo estoy a lo que digan los tribunales", ha sido la única declaración que ha hecho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el inicio del primer juicio a la corrupción masiva del PP en Valencia.
Una vez iniciada la jornada, la defensa del presunto líder de la trama corrupta Gürtel, Francisco Correa, ha alegado “violación” de varios derechos fundamentales. En concreto, detenciones ilegales, intervención indebida de las comunicaciones, y transgresión de los derechos a la intimidad y a un juicio con todas las garantías.
Según el abogado de Correa, en febrero de 2009 el entonces titular del juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, mantuvo detenido a su cliente 76 horas, cuatro más de lo legal, sin dictar auto judicial para prorrogar su situación.
El abogado también ha alegado violación del derecho a la intimidad por las escuchas realizadas en prisión al considerado número dos de la trama, Pablo Crespo, anuladas por el Tribunal Supremo, que además condenó a Garzón por haberlas ordenado. Y ha acusado al exconcejal del PP y denunciante original del caso José Luis Peñas de actuar con ánimo de venganza (“vendetta”, ha dicho) y de haber grabado conversaciones con Correa de forma “subrepticia” y sin las debidas garantías.
Recusaciones al tribunal
La abogada de Álvaro Pérez, El Bigotes, ha recusado al tribunal al considerarlo contaminado por haber intervenido en el procedimiento al resolver de recursos de apelación contra las decisiones del juez instructor José Ceres. Los magistrados que componen el tribunal son Pilar de la Oliva, Juan Climent y Antonio Ferrer.
El letrado de Pablo Crespo y exdirector de la ONCE, Miguel Durán, ha pedido la recusación de Climent por haber trabajado en el Gobierno del socialista Joan Lerma en los años ochenta. Ello, ha mantenido Durán, quiebra del “principio de imparcialidad” dado que el juicio tiene en su opinión “unos componentes políticos indiscutibles”. El abogado ha agregado que Climent “compartió responsabilidades” en aquella etapa con Ximo Puig, candidato socialista a las elecciones autonómicas del 24 de mayo. La presidenta del tribunal ya ha rechazado de viva voz al principio de la sesión la pretensión de la defensa de Crespo.
El juicio por las adjudicaciones supuestamente irregulares a la trama de Correa del concurso público de la feria Fitur a la trama entre 2005 y 2009 y otros certámenes turísticos menores ha empezado este martes y se prolongará hasta octubre. Entre los 13 acusados figuran los cabecillas de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, y varios excargos públicos, entre ellos los exconsejeros Milagrosa Martínez y Angélica Such.
Martínez, también expresidenta de las Cortes Valencianas y alcaldesa de Novelda, no ha querido extenderse al llegar al tribunal. “Confío en la justicia”, ha declarado a la prensa, que le ha preguntado si tenía pensado dejar la alcaldía. “No, muchas gracias”, ha respondido. Por su parte, el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, también ha hablado a su llegada al tribunal valenciano, y ha asegurado que es un "empresario normal y corriente" y ha subrayado que no conoce a nadie del Consell de Francisco Camps y que viene al tribunal a "buscar justicia".
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, ha rechazado un escrito presentado por el considerado número dos de la trama, Pablo Crespo, al considerar que tenía una finalidad “claramente dilatoria”. La petición hacía referencia a la composición del tribunal, y De la Oliva le ha recriminado que ésta es conocida por las partes desde hace más de un año. A los acusados se les atribuyen los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La Fiscalía y la acusación popular de los socialistas solicitan penas que alcanzan los 11 años de cárcel.
Cinco causas entre Valencia y Madrid
El pillaje de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana, donde las empresas de Francisco Correa se establecieron a finales de 2003, ha dado lugar a cinco causas judiciales que instruye el Tribunal Superior de Justicia valenciano porque en ellas, hasta ahora, había implicados diputados autonómicos del PP. El tribunal ha devuelto algunas causas a la Audiencia Nacional al no haber ya aforados, pero la Fiscalía ha recurrido al Supremo para que todas se juzguen en Valencia.
Visita del Papa. Los jueces investigan la adjudicación de un contrato de 7,2 millones a la red corrupta por parte de la televisión autonómica (Canal Nou) para la cobertura de la visita del Papa.
Fitur. Entre 2005 y 2009, Orange Market, la filial valenciana de la red Gürtel, ganó el concurso para el diseño, montaje y desmontaje de los pabellones turísticos de la Comunidad Valenciana en distintos lugares de España. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia comienza mañana el juicio por este caso.
Financiación ilegal y delito electoral. El PP disfrutó en la Comunidad Valenciana de una fuente de financiación ilegal de sus actos electorales en las campañas de 2007 y 2008, según la investigación judicial. Empresarios contratistas de la Comunidad Valenciana y la red Gürtel actuaron para que el PP se ahorrase el coste de numerosos actos electorales.
Contratos amañados. Durante los cinco años de negocio de la red Gürtel en la Comunidad Valenciana, el Gobierno de Francisco Camps le adjudicó decenas de contratos, algunos a dedo y otros mediante concursos amañados, según la investigación judicial.
Delitos fiscales. Otra causa está abierta por supuesto fraude a Hacienda cometido por las empresas de la red en los impuestos de sociedades, IVA e IRPF.
