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LoginEl Tribunal Supremo fija en un 25% el uso del castellano en las escuelas de Cataluña, cuando un alumno lo solicite, y la obligación de incluir una asignatura troncal y no solo la de lengua castellana. La Sala de lo Contencioso ha avalado el porcentaje que estableció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que deriva de la sentencia de 2010 del Constitucional sobre el Estatut, que reconoció el castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas. La medida del Supremo es aplicable solo en el aula donde estudia el alumno demandante y se traduce en que una asignatura más, "troncal o análoga", se debe impartir en castellano.
Ese porcentaje fue recurrido por dos padres de alumnos, que solicitaban que se fijara en un 50% y por la Generalitat, que entendía que el Tribunal Superior invadió una competencia del Gobierno catalán cuando fijó el criterio del 25%. Ahora el Supremo, en dos sentencias de fecha de 23 y 28 de abril (y deliberadas el 14 de abril) rechaza tanto los recursos de los padres como el recurso de la Generalitat.
En las dos sentencias, de las que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la sección Cuarta explica por qué considera “razonable y proporcionado” ese 25% de horas lectivas en castellano, lo que incluye necesariamente áreas o asignaturas de carácter troncal. Según la Sala, ese baremo se ajusta al contenido de la sentencia que reconoció este derecho a impartir clases en castellano, porque de la misma no se concluye, como argumentaban los padres que fueron a los tribunales, “que el objetivo de normalización lingüística haya sido alcanzado plenamente en Cataluña ni que, por tanto, ambas lenguas vehiculares hayan de serlo en idéntica proporción". Según el Supremo, la decisión adoptada por el tribunal catalán ha de entenderse, además de proporcionada, ajustada a la consecución de la efectividad de la enseñanza del castellano, derivada de su carácter de lengua vehicular, que es lo que la sentencia dispuso en su fallo.
Frente a la Generalitat, que consideró que el TSJC suplantaba sus competencias al fijar ese 25%, el Supremo admite esta suplantación, pero, como ya hizo el tribunal catalán, argumenta que la justicia ha tenido que suplir el incumplimiento de la Administración, que ha hecho “dejación” de esa potestad y ha desatendido los sucesivos requerimientos efectuados por la Sala para ejecutar la sentencia. Por tanto, según el Supremo, fijar esa proporción por parte del TSJC “no constituye una inaplicación de los preceptos correspondientes del Estatuto de autonomía y la ley catalana de educación, sino dar cumplimiento a los mismos en los términos que se siguen de la doctrina del Tribunal Constitucional”.
Los magistrados recuerdan que la Sala catalana otorgó a la Generalitat de Catalunya "varias y reiteradas oportunidades para que llevara a efecto lo ordenado en la sentencia, esto es, para que adoptará las medidas que garanticen el establecimiento del castellano como lengua vehicular y estableciese la correspondiente proporción". En el último requerimiento, de auto firme de 14 de noviembre de 2013, el TSJC "insistió en la necesidad de que la Administración llevara a cabo esta fijación, anunciando que, en caso contrario, la determinación de la proporción o del porcentaje adecuado se efectuaría por la propia Sala, que es lo que finalmente aconteció en los autos que ahora se recurren".
Los jueces entienden que la condición de lengua vehicular no puede considerarse alcanzada y reducir el uso del castellano al de “objeto de estudio de una asignatura más”, por lo que no basta con la enseñanza de dicha lengua cooficial, sino que debe incluir otra área, materia o asignatura de carácter troncal.
La Sala añade que la "atención individualizada" que proponía la Generalitat para dar cumplimiento a la sentencia ha sido ya reiteradamente rechazada por el Supremo " pues conduce a una situación de discriminación prácticamente idéntica a la separación en grupos por razón de la lengua habitual".
La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, considera que los dos autos del Tribunal Supremo que fijan el 25% de “proporción razonable” de horario lectivo de castellano en las escuelas catalanas suponen una “sentencia firme que es indiscutible y afecta a todo el modelo”.
Gomendio responde así a la consellera catalana de Enseñanza, Irene Rigau, que tras hacerse públicos los autos ha señalado que al Tribunal Supremo "no le corresponde modificar ni instar un cambio del modelo educativo catalán aprobado por el Parlament, ya que no tiene competencias" y entiende que el 25 % en castellano sólo afecta a “casos particulares”.
La secretaria de Estado de Educación ha explicado que este porcentaje equivale “como mínimo” a una asignatura “troncal o análoga” más además de la Lengua Castellana. “La competencia que tiene el Estado es garantizar el derecho que tienen las familias a elegir el castellano o la lengua cooficial como vehiculares en la enseñanza”, ha explicado la secretaria de Estado, que ha recordado que son las comunidades autónomas las que deciden en “qué proporción se da una y otra”. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había fijado un 25% que es el que ahora ratifica el Supremo.
Según Gomendio, “viendo que en Cataluña se seguía insistiendo en un sistema que sí que se considera fuera de la legalidad y segregador”, los tribunales “han tenido que decidir cuál es esa proporción razonable.
El sistema de inmersión lingüística “en sí mismo no crea ningún tipo de conflicto ni jurídico ni político”, según Gomendio.“Donde sí actuamos es cuando el sistema de inmersión lingüística se lleva al extremo de excluir totalmente el castellano y darle el tratamiento de lengua extranjera”, ha concluido.
