5 medidas para los primeros 100 días.
“Poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y para garantizar una alternativa habitacional”.
“Parar la privatización de los servicios públicos, la externalización de servicios municipales a grandes empresas y la venta de patrimonio público”.
“Garantizar los suministros básicos (luz y agua) a todos los hogares que no puedan pagarlos”.
“Garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias municipales y a acciones de prevención y promoción de la salud a todas las personas con independencia de su situación administrativa”.
“Desarrollar un plan urgente para la inserción laboral de jóvenes y parados de larga duración”.
Otras claves del programa electoral
El programa electoral de Ahora Madrid es sin embargo mucho más extenso (45 páginas, y otras 23 dedicadas a los distritos). Entre sus propuestas más importantes o llamativas, destacan las siguientes (que aparecen casi textualmente en sus páginas):
Llevar a cabo una auditoria ciudadana de la deuda pública bajo control técnico y social, incidiendo en los sobrecostes de las obras públicas, los contratos de mantenimiento y de servicios, los alquileres “injustificados” y los intereses de la financiación de la deuda.
También se auditarán las ventas de patrimonio municipal de los últimos años, estableciendo una estrategia de reversión; y la legalidad y pertinencia de las modificaciones urbanísticas, “megainversiones” y transmisiones de suelo, para detectar posibles “sobrecostes injustificados y gestiones perversas”, de cara también a su reversión.
Reestructurar la deuda, renegociando los tipos de interés, alargando los plazos de amortización, implementando moratorias y quitas selectivas, y estableciendo incluso responsabilidades políticas y penales.
Fijar una estrategia para la recuperación progresiva de la gestión pública de los servicios municipales externalizados a grandes empresas y grupos económicos.
Eliminar las cesiones, subvenciones y exenciones de tasas “injustificadas” a entidades y organismos no municipales; y reestructurar las tasas que regulan el uso del espacio público (terrazas, vados, cajeros, etcétera) con “baremos progresivos en función del tipo e intensidad de uso”.
“Reinstaurar” la tributación asociada a la actividad económica de las grandes empresas, “activando el IAE”; y exigir al Estado la competencia sobre los impuestos a las empresas de telecomunicaciones, eléctricas, etcétera.
Crear un banco público municipal-regional “que sirva como herramienta de financiación de proyectos sociales, empresas y cooperativa”.
Imponer tasas que penalicen la acumulación de viviendas con fines especulativos en manos de grandes empresas, inmobiliarias y entidades financieras.
Frenar todo tipo de venta de patrimonio público.
Reducir y limitar los cargos de asesores y puestos de libre designación.
Crear un observatorio ciudadano de la corrupción.
Asegurar que los agentes de policía estén identificados de forma visible y que faciliten su identificación ante el requerimiento ciudadano.
Poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos forzosos de primera vivienda (de hipoteca, alquiler o derribo).
Incentivar la puesta en uso de viviendas permanentemente desocupadas de la Sareb.
Poner en marcha la agencia municipal del alquiler para facilitar el alquiler de viviendas vacías o en venta.
Crear una red municipal de puntos de acceso a Internet.
Integrar la educación infantil como una etapa educativa gratuita; remunicipalizar las escuelas privatizadas; e introducir desayunos escolares comunitarios gratuitos para las personas que lo necesiten.
Revisar las concesiones de las instalaciones deportivas municipales a empresas, revertirlas y cederlas a entidades arraigadas en cada distrito.
Ampliar el horario de apertura de las instalaciones municipales educativas, deportivas y culturales.
Crear una Concejalía de Cultura y otra de Equidad de género.
Retirar el Plan General de Ordenación Urbanística elaborado por el PP y paralizar las operaciones urbanísticas “especulativas de expolio de suelo y patrimonio público”. La Operación Calderón y la construcción del centro comercial Madrid Río 2 serán “auditadas”, al igual que la Operación Canalejas, el derribo parcial del edificio España y las obras del paseo de la Dirección.
Aplicar la Ley de Memoria Histórica respecto a la simbología y la nomenclatura que aún se mantienen en Madrid.
Mejorar la red de medidores de la contaminación y cerrar un pacto ciudadano por la gestión del aire.
Crear un observatorio del agua y realizar una auditoria ciudadana de su gestión por parte del Canal de Isabel II.
Reestructurar las líneas y tarifas del transporte público, e incluir sistemas de autobuses de alta capacidad en ejes principales que carezcan de metro.
Ampliar las zonas de velocidad limitada a 30 kilómetros por hora, “revisar” el Servicio de Estacionamiento Regulado y ampliar el actual sistema de prioridad residencial y peatonal.
Convertir la antigua fábrica de Clesa en un polo cultural a modo de Matadero del Norte y promover el uso de los terrenos de la cárcel de Carabanchel para fines sociales.
