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LoginLa Comisión de Economía del Congreso de los Diputados aprobará hoy la Ley de la Segunda Oportunidad y la remitirá al Senado para que continúe su trámite parlamentaria. La mayoría del Partido Popular garantiza que las enmiendas que ha presentado, un total de 39, salgan adelante.
El Grupo Popular aceptó la tramitación de esta normativa como proyecto de ley, con el objetivo de incorporar las aportaciones del resto de grupos de la oposición parlamentaria. Una negociación que continuaba ayer y cuyo resultado se plasmará hoy en la votación de las enmiendas.
El Ejecutivo ha utilizado esta ley como «cajón de sastre» para realizar otras mejoras en leyes de carácter social, circunstancia ésta que ha merecido la crítica de la oposición socialista en la negociación que se ha llevado a cabo.
Con este proyecto, el Ejecutivo pe rmite a los ciudadanos poder afrontar una nueva aventura empresarial, después de un fracaso empresarial. Si se emprende un nuevo negocio, no se tendrá que responder con los beneficios de las deudas, excepto las de Hacienda y Seguridad Social, a no ser que se beneficie de una herencia o de un premio benéfico.
Al ciudadano se le permite una liquidación global del patrimonio, por lo que sólo cuando el afectado ha entregado todos sus bienes puede acceder al llamado beneficio de exoneración de pasivo no satisfecho. No obstante, esta posibilidad es el último recurso.
Antes, el afectado debe intentar alcanzar un acuerdo con sus acreedores, para lo que el Ejecutivo ha introducido también medidas para que sea más fácil alcanzar estos pactos, como habilitar a los notarios para que puedan actuar como mediadores. Si no se alcanza este acuerdo, el afectado puede declararse en concurso, para lo que a partir de ahora deberá acudir a un juez de primera instancia, en lugar de a uno de lo mercantil.
Una vez que el afectado accede al beneficio de exoneración del pasivo no satisfecho, se le condonarán los préstamos salvo los créditos contra la masa (principalmente los necesarios para que funcione la empresa y los gastos de administración del concurso), los de privilegio general (no sobre un bien concreto sino en general), los créditos públicos y los de alimentos (como los procedentes de pensiones alimenticias).
En estos casos, el beneficiario tendrá un plazo de cinco años para afrontar su pago. No obstante, el Gobierno estima que habitualmente, en el caso de las personas más vulnerables, les será más beneficios acogerse al código de buenas prácticas bancarias, ya que pueden encontrar una solución sin perder todos sus bienes.
El Gobierno ha decidido también ampliar el umbral de exclusión que permite a las personas beneficiarse de este código de buenas prácticas, como por ejemplo ampliando de 12 a 14 mensualidades del IPREM el nivel anual de renta máxima, y se incluye a todos los mayores de 60 años.
