El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha remitido un escrito a ocho instituciones y fuerzas de seguridad del Estado para que estén alerta, investiguen y le informen en un periodo “no superior a las 24 horas”, tal y como establece la ley, sobre los posibles incumplimientos de la legalidad vigente en que se incurra en Cataluña si el Tribunal Constitucional anula la declaración independentista aprobada por el Parlament el pasado 9 de noviembre, y sus instituciones siguen adelante con el plan previsto de desobedecer la legislación estatal y llevar a cabo la "desconexión" de la comunidad autónoma respecto al resto de España.
En concreto, la orden va dirigida al secretario de Estado de Seguridad, a la delegada del Gobierno en Cataluña, al comisario general de Información, al jefe superior de la Policía en Cataluña, al general jefe del servicio de información de la Guardia Civil, al general jefe de la 7ª zona de la Guardia Civil, al director general de la Policía de la Generalitat y al comisario general de los Mossos d’Esquadra.
El fiscal advierte que escapan a su competencia por su condición de aforados en Cataluña tanto el presidente, como los miembros del consejo de Gobierno de la Generalitat y los diputados del Parlament, pero "no así otras autoridades, funcionarios públicos o particulares, para los que la participación en la comisión de las acciones delictivas encajaría en el marco competencial de la Audiencia Nacional".
Los delitos "contra las formas de Gobierno e Instituciones del Estado" que estos cometerían en el caso de incumplir la previsible derogación de la declaración independentista por parte del Tribunal Constitucional y que son competencia de este órgano jurisdiccional son, recuerda el fiscal, "no solo el delito de sedición", sino también la "prevaricación, desobediencia, usurpación de atribuciones o uso indebido de fondos públicos" como "delitos conexos".
En su escrito, el fiscal jefe recuerda que todas las unidades policiales, incluidos los Mossos d’Esquadra, deben informar tanto a la Fiscalía como a los tribunales competentes si observan algún posible delito, y que están “bajo su mando” en aquellos que deban instruirse en la Audiencia Nacional. Por ello les ordena la elaboración de forma urgente del correspondiente atestado “ante la existencia o conocimiento de cualquier hecho delictivo” de su competencia.
Un atestado o informe policial que “se remitirá con carácter urgente al juzgado” de la Audiencia Nacional que se encuentre de guardia en el plazo máximo de 24 horas que establece la ley.
Así mismo, recuerda a los agentes que los funcionarios policiales “practicarán de forma inmediata las diligencias necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles, así como cuantas les encomiende” el Ministerio Público y el juez competente en la Audiencia Nacional.
