Visto esto, los españoles tenemos lo que nos merecemos votando a otros partidos que han demostrado ser más de lo mismo, y sin embargo a UPyD lo dejamos sin representación parlamentaria cuando es de sobra conocido lo que ha hecho contra la corrupción
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LoginEntre mitin y mitin, la Audiencia Nacional. Andrés Herzog, líder de Unión Progreso y Democracia (UPyD) y cabeza de lista de este partido a las Elecciones Generales del próximo 20 de diciembre, hizo el pasado lunes un alto en la campaña electoral para tomar de nuevo la iniciativa en el 'caso Bankia' que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, Fernando Andreu. Para ello, entregó un escrito en su condición de acusación popular para evitar que la Justicia dé carpetazo a la causa por culpa de la reciente entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ésta limita la duración de las pesquisas a seis meses, salvo en determinados casos de instrucciones "complejas". El magistrado investiga las supuestas irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad desde hace más de tres años, después de que fuera, precisamente, la formación política la que presentara una denuncia por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, en conexión con delitos societarios, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.
El escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, lo firma el propio Andrés Herzog, que en su condición de abogado ha llevado en persona la representación jurídica en nombre de su partido durante toda la instrucción. En él, la formación magenta solicita que se dé traslado del mismo a la Fiscalía Anticorrupción, que es la única que, según la reforma de la Ley, puede pedir al magistrado que declare la llamada "instrucción compleja" para que la investigación judicial se alargue más allá del medio año. El escrito admite que las acusaciones y las defensas están excluidos expresamente por el nuevo texto legal "de cuestiones fundamentales como los plazos de instrucción o la declaración de complejidad de las causas", pero recalca que es su "obligación" impulsar "tales medidas de prórroga" para que la Fiscalía y el juez "las hagan suyas [...] evitando la creación de espacios de impunidad".
Herzog recuerda que "el nuevo modelo" que introduce la ley crea "un plazo general de 6 meses para concluir la instrucción, que se eleva a 18 cuando la instrucción sea declarada compleja". No obstante, también destaca que la ley también abre la puerta a "fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción" más allá de ese año y medio, aunque su duración no se especifica. En concreto, UPyD quiere que al 'caso Bankia' se le aplique el artículo 324 de la ley, redactado precisamente para todos aquellos procedimientos que estuvieran siendo instruidos cuando entró en vigor la reforma el pasado lunes. Pretende que sea, precisamente, el 7 de diciembre la fecha a partir de la cual empiecen a contarse esos seis meses iniciales. Es decir, que el sumario sobre las irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad financiera tendría aún hasta el 6 de junio del año próximo para concluirse aunque no se declare su "complejidad".
En este punto, Andrés Herzog recuerda que la propia Fiscalía General del Estado remitió una circular a todos sus integrantes en la que se abría la puerta a que fueran los propios jueces instructores, en este caso el magistrado Fernando Andreu, los que calificaran o no como complejas las causas que dirigen siempre y cuando estuvieran incoadas antes del pasado 6 de diciembre, el día anterior a la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. UPyD destaca que en dicha circular, la Fiscalía General contemplaba la posibilidad de que sus miembros fueran "flexibles" tanto para la declaración de complejidad si "circunstancias sobrevenidas a la investigación" impedían completar ésta en el plazo estipulado, como en la fijación del plazo máximo siempre que concurran "razones que lo justifiquen".
No obstante, el partido magenta destaca que de los siete requisitos que el artículo 324 de la nueva ley contempla para poder prolongar la instrucción, el caso Bankia cumple al menos tres. En concreto, el de tener "por objeto numerosos hechos punibles", el de involucrar "a gran cantidad de investigados o víctimas" y el hecho de que se precise "de la revisión de la gestión de personas jurídicos-privadas o públicas". En este sentido, el abogado y candidato recuerda que ya hay más de 100 personas imputadas en las diferentes piezas separadas de que consta el procedimiento; que son más de 4.000 perjudicados personados en la misma; que la causa ocupa "decenas de miles de folios", y que aún están pendientes "determinadas resoluciones por dictar". "La presente instrucción cumple sobradamente todos los requisitos para ser determinada compleja" y, por tanto, prolongar su instrucción más allá del próximo 6 de junio si fuera necesario.
El escrito, de tres folios y medio, concluye admitiendo que dicha "declaración de complejidad debe ser solicitada por el Ministerio Fiscal", aunque recalca de nuevo que ello no impide que éste "haga suya una petición de alguna de las partes, como es el presente caso, ni que el propio instructor dé traslado al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre si procede declarar compleja la instrucción si, de oficio, así lo entiende". Es a lo que aspira el candidato de UPyD que, entre mitin y mitin, el pasado lunes presentó a través de su procuradora este escrito para evitar que el 'caso Bankia' se cierre en falso por culpa de la última reforma legal.
El escrito presentado el pasado lunes por UPyD coincide en el tiempo con las providencias que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, la Antidroga y la de la Audiencia Nacional para preguntarles si debe declarar "complejas" cerca de un centenar de causas que investiga, entre ellas el 'caso Púnica', la investigación sobre el clan Polverino de la mafia napolitana o el sumario abierto contra el llamado 'frente de makos' de ETA. En el escrito, el magistrado ya destacaba que la instrucción de la mayor parte de ellos no podrá "razonablemente completarse" en el plazo de seis meses que ha comenzado a contar desde que entró el vigor la reforma. Por ello, insta al Ministerio Público a que se pronuncie cuáles deben beneficiarse de la prórroga que contempla la nueva ley.
