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LoginEl Estado tendrá que indemnizar con ocho millones de euros a una empresa de autobuses de Navarra por el retraso en la tramitación de la concesión de una ruta entre Madrid y Pamplona que la compañía solicitó en 1978 y no se le concedió hasta 2008. El Tribunal Supremo ha dado la razón a la firma, en contra de Ministerio de Fomento y de la Audiencia Nacional, que denegaron la compensación que pedía la empresa por el dinero que había dejado de ganar en las dos décadas que el Gobierno tardó en tramitar su solicitud. El alto tribunal no concede los 45 millones que exigía la sociedad, pero sí impone al Estado una indemnización de ocho millones de euros.
El relato que recoge la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre la empresa Autobuses Pamplona-Madrid da cuenta de la lentitud con la que a menudo funciona la burocracia en España. El retraso, en esta ocasión, le va a costar al Estado ocho millones de euros, aunque la indemnización llega 38 años después de que la empresa solicitara la ruta de autobuses entre Madrid y Pamplona en la que estaba interesada.
A aquella petición, formulada en 1978, el Gobierno no contestó hasta 1997. Como además de lenta, la respuesta fue que no le concedía la ruta, la compañía llevó el caso a los tribunales, que en 2003 le dio la razón. Pero hasta cinco años después, en diciembre de 2008, el Gobierno no le adjudica la ruta.
La compañía puso en marcha el servicio en enero de 2009. Pero en medio, en los 30 años pasados entre la petición de la compañía y la concesión, el Gobierno había otorgado había autorizado esa misma ruta a otras empresas. La empresa decidió por eso solicitar una indemnización de 45 millones por el dinero que había dejado de ganar en esas tres décadas y Fomento se la denegó en 2011. La Audiencia avaló dos años después los argumentos del Gobierno y el Supremo, ahora, los ha corregido.
El alto tribunal considera que a pesar del tiempo transcurrido no han prescrito los plazos porque, según dice en su sentencia, "el cómputo del plazo de prescripción habrá que situarlo (...) en la fecha en la que se otorgó definitivamente la concesión", el 22 de diciembre de 2008. Fue entonces cuando Fomento resolvió el concurso y la perjudicada le pidió al Ministerio una compensación por los perjuicios que venía arrastrando desde décadas atrás.
