No puedes ver los enlaces.
Register or
LoginLa repetición de las elecciones generales el 26 de junio, la posibilidad más probable a la vista del fracaso de las negociaciones a tres entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, supondría para las arcas del Estado un desembolso de 40 millones de euros en subvenciones por escaño y voto, que hay que sumar a la cantidad ya abonada a las distintas formaciones que concurrieron a los comicios del 20D para sufragar sus gastos electorales.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece una subvención de 21.167,64 euros (465,69 euros menos que en los comicios de 2011) por cada escaño que los partidos consigan en el Congreso o el Senado, y de 0,81 euros y 0,32 euros, respectivamente, por cada voto a sus candidatos a las cámaras baja y alta. Los 350 escaños del Congreso y los 208 senadores electos (58 lo son por designación de sus comunidades autónomas) suponen así un desembolso total de 7,5 y 4,4 millones de euros, respectivamente, que los partidos se reparten según los resultados.
Los 40 millones por escaño y voto es el gasto máximo siempre y cuando los partidos justifiquen que se han gastado ese dinero en sus campañas
A los pagos por escaños se suma la subvención por voto a cada candidatura. Si tomamos como referencia los comicios del 20D, si bien las encuestas vaticinan un incremento de la abstención en caso de repetición de los mismos el 26J, observamos que se contabilizaron algo más de 25 millones de votos para el Congreso y una cifra algo inferior a los 25 millones al Senado. El desembolso por ambos conceptos asciende así a 20,5 y 7,9 millones de euros respectivamente, que los partidos se reparten según los apoyos recibidos en las urnas. En total, los citados 40 millones, en números redondos, para sufragar las campañas electorales de los partidos en contienda.
La ley establece en su artículo 127 que «en ningún caso la subvención correspondiente a cada grupo político podrá sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados, justificados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora». Es decir, que los 40 millones por escaño y voto es el gasto máximo siempre y cuando los partidos justifiquen que se han gastado ese dinero en sus campañas. En caso contrario la subvención equivaldría al gasto realmente realizado. Podemos, por ejemplo, reconoció haber gastado 110.000 euros en su campaña electoral del 20D. Una cantidad muy inferior a la que tendría derecho en función de los escaños y los votos conseguidos en las urnas, pero que no cobrará al no haberlos gastado.
La hipótesis de unas nuevas elecciones seis meses después de las celebradas el 20D llevó este lunes a algunos representantes políticos a hacer sugerencias en torno a las mismas. Es el caso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que propuso acortar la campaña electoral si hay consenso entre los grupos políticos. Una posibilidad que fue rechazada por Antonio Hernando, portavoz parlamentario del PSOE, que, no obstante, se mostró partidario de reducir los gastos que generan una convocatoria a las urnas, como la subvención para el envío de propaganda electoral, el buzoneo, que asciende a 0,18 céntimos por elector en cada una de las circunscripciones en las que el partido haya presentado listas al Congreso y al Senado, siempre que obtenga el número de diputados o senadores o votos necesarios para constituir grupo parlamentario propio en una u otra cámara. Una medida, dijo, para que “los ciudadanos no paguen la irresponsabilidad de quienes les van a llevar a unas elecciones”. También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se mostró este lunes partidario de reducir los costes electorales y las subvenciones a los partidos, pero no la duración de la campaña ni los debates.
