Pero su relevancia radica, además, en que por primera vez limita la capacidad de decisión del Gobierno para redactar y aprobar el nombramiento de directores generales, subsecretarios y secretarios generales. En teoría, el Ejecutivo debería recurrir antes a la reserva funcionarial; es decir, debería ofrecer el puesto a un funcionario de carrera, siempre que para el cargo en cuestión no haya excepciones claras para tener que recurrir a personal ajeno a la Administración Pública, como serían la experiencia en el sector privado o habilidades específicas necesarias para el puesto.
En concreto, el Supremo anula los reales decretos 1130/2008, 1133/2008, 1181/1008 y 1181/2008. En el primer RD se aprobaban los nombramientos de cuatro directores generales en el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (Medio Natural y Política Forestal, Desarrollo Sostenible del Medio Rural, Agua y Sostenibilidad de la Costa y del Mar); en el segundo, el director general de Terapias Avanzadas y Trasplantes del Ministerio de Sanidad y Consumo; en el tercero, la dirección general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y, en el cuarto, la secretaría general del Consejo de Coordinación Universitaria del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Un portavoz de la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), sindicato que defiende los intereses de los altos funcionarios de la Administración Central, explica que esta sentencia supone que ya no sólo basta con que el Gobierno justifique el nombramiento, sino que se va a tener que definir específicamente un puesto para que no sea automáticamente ocupado por un funcionario de carrera. “Se endurecen los requisitos para el nombramiento, no vale sólo con una mera descripción del puesto que se va a desempeñar”.
El auto del Tribunal Supremo no crea jurisprudencia, ya que hacen falta al menos dos sentencias en la misma línea para que así sea, pero se supone que desde ahora ésta será la línea que siga en lo concerniente al nombramiento de directivos públicos. Fuentes de la Administración apuntan que la sentencia ha condicionado el cargo de la nueva jefa de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores y debería influir también en la Ley de Directivo Público, cuya redacción se está discutiendo.
:: Fuente: Expansion ::
