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LoginLa Comisión Europea (CE) ha recibido la lista oficial de reformas con la que el Gobierno del izquierdista Alexis Tsipras quiere convencer a sus acreedores internacionales para que entreguen a Grecia la asistencia financiera pendiente, y ha considerado que es "suficientemente completa".
El documento, que consta de seis páginas, incluye un amplio abanico de medidas, sobre todo centradas en incrementar la recaudación fiscal mediante la lucha contra el fraude tributario y la corrupción. Pero lo más relevante es que Syriza renuncia también a algunas de sus grandes líneas rojas, como el aumento inmediato y unilateral del salario mínimo, la incorporación de los empleados públicos despedidos durante la crisis o la suspensión del plan de privatización de activos.
Según la citada lista, Atenas se compromete a dejar intacto el gasto público en personal. En concreto, el Gobierno griego señala que la reforma de los salarios del sector público no supondrá una reducción adicional de los sueldos, pero tampoco aumentará la factura total de los salarios públicos, lo cual implica que no se revertirán los recortes de plantilla aplicados en los últimos años.
El Gobierno de Syriza también promete respetar las privatizaciones en curso o finalizadas, así como mantener las líneas generales de la reforma laboral. En este sentido, avanza que subirá el salario mínimo, pero de forma gradual y siempre bajo la supervisión de la troika.
La lista también incluye las promesas de reformar la política fiscal, junto con revisar y controlar el gasto público en "todos los ámbitos". Igualmente, consolidará los fondos de pensiones para generar ahorros y eliminará los incentivos a la jubilación anticipada. Esto es visto como un esfuerzo por encontrar un compromiso entre el objetivo declarado del Gobierno de no implementar ningún recorte adicional de las pensiones frente a las pretensiones de la UE y del FMI de exigir nuevos ajustes en esta materia.
Por otro lado, Atenas pretende combatir la "crisis humanitaria" mediante el reparto de cupones de comida entre los más necesitados, la "provisión básica de energía" y el acceso universal a la sanidad pública. Asimismo, el documento establece la posibilidad de evaluar la implantación de un sistema piloto de "renta básica garantizada" que, posteriormente, podría extenderse a todo el país, pero, en todo caso, dichas medidas se aplicarían asegurándose de que no tendrán un "impacto fiscal negativo". Es decir, que, en principio, contarán con la financiación necesaria para garantizar la senda de equilibrio presupuestario.
