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LoginEl periodo que se ha iniciado tras los comicios del 24-M, marcado por los negociaciones para las correspondientes investiduras en ayuntamientos y comunidades, sirve como termómetro a la hora de medir el grado de cercanía que tienen las dos principales fuerzas emergentes, Podemos y Ciudadanos, con sus bases. Las dos semanas que han transcurrido desde la cita con las urnas son un buen termómetro a la hora de testar cuánto pesa la opinión de los afiliados en las primeras grandes decisiones de sendos partidos. Tanto la formación de Pablo Iglesias como la de Albert Rivera optan por modelos diferentes, pero que convergen en una cuestión clave: no van a someter a escrutinio popular el sentido del voto de aquellas investiduras donde tengan la llave.
En el caso de Podemos, portavoces del Consejo de Coordinación, como el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil, Rafael Mayoral, ya han deslizado que no habrá consultas a las bases sobre pactos de investidura. Esta cuestión, tal y como trasladó el secretario general del Podemos al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la cena que mantuvieron el pasado miércoles, la dejarán en manos de los líderes territoriales. Según Mayoral, no existe aquí ninguna contradicción con los estatutos del partido ni tampoco un posible incumplimiento de los mismos, ya que, sostiene, las normas internas se refieren a "acuerdos de gobierno", no de investidura, por mucha importancia que tengan éstos para dar el poder a un partido u otro de la competencia.
En concreto, el documento organizativo aprobado en Vistalegre el pasado octubre atribuye en su artículo 33 a la Asambleas Territoriales (todos los inscritos en Podemos en esa comunidad) la competencia "exclusiva e intransferible" de "aprobar o rechazar cualquier tipo de pacto o alianza pre o post electoral para las instituciones de representación de ese orden territorial". Asimismo, la formación morada incluye en su código ético para cumplimiento de sus integrantes el siguiente requisito: "Exigir y respetar que cualquier pacto previo o posterior a las elecciones con cualquier otra formación política sea sometido a la aprobación democrática mediante consulta abierta a toda la ciudadanía en todos y cada uno de los niveles territoriales de representación (Punto VIII)".
Sin embargo, han surgido excepciones en el seno de Podemos. Las direcciones del partido en Asturias, Baleares y Castilla-La Mancha han decidido consultar a las bases pese a que ello no está recogido en los estatutos, no tiene carácter obligatorio y cuyo resultado en ningún caso sería vinculante. En Asturias ha sido el PSOE la fuerza más votada y le bastarían los nueve diputados de Podemos para que Javier Fernández saliera investido presidente con mayoría absoluta. Sin embargo, desde la candidatura de Emilio León tienen previsto preguntar a sus afiliados (aunque todavía no hay fecha) si su cabeza de cartel debe pelear por la Presidencia, votar a otro aspirante (esto es, a Fernández) o abstenerse.
En Castilla-La Mancha, el candidato de Podemos, José García Molina, quiere que el voto de sus diputados para facilitar la entrada del PSOE en el Gobierno regional vaya avalado por las bases de esta comunidad. "Ya sabemos la respuesta de antemano, pero al final la decisión va a ser de vosotros, de eso se trata la democracia", ha dicho García Molina.
Entretanto, en Baleares la intención de consultar a sus afiliados es manifiesta, pero esperan al curso de las negociaciones para definirla. Contemplan así tanto un referéndum sobre la investidura como otro más avanzado sobre una posible entrada en un gobierno presidido por los nacionalistas de MÉS. Este Ejecutivo tripartito estaría integrado por PSOE, Podemos y MÉS. De momento, los socialistas se mantienen firmes en ostentar la Presidencia dado que han sido la segunda fuerza más votada. Sobre pactos de gobierno, la consigna general en Podemos es no formar parte de aquellos ejecutivos liderados por el PSOE.
Ciudadanos, todavía en construcción
De otro lado, el partido de Albert Rivera, que no ha pregonado al nivel de Podemos esa horizontalidad de nuevo partido, ha definido desde un primer momento su política de actuación para los acuerdos de investidura. Dos días después del 24-M, Ciudadanos reunió a su Comité Nacional de Acuerdos Post Electorales. De esta mesa salió el documento-guía para ser aplicado en todos aquellos lugares donde C's ejerce como bisagra, ya sean municipios o comunidades.
El citado texto establece dentro de sus reglas generales como sexta norma de obligado cumplimiento que "cualquier propuesta de acuerdos deberá ser aprobada por la Comisión Ejecutiva del partido". El partido de Albert Rivera todavía no ha conformado todos sus Comités Ejecutivos regionales. Será la dirección nacional quien tenga la última palabra sobre las investiduras autonómicas.
Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde C's aún no cuenta con un Comité Territorial activo, la ejecutiva de Albert Rivera será quien decida por sí sola (no podrá escuchar a este comité autonómico) si permite que Cristina Cifuentes (PP) sea presidenta o si facilita, en cambio, la investidura del socialista Ángel Gabilondo. Ese futuro comité autonómico tendrá como máximo un tercio de sus miembros nombrados directamente por Barcelona, es decir, por el equipo de Rivera.
