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Login“Creo que el derecho de autodeterminación de los pueblos es un derecho humano y como tal, en sí mismo, hay que respetarlo”. Así se ha referido el juez inhabilitado Baltasar Garzón cuando los medios le han preguntado sobre 27-S y el desafío soberanista de Artur Mas, presidente de la Generalitat, en los cursos de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial.
El que fuera titular del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional confiesa que es partidario de ese cambio que se está promoviendo por parte de ciertos partidos políticos hacia un Estado federal, aunque siempre que se respeten las normas. Así, Garzón ha marcado claramente una línea roja en torno a la independencia: “Lo que no es admisible en una democracia es el ejercicio de la violencia o la práctica de la violencia para imponer ideas políticas”.
Enlazando con estos temas de violencia, el exjuez se ha referido a las víctimas como una de las cosas más importantes a considerar en este tipo de procesos, cosa que, según declara, no parece compartir con Esperanza Aguirre, que tan sólo hace unas semanas volvió a plantear la derogación de la Ley de Memoria Histórica. “Lo mejor que podía hacer es callarse y tener el respeto merecen las víctimas”, ha declarado.
“Ciertas personas tienen una idea torcida, exacerbada y descontextualizada sobre algunos temas”, ha continuado diciendo a la par que señalaba que la normativa es “absolutamente insuficiente” para las víctimas. Para Garzón Aguirre no sólo desconoce la sensibilidad que afecta a estos temas, sino toda la “normativa nacional e internacional que habla de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.
En los últimos días se ha conocido el nuevo presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El magistrado Sieira ha sido sustituido por Luis María Díez-Picazo, un movimiento que ya ha sido catalogado como político, tras conocer los estrechos círculos que hay entre Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial y principal impulsor de Díez-Picazo, y Mariano Rajoy. “El problema no es que se cambie a un presidente por otro sino que se suscite una polémica de que esto se hace por un interés extraño a lo que es el propio mérito y funcionamiento del Tribunal”, criticaba Garzón.
Para el magistrado inhabilitado, no hay motivos para quitar a Sieira de su cargo si, como han dicho desde los círculos conservadores, venía desarrollando su labor con absoluta transparencia, ecuanimidad y buen hacer. “Eso sí daña la credibilidad de la Justicia y es responsabilidad del órgano de gobierno de los jueces transmitir que ese eventual cambio no es por ninguna razón oculta”, ha concluido.
