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LoginDesde Estados Unidos a Reino Unido pasando por Francia o Alemania, los principales Estados han dejado muy claro que no reconocerán una declaración unilateral de independencia de Cataluña. De modo que si la futura Generalitat fuese adelante con ello, los catalanes quedarían como una de esas pocas naciones del mundo que se han escindido sin ninguna ayuda de las instituciones internacionales, un camino de espinas y aislamiento sobre el que precisamente advertía el informe de la Fundación Alternativas conocido este jueves.
Durante las últimas dos décadas, tan sólo cuatro países se han independizado sin el reconocimiento suficiente como para que fuesen asistidos por un programa de rescate tipo FMI: Montenegro, Eritrea, Sudán del Sur y Timor Oriental. Si por algún casual también se acuerdan de Kosovo, este país recibió en cambio ayuda tanto del FMI como del Banco Mundial.
Aunque estemos hablando de unos PIB per cápita del entorno de los 2.000 dólares en el mejor de los casos y por lo tanto guarden muy pocas similitudes con la economía catalana, se trata de ejemplos harto relevantes en un sentido: de la noche a la mañana, estos países se enfrentaron a la titánica labor de orquestar un Estado nuevo sin una moneda propia y sin contar con un programa de rescate del Fondo Monetario Internacional o un organismo parecido. Justo como tendría que hacerlo Cataluña.
Al no contar con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, una Cataluña independiente tendría harto difícil conseguir financiación
¿Y qué implica eso? Pues que sin la ayuda del FMI nadie financiaría ni a ese nuevo Estado, ni a su banca. Aunque Cataluña terminaría sin duda siendo una economía viable, primero tendría que atravesar por un periodo de dolor y turbulencias a la griega, con unas consecuencias nefastas y duraderas.
En un primer momento, se derrumbarían las exportaciones a España por el efecto frontera; muchas personas y empresas se trasladarían fuera y el capital pondría pies en polvorosa. Golpeados por estos eventos y sin una agencia tributaria efectiva, los ingresos se desplomarían y, por lo tanto, los catalanes tendrían que ajustarse a lo bruto. Por si ya costaba aceptar la austeridad, encajarían unas dosis mucho peores de lo conocido hasta ahora.
Ante semejante disyuntiva, esos países que ya de por sí eran pobres tuvieron que elegir entre usar de forma alegal una divisa extranjera como hizo Montenegro, o en el caso contrario acuñar una nueva voluta como decidieron en Eritrea (el nafka), Sudán del Sur (la libra sursudanesa) y Timor Oriental (el centavo que convive con el dólar). En un santiamén, Cataluña retrocedería a una situación que en las últimas décadas sólo han transitado países en condiciones paupérrimas. Hasta tal punto llega el sinsentido.
De optar por una moneda propia, se impagarían las deudas en euros y la financiación desaparecería. El nuevo Estado acabaría intentando atajar el desastre imprimiendo dinero a la desesperada y, en consecuencia, generando una hiperinflación y burbujas. Los ricos serían aquellos que hubiesen sido capaces de mover su dinero fuera, mientras que los pensionistas y los asalariados se verían atrapados con cada vez menos capacidad adquisitiva.
No obstante, en principio la Generalitat ya ha declarado que se decantaría por usar el euro de forma alegal y unilateral como hace Montenegro, el cual reemplazó el dinar con el marco alemán para domeñar una inflación salvaje y luego emigró hacia al euro al crearse la moneda única. Ahora bien, esta decisión también presenta unos retos igualmente ingentes y que se han visualizado a la perfección en Grecia.
Privado de la cobertura del BCE, el nuevo país necesitaría de una base monetaria que le genere liquidez en euros. En el supuesto de algunos países pequeños que manejan una moneda que no es suya, esa base normalmente la constituyen las remesas de los emigrantes. En el caso de una Grecia con un pie casi fuera del euro, no tuvieron más remedio que acudir a los rescates de la Troika. Pero en la hipótesis de ciencia ficción de Cataluña no habría un reconocimiento y, por lo tanto, no habría un rescate. Legalmente, la UE sólo podría articular un flotador a través de España. Es decir, dándoselo a Madrid para que éste lo entregue a la Generalitat.
Para colmo de males, al más mínimo atisbo de incertidumbre, los catalanes, al igual que los griegos, comenzarían a trasladar el dinero, por ejemplo, a una filial de su banco en Zaragoza. Con los ingresos del Estado esfumándose y la banca local descapitalizándose, el ajuste sería brutal. Otra vez, los ricos serían aquellos que hayan llevado su dinero fuera, al tiempo que los pensionistas y los asalariados se empobrecerían. Las entidades se verían forzadas a mudar su sede más allá de las fronteras de Cataluña, tal y como ya tienen planeado La Caixa y el Sabadell. Y la financiación se tornaría mucho más cara por dos razones: la primera estriba en que la banca sita en Cataluña tendría que conseguir el dinero de entidades o filiales radicadas fuera y, por consiguiente, habría de pagar un considerable sobreprecio. Y la segunda, porque las transacciones entre bancos se harían sin los avales del BCE, lo que a su vez obligaría a la entidad a poner sus propios avales y encarecería muchísimo el proceso y la financiación.
No hay duda de que semejante cadena de despropósitos también infligiría mucho daño a España. Pero al menos Madrid podría solicitar el programa de compra de deuda soberana del BCE para paliarlo. Tristemente, una Cataluña soberana quedaría fuera de ese paraguas.
