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LoginFue premonitorio de lo que estaba por venir. Sucedió el 21 de noviembre, horas después de las elecciones generales de 2011. Se nacionalizó Banco de Valencia. Se encendió la mecha de la caída de Bankia y del rescate financiero a España con condiciones. Se activaron las subidas de impuestos, de las reformas del mercado laboral, del sistema de pensiones o del mercado eléctrico e inmobiliario. Éste es el recorrido por los 1.500 días del Gobierno Rajoy desde entonces.
2011 fue el año del cese armado de ETA, de la primavera árabe o del accidente nuclear de Fukushima en Japón. También de grandes turbulencias en la Casa Real con el aparcamiento del duque Urdangarin. En economía, España seguía inmersa en la doble crisis financiera e inmobiliaria que estalló en 2008 y que a partir de 2010 se transformó en otra: la crisis de deuda soberana que se inició en Dubai, siguió por Grecia y acabó contagiando a España. La crisis, hasta entonces, parecía todavía un mal sueño. Parecía solucionable. Hasta que llegó Bankia, una bomba de relojería para la credibilidad española que no tardó en estallar.
Aquella criatura financiera, construida a partir de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y una serie de cajas provinciales, debutó en bolsa ese verano de 2011. Y aguantó hasta las elecciones del 20N bajo la dirección del exvicepresidente económico con Aznar y exFMI, Rodrigo Rato. Todo parecía marchar bien, pero la aparición de Bankia fue como lanzar un bengala en la oscuridad del mercado.
Inmediatamente, los inversores de medio mundo identificaron aquella marca verde como un riesgo global para el sistema financiero en España, después de diseccionar sus cuentas y encontrar sapos, culebras y lo mejor de los activos tóxicos inmobiliarios generados durante años de burbuja crediticia y especulación. Todos los inversores comenzaron a mirar de arriba a abajo aquella entidad desconocida de 400.000 millones de euros en activos que cotizaba en bolsa.
RESCATE BANCARIO, LA RESACA ELECTORAL
Un día después de la celebración de las elecciones generales de 2011, Bankia dejó quebrar a su participado Banco de Valencia, que tuvo que ser nacionalizado de inmediato por el Estado con un agujero de 1.000 millones de euros.
Fue el recibimiento de Rato a sus antiguos colegas en el Gobierno… y al revés. En cuanto el cuidador de la OPV, JPMorgan, terminó su contrato de estabilización -que consiste, básicamente, en comprar muchas acciones y vender pocas-, el banco de cajas comenzó a derrumbarse. Fue al poco de la constitución del nuevo Gobierno, en diciembre de 2011, con Luis de Guindos y Cristobal Montoro dirigiendo los ministerios económicos.
A los 100 días de Rajoy como presidente, la cotización de la entidad ya había perdido un 80% de su valor y a los 150 días tuvo que ser rescatada. Al igual que el Estado. En junio de 2012 se confirmó la petición de dinero al Eurogrupo y la llegada de 100.000 millones, de los que se usaron 40.000 millones para sanear cajas y se han perdido la práctica totalidad.
Es la herencia recibida por el Gobierno Rajoy y el mantra que repetirían una y otra vez durante hasta la mitad de la legislatura para justificar las reformas: subidas de impuestos de impuestos generalizadas a las clases medias (IRPF, IVA), abaratamiento del despido… Pero el rescate bancario también es el punto de inicio de que se vuelva a disparar la deuda pública.
Si hay una cifra que acompaña a Rajoy en estos cuatro años es la deuda: cerca de 420.000 millones de euros más, según el Banco de España; o 500.000 millones, según Eurostat, que tiene además en cuenta las obligaciones de empresas publicas y garantías o avales a los que tiene que hacer frente el Estado. En el nombre de los españoles, el Gobierno del PP ha disparado la deuda pública per capita un 44% en estos cuatro años, hasta los 23.000 euros.
Entre Rajoy y Zapatero han elevado lo que se debe en 800.000 millones de euros, a razon de 100.000 millones anuales. La cifra supone que, a pesar de la caída de tipos de interés, el pago de intereses supere con holgura los 33.000 millones anuales, más del doble que antes de la crisis en 2008. Supone en torno al 20% del presupuesto público. Con el actual Gobierno, la deuda pública ha crecido hasta el 100% del PIB y supera el billón, con b, de euros.
IMPUESTOS, PENSIONES Y PRESTACIONES
Para hacer frente a esta espiral de la deuda pública, el Gobierno procedió a echar mano del bolsillo de todos, aunque de manera desigual. Mayor carga entre las clases medias y menos entre los grandes contribuyentes. Entre el IRPF (renta) y IVA (consumo), los dos pilares de la recaudación tributaria, el Gobierno captó 39.000 millones más que si no hubiera modificado estos impuestos. Sin embargo, las empresas aportaron mucho menos a las arcas públicas y el Impuesto de Sociedades pasó de 45.000 millones a 27.000 millones.
Pese a ello se mantuvo el déficit y también el imparable aumento del gasto en otras partidas. La principal, las pensiones. Pese a que apenas se han revalorizado para la mayoría, durante la legislatura, el dinero destinado a pagarlas ha crecido un 20% desde 2011 y un 48% desde 2007. La pensión media ha crecido un 10%, hasta 1.028 euros. Según los últimos presupuestos, supondrán hasta 135.448 millones de euros en el próximo ejercicio, es decir, tres de cada de diez euros.
El otro gran movimiento del gasto público se produce en la legislatura con el desplome en las prestaciones por desempleo: un 21%, hasta 19.820 millones de euros. Desde 2011 ha descendido un 35%. La reducción ha ido de la mano del descenso de población -hay menos ocupados ahora que en 2011- y de la progresiva extinción de las prestaciones.
Cuando Rajoy llegó a la Moncloa, la tasa de paro se situaba en el 22,5%. Un año y medio después, en el primer trimestre de 2013, se rozó el 27%. La escalada vino provocada por la reforma laboral de principios de 2012, que facilitó los despidos colectivos en las empresas y provocó la precarización del mercado laboral. El salario anual medio en el sector privado ha pasado de 23.192 euros a 22392, según los datos de la Agencia Tributaria.
¿Está mejor el mercado laboral que hace cuatro años? Hoy, según las estadísticas oficiales, hay 2,15 millones de personas que llevan más de dos años en situación de desempleo, un 50% más que hace cuatro años; unos 400.000 trabajadores en activo menos (-2%) que entonces y alrededor de 60.000 afiliados menos a la Seguridad Social.
EL RECIBO DE LUZ
Pese a la caída de los costes de generación, una de las cargas que se ha elevado en estos cuatro años ha sido el precio de la luz, una de las facturas y necesidades básicas en cualquier hogar y que durante este tiempo no ha hecho sino elevarse. En concreto, de los 0,21 euros/kw de 2011 a los 0,24 euros del pasado año. En 2013 se firmó además el acta de defunción del sistema de primas a las renovables, que provocó un terremoto en el sector. La legislatura de Rajoy se completa con la subida de los precios eléctricos, junto a un sensible descenso del consumo por la caída de la actividad y la eficiencia energética.
“Han sido cuatro años de claros y oscuros. En lo positivo, ha desparecido la tarifa de ultimo recurso, que generaba déficit de tarifa. En lo negativo, está la penalización al autoconsumo y al consumidor eficiente: se duplican los costes fijos y se penaliza a los consumidores eficientes desde el punto de vista energético”, explica Carlota Pi Amoros, cofundadora del operador alternativo Holaluz.com, nacido en 2011 y que ya cuenta con 55.000 clientes repartidos por la geografía nacional.
“La gente, por ejemplo, que ha invertido en sistema de iluminación LED, mejores lavadoras y ahora no les sirve de nada. Hemos perdido un poco la esperanza. Renunciamos a que el cambio se produzca de arriba abajo, pero se va a hacer de abajo arriba. En cada encuentro sectorial al que vamos nunca escuchamos hablar de la gente y siempre hablan de mantener el sistema. ¿Si el balance es positivo? Yo te diría que no. Por poner un ejemplo, no se ha avanzado nada en poner al consumidor en el centro de las cosas y en este país se regula en función de las grandes empresas, pero eso cambiará pronto”, añade Amoros.
EL LADRILLO VUELVE A LA VIDA
Si hay un sector que visiblemente ha tocado suelo durante la legislatura es el inmobiliario, raíz de la crisis. De 2011 a 2014, en España se llevó a cabo una media de 345.000 ventas anuales de inmuebles nuevos y de segunda mano. En 2015, todo apunta a que se superarán las 400.000, todavía lejos de las 600.000 de la época de la burbuja o el millón de 2006, cuando se marcó el pico máximo del sector.
La crisis ha provocado la caída de tres mitos inmobiliarios. “El primero es la idea de comprar una vivienda para no tirar el dinero. El segundo es que hemos aprendido que el precio de los pisos sí puede bajar. Y el tercero es que no se podía vender por debajo del precio de compra”, señala Fernando Encinar, director de estudios del portal inmobiliario Idealista.
Pero más allá del propio comportamiento del sector, la etapa de Rajoy acoge dos grandes reformas que marcarán el devenir y la recuperación del ladrillo. En primer lugar, la creación en el verano de 2012 de la Sareb, el "banco malo" del Estado que absorbió los activos tóxicos de las entidades financieras y que tenía como objetivo reanudar la actividad de compra y venta en el sector.
En segundo lugar, la reforma que catapultó a las socimis -sociedades cotizadas inmobiliarias- que se han convertido en paraíso fiscal para inversores internacionales por la exención al 100% del pago de impuestos sobre beneficios. Su llegada ha reactivado al sector, que ha registrado un volumen de inversión similar al de 2007. Chinos, rusos, estadounidenses… De Wang Jianlin a George Soros, las socimis acogen desde 2013 a algunas de las mayores fortunas del mundo.
¿CUATRO AÑOS DE INERCIA ECONÓMICA?
Más allá de las acciones del propio Gobierno desde 2011, la legislatura ha quedado marcada por dos etapas y la inercia económica al son de los mercados y la ayuda exterior. La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de hacer “lo que haga falta” -Draghi dixit- en julio de 2012 marca el punto de inflexión para la economía española, que deja de estar asfixiada y comienza a recibir más oxígeno.
La prima de riesgo -diferencial del bono español frente al alemán- estaba entonces por encima de los 600 puntos, el doble que tras la llegada del nuevo Gobierno siete meses atrás. Esa diferencia impedía al Estado y a las empresas españolas obtener financiación de forma sostenible, pero la mano del BCE hizo bajar la prima hasta los 120 puntos en que se mueve desde 2014.
Asimismo, la caída del euro frente al dólar (-20% en el último año) ha acelerado la maquinaria de las empresas exportadoras, las primeras en despertar de la crisis. También lo han sido las empresas de corte tecnológico, al igual que en otros países desarrollados. “En general, creo que la economía y las empresas estamos mucho mejor que hace cuatro años, aunque ha existido una evidente inercia externa en plano económico (caída del euro, del petróleo...)”, explica Iñaki Arrola, cofundador de Coches.com y del fondo de capital riesgo Vitamina K.
“Desde el Gobierno Rajoy no han hecho todo lo que prometían, sobre todo con la fiscalidad (stock options, exit tax...). Las empresas tecnológicas que se montan ahora son mucho más sólidas y ambiciosas que hace cuatro años. Nada que ver, como también las posibilidades de financiación, que son mucho mayores”, añade. En este sentido, el Gobierno también echó mano del dinero público con la creación de un fondo de capital riesgo, auspiciado por el ICO, que inyectó al sector 1.200 millones de euros.
Durante el último año y medio, además, España se ha visto beneficiada como nunca del desplome de los precios del petróleo, cuya caída ronda el 65% en la legislatura. El efecto divisa y el rol de país seguro han sido fundamentales para que el turismo brille como nunca: de 2011 a 2015 se ha pasado de 56 a 68 millones de turistas y el sector ha elevado su peso del 10,9% al 12% del PIB.
La economía llega al final de la legislatura en su mejor momento desde antes de la crisis, con un crecimiento anualizado del 3,4%, pero en clara desaceleración, de nuevo, por la influencia internacional. Según De Guindos, ministro de Economía, y Linde, gobernador del Banco de España, “en situación vulnerable” en términos de financiación. ¿Estará mejor dentro de cuatro años?
