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LoginDos altos cargos de la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia han sido citados a declarar como investigados en la primera causa judicial que se sigue en España contra una Administración por retrasar tratamientos a seis pacientes con hepatitis C que murieron en Galicia entre 2014 y 2015. La Fiscalía de Santiago de Compostela les atribuye dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional.La Fiscalía llevaba desde marzo de 2015 investigando al Servizo Galego de Saúde (Sergas) por las restricciones y retrasos impuestos a la hora de autorizar la aplicación efectiva de los nuevos tratamientos aparecidos para tratar a pacientes con hepatitis C y en enero decidió derivar el tema al juzgado, de modo que desde entonces el fiscal y el juez de Instrucción número 3 de Santiago, Andres Lago Louro, investigaban el caso. Fruto de las primeras investigaciones, según fuentes judiciales consultadas, el fiscal concluyó que los responsables eran dos altos cargos de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia , el que fuera director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez (ahora es gerente del área de Vigo) y la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo. La Fiscalía les acusa de un delito de homicidio imprudente, de modo que ha pedido al juez que decretase la apertura de juicio oral. Les atribuye, además, un segundo delito de prevaricación. El juez, que la semana pasada comunicó a una asociación de pacientes que aceptaba su personación en la causa como acusación popular, aceptó finalmente abrir diligencias y citarles a declarar en calidad de investigados, si bien no ha trascendido si por este mismo delito de homicidio por imprudencia que ve el fiscal o por otra infracción penal. La denuncia de la Fiscalía tiene su origen en una previa presentada por el colectivo médico Batas Blancas por las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia en relación con nuevos tratamientos como Sovaldi en colaboración con la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C de Galicia. El fiscal analizó las historias clínicas y documentación de ocho pacientes y finalmente se centra en seis casos de fallecidos entre los años 2014 y 2015 dependientes de diversos centros sanitarios gallegos concluyendo que el entonces director general de asistencia sanitaria y la subdirectora general de Farmacia, como personas responsables de los organismos encargados dentro del Servicio Gallego de Salud de la autorización de medicamentos como uso compasivo y la utilización de medicamentos en condiciones diferentes a las establecidas en su ficha técnica- conforme a las instrucciones establecidas en los programas aprobados-, los tramitaron "con retraso injustificado", "dilatando la toma de decisiones". La actuación de ambos altos cargos de la Administración sanitaria supuso "poner en grave riesgo la vida de los pacientes", con resultado de muerte en alguno de los supuestos. Entre las actuaciones que cuestiona, figura la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y financiación de la compra de dicha medicación, "eludiendo dar una respuesta a las peticiones formuladas por los facultativos" en relación a pacientes que se encontraban en estado grave y sin otra alternativa terapéutica e "infringiendo los compromisos establecidos en las instrucciones por ellos elaborados". En relación con el director de Asistencia Sanitaria, indica que incumplió la legalidad tanto presupuestaria como en materia de contratación en relación con el medicamento Sofosbuvir , que dejó de ser gratuito en enero de 2014. Le cuestiona que "lejos de realizar una retención de crédito para atender la necesidad de gasto" y tramitar un concurso público que garantizase el suministro del total de pedidos de forma inmediata, lo fraccionó en contratos menores. En conclusión, el fiscal indica que el retraso en las peticiones y suministro de Sofosbumir "obedecieron a razones de tipo presupuestario del Sergas, y no de contenido médico o clínico, posponiendo la toma de decisiones".El portavoz de Batas Blancas, Enrique Costas, manifiesta su satisfacción este lunes tras conocer la noticia de boca del propio juez, pues "lo que viene es a confirmar que los recortes matan, literalmente". "La Fiscalía no sólo confirma la denuncia, sino que, después de investigarla, confirma nuestros casos y más del doble", indicó Enrique Costas en declaraciones a EL MUNDO. Recuerda que "hay muertes que son consecuencia de políticas basadas exclusivamente en cuestiones presupuestarias" y en las que "se prescinde del criterio médico en base a una decisión política que permitió que gente muriese".Por su parte, el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, ha confiado en que se "aclare" lo ocurrido en el Servicio Gallego de Salud, algunos de cuyos cargos están siendo investigados por la Justicia debido al retraso en el tratamiento de la hepatitis C a algunos pacientes que habrían fallecido sin recibirlos, aunque ha asegurado que el plan nacional para combatir esta patología "es un éxito, también en Galicia". La Consejería está "tranquila"A raíz de la denuncia de la Fiscalía, el consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuíña, ha asegurado que en la Administración sanitaria están "tranquilos" porque "siempre se utilizaron criterios clínicos de atención a todos estos pacientes". Tras asegurar que respetan la acción de la Justicia y que han pasado toda la información solicitada a la Fiscalía "con cumplimiento estricto de los protocolos", el responsable autonómico ha asegurado que los altos cargos de la Xunta investigados aún no han sido notificados oficialmente para declarar. El auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago les ha citado para el próximo 28 de abril en los juzgados de la capital de Galicia por haber retrasado la aplicación efectiva de los nuevos tratamientos, según la Fiscalía, basándose en "criterios presupuestarios". Al respecto, Vázquez Almuíña ha asegurado que primero tendrán que declarar las personas que ejercieron ese trabajo, pero su opinión es que "lo han hecho como tiene que hacerse, con criterio y responsabilidad, teniendo en cuenta de que tratamos pacientes con cierta gravedad".El responsable autonómico de Sanidad ha indicado que se trata de pacientes que llevan muchos años con esa enfermedad y la mortalidad "es siempre alta", pero su departamento ha comenzado con nuevos tratamientos usando "un protocolo estricto de seguimiento" y, para suministrarlos, utilizaron criterios clínicos "y así lo defenderán las personas que tuvieron la responsabilidad directa". Él defiende su "gran labor durante todo este tiempo" y asegura que en todo momento la consejería y las personas que trabajan en ella han trabajado "a destajo" para que "no haya exclusión alguna entre pacientes".En relación con esos criterios utilizados, indica que se trata de que todos los que necesiten ese tratamiento tengan la misma accesibilidad, un criterio a nivel nacional para que lo utilicen "en igualdad de condiciones sean de Madrid, Galicia y dentro de Galicia en cualquier complejo hospitalario", siempre "con total responsabilidad y buscando el beneficio de los pacientes.Comparerencia 'urgente'La denuncia de la Fiscalía ha desatado una tormenta política en Galicia, donde todos los partidos de la oposición han exigido la comparecencia "urgente" en el Parlamento del presidente, Alberto Núñez Feijóo, para dar explicaciones.El PSOE y AGE también piden el cese de los dos altos cargos investigados al ser un hecho "muy grave y sin precedentes" mientras el portavoz del grupo parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, reprocha a Feijóo que haya dejado a personas gravemente enfermas "en la indefensión absoluta" por su "obsesión por priorizar los dictados del Gobierno central con respecto al déficit".La diputada de En Marea en el Congreso de los Diputados, Ángela Rodríguez (Podemos), añadió se ha acusado a dos altos cargos de la Xunta de homicidio imprudente, pero, en su opinión, "sería un error personalizar la culpa en ellos, porque son las políticas del PP las que matan", de modo que "si hay un culpable último de lo que sucedió con los fármacos contra la hepatitis es, por tanto, Feijóo, y es él quien debería asumir responsabilidades inmediatas".
