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LoginLa Fiscalía General del Estado considera que tramitar en bloque las causas que están llegando en los últimos días desde los juzgados es la única manera de "evitar la impunidad" de cientos de delitos. Fuentes de la fiscalía admiten que si hubiera habido más tiempo, se hubiera actuado de otra manera, pero que la presión de los plazos que marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a tener revisadas hasta el 6 de junio todas las causas abiertas, ha obligado a buscar "fórmulas más creativas". "Lo fundamental es garantizar que no quedan causas impunes", señalan estas fuentes.
La reforma legal limita a seis meses la instrucción penal, prorrogable a 18 meses para causas complejas, siempre a petición del fiscal. La ley entró en vigor el 6 de diciembre, por lo que el 6 de junio se cumplirán seis meses y las causas que no hayan sido consideradas complejas llegan a una especie de limbo legal. De ahí que el fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena Pastor, remitiera este martes a todas las fiscalías un oficio en el que se les autoriza a "utilizar dictámenes uniformes para emitir el pertinente dictamen exclusivamente sobre ampliación de plazo".
La orden supone no tratar cada causa de forma diferenciada, sino que abre la puerta a que se tramiten sin leerla y sin entrar en su contenido, con petición automática de ampliación de plazo solo para impedir que la instrucción se dé por cerrada y no puedan solicitarse nuevas pruebas.
Esta opción, explica la fiscalía, está prevista en el apartado 4 del artículo 324 de la ley, el que fija los plazos de la instrucción. "Excepcionalmente, antes del transcurso de los plazos establecidos en los apartados anteriores o, en su caso, de la prórroga que hubiera sido acordada, si así lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna de las partes personadas, por concurrir razones que lo justifiquen, el instructor, previa audiencia de las demás partes, podrá fijar un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción", señala este apartado. Los fiscales consideran que hay razones para ampararse en esta previsión que establece la ley para casos "excepcionales".
Muchos fiscales ya habían acudido a esta vía durante los seis meses que llevan revisando causas cuando se encontraban con una que no era formalmente compleja, pero en la que iba a faltar tiempo para terminar la instrucción. La diferencia es que ahora se usa esta opción en bloque y sin examinar a fondo el caso. "La ley lo permite y es una posibilidad que barajábamos muchos, pero que ahora se ha institucionalizado", señala Emilio Frías, portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera. Ahora serán los jueces instructores de cada sumario los que deberán decir si se prorroga o no el tiempo de investigación.
Los fiscales progresistas son más críticos con la instrucción de la Fiscalía General, pero admiten que quizá era la única solución posible. "Jurídicamente es una muy mala solución. La ley no busca esto. Pero la alternativa de dejar pasar el plazo puede ser peor", advierte Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. "El oficio demuestra que la ley es un fracaso porque hay que buscar fórmulas para burlarla", señala.
El escrito remitido por el fiscal inspector alude a otra circunstancia que se está viviendo esta semana en los despachos de los fiscales: la llegada desde los juzgados de cientos de sumarios que hasta ahora no constaban en las fiscalías y que, por tanto, no se habían revisado. El control de las causas corresponde a los letrados de la Administración de Justicia (los antiguos secretarios judiciales), que, según se quejó la pasada semana la fiscal general, Consuelo Madrigal, tienen que remitirlas antes del 6 de junio a los fiscales y, en muchos casos, no lo han hecho. "Sospechamos que hay causas que no conocemos, pero no sabemos cuántas", dijo Madrigal, que se comprometió a que los fiscales iban a revisar a tiempo todos los sumarios que tuvieran sobre la mesa, pero no se responsabilizó de los que se hubieran quedado en los juzgados.
Los fiscales relacionan la llegada de cientos de causas a sus sedes desde el pasado lunes con las palabras de Madrigal, cuya reprobación piden los letrados judiciales. Los Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) han difundido un comunicado en el que censuran "la sombra de dudas" que, a su juicio, ha dirigido contra ellos la fiscal general. "Dado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no prevé la manera en que debía desarrollarse la colaboración entre oficinas judiciales y fiscalías, ambas instancias, Ministerio y Fiscalía, tenían la responsabilidad de llegar a un acuerdo legal sobre esta cuestión", señalan los antiguos secretarios. "Lo que pone de manifiesto la situación que se ha generado es que el Ministerio no calibró las consecuencias del artículo ni la disposición del Ministerio Fiscal a colaborar con el cumplimiento del mismo sin pretender quebrar el marco competencial de los colectivos implicados", sostiene SISEJ.
A pesar de la llegada masiva de sumarios en los últimos días, la fiscalía mantiene que todos los casos de los que tenga constancia van a estar revisados el 6 de junio. El oficio que permite tramitarlas en bloque y con dictámenes uniformes pretende garantizar que se cumpla el compromiso de Madrigal, aunque ni su departamento ni las asociaciones de fiscales saben precisar cuántas causas quedan por examinar.
Cuando se aprobó la ley, se habló de alrededor de 550.000 sumarios abiertos en toda España. Más tarde, el Ministerio de Justicia rebajó la cifra a 250.000, pero la ha ido subiendo a 460.000. La única cifra cerrada que tiene el Ministerio Público es que hasta el pasado 1 de mayo se habían revisado 141.815 en las 29 fiscalías en las que el Ministerio de Justicia ha desplegado un plan de refuerzo con motivo de la entrada en vigor de la ley.
