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LoginEl sindicato Manos Limpias mantiene la pena de ocho años de cárcel para la infanta Cristina. Así aparece en el escrito de acusación que ha presentado este viernes, donde considera a la hermana del Rey como cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales que le atribuyen a su marido, Iñaki Urdangarin, en 2007 y 2008 a través de Aizoon, empresa de la que ambos son propietarios al 50%. Además, le reclama el pago de 2,2 millones de euros y la prohibición de recibir subvenciones públicas y beneficios fiscales durante seis años.
Por su parte, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach mantiene intacta su petición de 19 años y medio de cárcel para el exduque de Palma, y de 16 y medio para su exsocio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública.
Según Horrach, Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".Urdangarin defraudó 10.200 euros menos
Un requisito indispensable para que el fiscal pudiera rebajar la pena a ambos acusados pasaba por que hicieran frente a una solicitud de 6,2 millones de euros en responsabilidades civiles a raíz de los fondos presuntamente defraudados en Baleares (2,6 millones de euros), Comunidad Valenciana (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros).
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado ha rebajado en 10.213 euros la cantidad que, según sostienen, Iñaki Urdangarin defraudó a Hacienda a través de Aizoon, de la que es copropietario junto a la Infanta Cristina. De este modo, ambas acusaciones han rebajado de 337.138 a 326.925 euros los fondos que el exduque presuntamente dejó de abonar al fisco.
La Infanta paga los 587.413 € que se le exigían
Manos Limpias es la única acusación que pide cárcel para la infanta. La entidad considera que el papel de la Infanta fue imprescindible para que su marido defraudase hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF correspondientes a los años 2007 y 2008 a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon, y que constituía una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial urdido por Urdangarin y su exsocio.
Este sindicato, cuyo presidente Miguel Bernard está en prisión por extorsión, asegura que no existe motivo alguno para rebajar la solicitud de pena ya que la infanta Cristina no solo no ha colaborado en las investigaciones sino que se ha negado a responder durante el juicio a las preguntas que no procedieran de su propio abogado.
"La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma", dice el escrito de acusación provisional cuyo contenido mantiene inalterado.
En el turno de palabra del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, este ha puesto en conocimiento del tribunal encargado de juzgar el 'caso Nóos' que la infanta pagó los 587.413 euros que le reclamaba el Ministerio Público al considerar que la exduquesa de Palma se lucró de los fondos supuestamente defraudados por su marido. De hecho, Anticorrupción considera que no existe indicio ninguno de haber cometido un delito aunque sostiene un beneficio o aprovechamiento ilícito de las actividades de Urdangarin.
Se rebaja la pena a Jaume Matas
El fiscal mantiene las mismas penas para todos los acusados excepto para la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen y para los exaltos cargos de Baleares acusados, para quienes rebaja su petición: el expresidente del Govern Jaume Matas; el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis 'Pepote' Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.
[Lea aquí: 'Matas entrega su palacete a la Justicia para reparar los daños en Nóos`]
Mientras tanto, la Fiscalía reclama dos años de cárcel para la mujer de Torres por un delito de blanqueo de capitales, y otros dos años para el hermano de ésta y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro.
