Fuente: Expansión
Hacienda saca los colores a la UNED
Publicado el 27/03/2008, por E.S. Mazo/M. Tejo. Madrid
Malas noticias para la educación española. Los organismos internacionales ponen en entredicho la calidad del modelo y ahora es la Intervención General del Estado la que critica los presupuestos del sistema público.
La educación vuelve a estar en el punto de mira. Tras los malos resultados en el informe PISA, en el que España ha vuelto a quedar en los últimos puestos, ahora la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha sido la encargada de sacar los colores al sistema público de Educación.
El organismo, que controla el gasto público, no entiende cómo la UNED (la única universidad pública a distancia que existe en España) puede aumentar tanto el presupuesto en personal cuando el número de alumnos –principal fuente de recursos de sus presupuestos– no cesa de descender.
“La situación financiera de la UNED ha ido experimentando un progresivo deterioro desde el ejercicio 1999, producido fundamentalmente por la disminución de los ingresos por matriculaciones junto con el incremento generalizado de los gastos, especialmente los derivados del incremento de la plantilla efectiva de la Universidad”, apunta, en concreto, la IGAE en el informe que acaba de publicar, de 2005, el último disponible.
Esto se traduce en una deuda neta de unos 60 millones de euros. Pero no acaban ahí los problemas de la UNED: el centro incumple la Ley Orgánica de Universidades, la Ley General Presupuestaria y la normativa en materia contable en determinados apartados de su Contabilidad. Justamente en aquellos que tienen que ver con su relación con otros organismos.
“Siguen sin contabilizarse, presupuestarse y controlarse los ingresos y gastos derivados de las actuaciones formativas de postgrado con titulaciones propias de la Universidad, gestionadas por entidades colaboradoras de la UNED”, critica el informe. Estos recursos son gestionados por diversas entidades, públicas y privadas, quienes ingresan en la UNED un porcentaje de la recaudación por matrículas -normalmente el 15%–, mientras que el resto de los ingresos por dichas matrículas “estaría dedicado a cubrir gastos por los cursos impartidos y en razón a las autorizaciones de gastos otorgadas por el director del curso (personal docente de la UNED)”.
Así, las duras conclusiones de los auditores de Hacienda sobre el único servicio público de educación a distancia se quedan incluso limitadas, al no disponer de “información sobre los gastos e ingresos gestionados por estas instituciones”. Sólo se atreve a estimar que el volumen de ese capítulo gestionado por terceros y no incorporado a los registros contables y al presupuesto del centro educativo supera los 10 millones de euros.
Y tampoco ahí pone punto y final a los flancos detectados por los auditores de la Intervención General del Estado a uno de los máximos exponentes de la educación pública española. La IGAE sigue observando –el informe en este punto tampoco fue favorable en el año previo computado– que existen gastos contabilizados en un periodo posterior a su devengo. ¿De cuánto?, se preguntan los auditores. Eso parece demasiado difícil de averiguar. “La falta de control respecto a la correcta imputación temporal ha impedido determinar el volumen total de gastos pendientes de contabilizar a final de ejercicio”.
Hasta tal punto, que la situación que se ponía de manifiesto en ejercicios anteriores respecto a la no aplicación al presupuesto de la totalidad de las obligaciones reconocidas, por falta de crédito, se ha visto agravada en 2005 al incrementarse operaciones no imputadas al presupuesto.
Pero la UNED no está sola en el grupo peores alumnos. Junto a ella, tampoco superan el examen del auditor la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la del Segura, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), la Mancomunidad de los Canales de Tablilla, y las mutuas de accidentes de trabajo La Previsora y Sat.
La educación pública, bajo lupa
La red de universidades públicas en España es un gran coloso que en el último año engulló alrededor de 7.500 millones de euros, una cifra que se destina a atender las necesidades de 1,5 millones de estudiantes (nueve de cada diez universitarios cursa su titulación en centros públicos) y de 90.000 profesores repartidos por toda España (52.000 son funcionarios y el resto contratados).
Tradicionalmente, se han defendido las fuertes inversiones a la universidad pública por el peso de la investigación: de los cerca de 2.700 programas de doctorados programados, apenas el 6% se imparte en las privadas. En cualquier caso, es difícil conocer en qué se gastan las universidades el dinero público, ya que, según ha denunciado el Tribunal de Cuentas, la supervisión financiera es prácticamente nula.
Junto a la anarquía del control de gasto, los informes internacionales ponen el dedo en la llaga en la calidad de la enseñanza desde las etapas previas al acceso a la carrera. Las demoledoras cifras del último informe PISA revelan, entre otras cuestiones, que la comprensión lectora de los alumnos de secundaria ha retrocedido en 20 puntos respecto a 2003. Aunque los conocimientos no agotan el problema.
Según la OCDE, el gasto educativo español sigue situado por debajo de la media de la treintena de países miembros. Adreas Schleider, jefe de la división de análisis de educación, afirma que España es el único país miembro en el que las personas con estudios universitarios no tienen más probabilidades de encontrar trabajo que el resto y, además, los licenciados no disfrutan de mejores sueldos.
Un saludo,
