Bien, aquí surge un mecanismo de anulación de la soberanía popular y de su manifestación más característica: la libertad legislativa.
Se pretende, mediante este mecanismo, que las leyes aprobadas tengan rango constitucional y sean por esto, inderogables.
El mecanismo es mediante las resoluciones, que, formalmente dictan los comisarios políticos como "Pascual Bildu", pero en la práctica dictadas por el Gobierno. Pero veamos cuál es el procedimiento.
1. Rubalcaba dicta a Pascual, cuál debe ser su "fallo".
2. Desgraciada, estúpida y antidemocráticamente, este fallo "vincula" a los poderes públicos, entre los cuales está el legislativo. Y sobre lo de "vincular", aún no he dicho mi última palabra, ya que también sobre esto hay leyendas urbanas que otro día me encargaré de desmontar, pues lo considero otro error grave al cual inducen los catedráticos y notablemente perjudicial para el jurista. Así pues por eso digo que "vincula" entre comillas, en vez de ponerlo sin comillas.
3. En coherencia con estos mandatos de los comisarios políticos, (que dicho sea de paso, están absolutamente desacreditados por la gente que no forma parte del mundillo jurídico y por buena parte de los juristas) se hace una ley que transcribe sus mandatos.
4. Y fruto de esta leyenda urbana y de la pésima formación jurídica de los parlamentarios, que participan de ese error de que estos fallos "vinculan", se hace una ley que al transcribir esos fallos, tiene (según esta leyenda urbana) rango cuasiconstitucional siendo por ello, prácticamente inderogable.
5. Y finalmente, los nuevos Gobiernos y las nuevas Cortes no pueden derogar esta ley, que según esta leyenda urbana sería prácticamente un "acto debido" del poder legislativo, el cual a su vez, debía legislar siguiendo a estos "fallos" pero no así contra ellos.
