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LoginLa Fiscalía Anticorrupción investiga por presunta prevaricación un contrato otorgado por la Cámara de Comercio de España a la firma de abogados Equipo Económico, la consultora que en 2006 fundó el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. La investigación intenta determinar si la adjudicación vulneró la Ley de Contratos del Estado y cómo y por qué se eligió a este bufete.
Las pesquisas de Anticorrupción se centran en un contrato firmado en 2012 entre el entonces Consejo Superior de Cámaras de Comercio y este despacho, un conocido lobby madrileño que dirige Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Hacienda con Montoro durante el Gobierno de José María Aznar. En el bufete ejercen, también, otros antiguos colaboradores del ministro: Salvador Ruiz, ex director general de la Agencia Tributaria; Francisco Piedras, ex director del gabinete de la Secretaría de Estado; y Manuel de Vicente, ex jefe del gabinete Técnico de la Agencia Tributaria. El ministro Montoro fundó en 2006 este bufete bajo el nombre de Montoro y Asociados y lo abandonó al retornar a la política.
El contrato otorgado a Equipo Económico por el Consejo Superior de Cámaras ordenaba la elaboración de un documento orientativo que sirviera como borrador para la nueva ley de Cámaras de Comercio que se empezó a tramitar en 2012 y aprobó dos años más tarde.
“Tuvimos múltiples reuniones, nos entrevistamos con el presidente del Consejo y con otros responsables. Hay muchos correos y documentos que acreditan que el trabajo se realizó”, asegura Martínez Rico, el responsable del bufete. Un portavoz de la Cámara de Comercio de España afirma que hubo “entregas parciales del trabajo y un documento final. Hemos demostrado con distinta documentación que el trabajo se hizo”.
La investigación se centra ahora en determinar por qué se adjudicó a dedo ese contrato sin sacarlo a concurso público. La ley establece que a partir de 12.000 euros las adjudicaciones no pueden ser directas.
La Cámara de Comercio de España es un organismo público que gestiona más de 110 millones de fondos de la Comisión Europea y cuya misión principal es el apoyo a las empresas, en especial a las pymes. Un portavoz de la Cámara asegura que el trabajo se pagó con fondos privados y que en este organismo solo se aplica la normativa de contración pública cuando se trata de actividades o programas financiados con fondos comunitarios.
El precio inicial del contrato investigado fue de 216.000 euros que posteriormente se rebajaron a 90.000 y el objeto del trabajo era un análisis sobre el impacto que tendría sobre las cámaras la nueva ley que tramitaba entonces el Gobierno, sus funciones futuras, modelo de negocio y naturaleza jurídica.
Según un portavoz de la Cámara de Comercio de España, en abril de 2012 el comité ejecutivo facultó por unanimidad “como un caso excepcional y urgente” al anterior presidente, Manuel Teruel para que buscara una consultora con experiencia administrativa que llevara a cabo este análisis. Meses después el borrador presentado recibió el “consenso unánime” de las cámaras y se remitió al Gobierno.
El precio inicial se rebajó a menos de la mitad porque finalmente se renunció a la asistencia del despacho durante la tramitación parlamentaria de la nueva ley que rige las cámaras. También se contrató para otros análisis a las consultora Price Waterhouse, Dentom y al despacho de abogados Pérez Llorca.
La investigación se inició el 10 de enero de 2014 con la apertura de unas diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la petición de todos los contratos que firmó el entonces Consejo Superior de Cámaras con empresas y proveedores durante los últimos cinco años entre los que figuran firmas como Price Waterhouse, Deloitte, Indra y Erns and Young, entre otras consultoras.
Tras catorce meses de pesquisas todo el foco de las pesquisas se centra en el contrato firmado con el despacho Equipo Económico.
