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LoginLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está desarrollando esta mañana una macrooperación en la que han sido detenidos dos delegados de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y 14 ex altos cargos de dicha consejería y del Servicio Andaluz de Empleo en relación con el fraude de los cursos de formación. Los agentes han arrestado, de orden de la juez Mercedes Alaya, a los exdirectores de las ocho delegaciones provinciales de Empleo, así como cuatro ex directores generales del Gobierno andaluz: Teresa Florido, María José Lara, Manuel Brenes y Andrés Sánchez.
Los anteriores y actuales responsables de la Junta de Andalucía implicados se elevan por ahora a 16, de los que dos ejercen actualmente como delegados de Empleo. Son Aurora Cosano Prieto, de Sevilla, y Eduardo Manuel Muñoz García, de Huelva. Este último fue alcalde de Nerva (Huelva). Estos han sido apartados de sus cargos esta misma mañana. "Aunque la Junta respeta la presunción de inocencia y está convencida de que los altos cargos en activo son personas honestas e íntegras, ha decidido apartarlos de sus funciones porque es necesario actuar de manera implacable con el objetivo de preservar el buen nombre de la Junta de Andalucía", ha afirmado el portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez.
Los otros arrestados son siete exdelegados de Empleo, entre los que destaca Antonio Rivas, también imputado en el caso ERE. Además, han sido detenidos Juan Manuel Bouza, de Cádiz: Francisca Pérez Laborda, de Almería, Marina Martín, de Granada, Juan Carlos Lomeña, de Málaga; y tres ex responsables de consorcios de formación de Almonte (Huelva) y Mijas (Málaga). Esta tarde podrían empezar a pasar a disposición judicial.
Una de las detenidas, la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo Teresa Florido, es cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, imputado ya por la juez Alaya en la causa que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta.
La juez decretó en enero pasado el secreto parcial del caso relativo a los cursos de formación ante la "gravedad" del fraude que detectó en los consorcios y los "entramados empresariales" del sector de formación y lo amplió tras analizar los informes de la Intervención sobre el SAE.
La operación Barrado, dirigida por Alaya, afecta en este momento a los responsables políticos de estos cursos por no haber controlado su gestión ni haber pedido responsabilidades o cuentas de ellos a las empresas a las que se le adjudicaron. Más de 1.000 empresas recibieron dinero de la Junta de Andalucía entre 2002 y 2012 para impartir formación a parados de la comunidad autónoma.
Si bien recientemente la policía hizo otra macrorredada sobre los cursos, esta solo afectaba a los dueños de las empresas que montaron los cursos. Alaya está actuando ahora contra los responsables políticos. Mientras que la policía actúa al menos bajo la dirección de nueve jueces repartidos por Andalucía, la Guardia Civil trabaja para Alaya.
El golpe se ha llevado a cabo dos días después de las elecciones andaluzas, en el mismo día en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidirá el destino de la juez.
La juez ya advirtió en un auto de enero que había detectado en el transcurso de la investigación distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe). En ese escrito ya advirtió de la existencia de "empresas que tenían acceso a un volumen importante de subvenciones" y de "personas relacionadas con determinados cargos de la Administración".
Sobre los responsables de las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la juez se amparó en los informes de la Intervención General, que identificaban irregularidades de "especial importancia". En ese momento declaró el secreto de las actuaciones ente el "riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".
Los agentes están practicando diversos registros, entre ellos en la empresa Ciomijas, centro andaluz de formación integral de las industrias del ocio, ubicado en Málaga.
