Eso de que ciudadanos es el partido del Ibex 35 sólo lo decís los de podemos. A ciudadanos se le critica desde la izquierda y la derecha, en prácticamente todos los Medios de comunicación. No creo que las promesas para atraer inversores del PP sean iguales a las de Ciudadanos. Por cierto, Podemos como piensa bajar el paro, porque aparte de atacar a otros partidos, todavía no tiene una propuesta clara.
Pues sí, si te parece que son pocas las propuestas que se van a debatir
El presente texto es un documento realizado a petición de Podemos para que sirva
como punto de partida para la discusión y elaboración de un Programa Económico de gobierno con el que concurra a unas próximas elecciones generales.
5.2. Generar demanda efectiva e ingresos para poder crear empleo suficiente y decente
Alcanzar el pleno empleo debe ser objetivo prioritario del gobierno de Podemos tanto
a través del estímulo al sector privado como, cuando ello no sea suficiente, mediante la
creación de empleo por parte del Estado corrigiendo el enorme déficit de infraestructura
social del país a través de la expansión de los servicios públicos del Estado de Bienestar, hoy
claramente subfinanciados en España.
Para garantizar el ejercicio del derecho al trabajo que reconoce nuestra Constitución (hasta
ahora solo de forma retórica) es preciso crear más empleo e ingresos aumentando la
actividad y el gasto de las familias (consumo), de las empresas (inversión), del sector público
o el del exterior en nuestra economía (exportaciones). Para ello se propone actuar en las
siguientes direcciones.
5.2.1. Aumentar el gasto privado y público en nuevas formas de consumo sin
promover consumismo y abriendo nuevos yacimientos de inversión sostenible.
Para reactivar el consumo es imprescindible que, en lugar de seguir bajando, aumente
el porcentaje de los salarios en la renta nacional y, sobre todo, el de las más bajas que
son las que en mayor proporción se destinan al consumo.
Incremento del salario mínimo y establecimiento de máximos en la diferencia
entre los salarios más elevados y el salario medio en las empresas, que en España es
actualmente de 127 a uno.
Derogación de la reforma laboral que no ha servido para crear empleo sino solo
para aumentar la desigualdad desequilibrando las relaciones laborales a favor de la
gran patronal.
Reformas en el sistema de pensiones públicas, tanto en relación con los ingresos
como lo gastos: incremento extraordinario de las cotizaciones sociales empresariales
o financiación por medio de impuestos mientras dure la crisis; revisión de las bases
mínimas y máximas de cotización para garantizar que el sistema sea progresivo;
aumento de la cotización en regímenes especiales y cotización por ingresos reales
en el caso de autónomos y por cuenta propia; eliminación de todos los tipos de
discriminación de género y de edad que perviven en el sistema; revisión de la
naturaleza de los ERE para evitar que sigan siendo una sobrecarga espuria del
sistema de seguridad social. Y, por otro lado, equiparación de las Pensiones No
Contributivas con el mínimo de las Pensiones Contributivas de Jubilación, derogación
de las últimas reformas del sistema de pensiones, consideración de la jubilación como
un derecho restableciendo la edad legal de jubilación a los 65 años con carácter
general pero flexibilizando dicho criterio en función de la naturaleza del trabajo
realizado, y anulación de los recortes en el sistema de cálculo de la pensión.
Ley de las 35 horas de jornada semanal máxima con cómputo semanal y eliminación
de los actuales incentivos a las horas extraordinarias y a jornadas largas que son un
freno a la productividad y a la corresponsabilidad.
Eliminación de los incentivos a la contratación a tiempo parcial no voluntario y
evitar la feminización de los contratos a tiempo parcial.
Eliminación de sobrecargas procedentes de precios de monopolio en sectores como
la electricidad, energía, telecomunicaciones, financiero y otros servicios básicos.
Disminución de la carga hipotecaria de las familias. Creación de una institución de
conciliación en la que deudores, acreedores y administración establezcan condiciones
para la moratoria, reestructuración o quita de la deuda familiar en condiciones que
proporcionen la mayor estabilidad posible al sistema y restituya el daño recibido por
las familias en años anteriores.
Fomento de formas de consumo alternativas encaminadas a promover el reciclaje,
la reparación y reutilización, la oferta de bienes y servicios compartidos y de
procedencia local, la eficiencia energética en el hogar, el transporte colectivo y, en
general, orientadas a valor de otro modo lo útil y lo inútil.
5.2.2. Políticas de igualdad como impulso del consumo sostenible y como inversión
social
Establecimiento del objetivo de universalización del derecho a la educación infantil
pública desde los cero años.
Establecimiento del objetivo de la cobertura universal de las necesidades de
atención a las personas dependientes por parte de los servicios públicos.
Reconocimiento de permisos por nacimiento y/o adopción a cada progenitor o
progenitora con carácter intransferible, de igual duración, con la misma parte obligatoria
y pagados al 100%, estableciendo las medidas transitorias necesarias para aumentar
progresivamente el permiso de los padres (o del ‘otro progenitor’) hasta llegar en un
plazo razonable a la igualdad, empezando por establecer de inmediato las seis semanas
obligatorias para los padres, que es la parte obligatoria que ya tienen las madres.
Eliminación de los incentivos a que las mujeres permanezcan en situación de
dependencia económica, en la economía sumergida o abocadas a recurrir a contratos
a tiempo parcial.
5.2.3. Aumento de la inversión empresarial sostenible
Tratamiento favorable al beneficio productivo, que penaliza la no reinversión de los
beneficios e incentive su inversión en nuevas actividades productivas.
Reformas administrativas que eliminen al máximo de lo posible los costes
innecesarios que produce el mal funcionamiento de la administración.
Reducción de los costes que imponen a las empresas productivas las que operan
en servicios básicos de nula o muy baja competencia, especialmente en el caso de la
energía y las finanzas.
Reorientación de la política de urbanización y vivienda abriendo nuevos
yacimientos de rentabilidad y empleo en actividades como la rehabilitación de
viviendas, la mejora de su rendimiento energético, la promoción de viviendas de
alquiler o tuteladas para personas mayores o dependientes, el urbanismo de cercanía
y cuidados o el reverdecimiento de nuestros espacios públicos.
Apuesta decidida por nuevos tipos de producción y consumo de recursos
energéticos en la línea que se está imponiendo en los países más avanzados de
nuestro entorno, como Alemania.
Modificar la naturaleza y la actuación del banco malo SAREB.
Estrategia global de sostenibilidad para la economía española con medidas
concretas y transversales como eje vertebrador de la reactivación económica con el y
apoyo público que sea necesario, no solo en inversión directa, que puede financiarse
mediante recursos procedentes de la reforma fiscal y de la imprescindible revisión de
la política actual de grandes obras e infraestructuras (puertos, aeropuertos, AVE’s,
etc.).
Creación de una comisión plural y de la máxima solvencia técnica que elabora
una evaluación de la política de grandes inversiones en infraestructuras que en los
últimos años ha sido la fuente principal de corrupción y de gastos de mantenimiento
desorbitados y sin apenas rendimiento social. Moratoria de este tipo de obras e
inversiones.
Promoción y puesta en marcha de un subsector financiero especializado en el
crédito al emprendimiento y apertura de nuevos yacimientos de inversión.
Puesta en marcha de nuevas redes de comercialización vinculadas a la producción
autóctona y la producción local y de pequeña escala vinculada a nuevas formas de
consumo. Exploración de fórmulas que ya existen en otros países europeos o en
pequeña escala en el nuestro de la mano de organizaciones no gubernamentales,
destinadas a satisfacer necesidades básicas de la población con dificultades de
acceso a la oferta actual de los mercados: creación de centrales de compras
participadas por el sector público, tanto estatal como autonómico o local y
organizaciones del tercer sector.
Política estatal frente a la gran empresa para que se respeten normas elementales
de responsabilidad y competencia y no imponga su poder de mercado al tejido
empresarial que realmente es el que crea más empleo y cohesión social.
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