Hola, no se como poner el enlace de la sentencia, así que para abreviar, os pongo la sentencia aunque incompleta, es bastante reciente, los Fundamentos de Derecho los considero interesantes para los interesados en silmutanear ambas profesiones.
Guardia Civil, este año empiezo cuarto. Saludos a todos/as
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 9 Oct. 2007, rec. 572/2004
Ponente: Gallardo Martín de Blas, Eva Isabel.
Nº de sentencia: 1224/2007
Nº de recurso: 572/2004
Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
Texto
En la villa de Madrid,
a nueve de Octubre de dos mil siete
T.S.J. MADRID CON/AD SEC.6
MADRID
SENTENCIA: 01224/2007
Recurso núm.:572/04.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.-
El objeto del recurso se centra en determinar la conformidad o disconformidad a derecho de la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior de fecha 24 de Marzo de 2004, que denegó al recurrente la compatibilidad solicitada para el ejercicio de la Abogacía.
El actor es funcionario de la Guardia Civil, ocupando destino de Motorista en el Destacamento de Tráfico de Murcia . Según certificación emitida por el Teniente de la Guardia Civil , Jefe del Destacamento de Tráfico de Murcia el actor ingresó en el Cuerpo el día 1 de Julio de 1985 , causando alta en el Destacamento de Tráfico de Murcia el día 22 de Septiembre de 1989, donde, como motorista de la Agrupación de tráfico ejerce funciones de vigilancia del tráfico tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas según lo preceptuado en la Ley Orgánica 2/86 así como otros cometidos propios de la especialidad de motorista tales como escoltas protección de Autoridades, pruebas deportivas , transportes especiales etc... en horarios de mañana , tarde o noche , fijados en función de las necesidades del servicio , y con una periodicidad de cinco servicios semanales de 7, 5 horas preferentemente y dos días libres semanales .
Como quiera que el actor es Licenciado en Derecho desde Septiembre de 2003 cuestión ésta no discutida por la Administración demandada y puesto que en el complemento específico asignado a su puesto de trabajo no retribuía la dedicación exclusiva en la Guardia Civil al no incluir el componente singular de éste, formuló solicitud de compatibilidad del ejercicio de la Abogacía con su actividad como funcionario del Cuerpo, según se desprende del documento nº 1 que fue informado desfavorablemente por el General de División, Subdirector General de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil , (folio 8 ) en base a la doctrina del Tribunal Supremo manifestada en su Sentencia de 23 de Enero de 1990 según la cual la pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es causa de incompatibilidad para poder ejercer otras actividades y aquélla para la que la solicita no está comprendida entre las excluidas en el artículo 19 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre y del artículo 15 del R.D. 517/1986 y que las Sentencias de esta Sección favorables a otros funcionarios sólo reconocían situaciones jurídicas individualizadas .
Segundo.-
Esta Sala y Sección se han pronunciado en anteriores recursos acerca de un objeto del recurso idéntico manteniendo en la presente Resolución el criterio que fundó su resolución en aquellos .
En principio es preciso manifestar que el artículo 6.7 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo (de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado) señala, efectivamente, que "la pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es causa de incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo aquéllas exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades".
La Resolución impugnada considera que el precepto transcrito debe ponerse en relación, exclusivamente, con el artículo 19 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre (Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas) que señala las actividades que "quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la presente Ley". Así, como quiera que el ejercicio de la Abogacía no está expresamente mencionado en el citado artículo 19 , la decisión recurrida considera que no puede acogerse la pretensión del recurrente.
A juicio de la Sala, sin embargo, la restrictiva aplicación de los preceptos transcritos realizada por la Administración no puede ser acogida. Ha de entenderse, en primer lugar, que el artículo 6.7 de la Ley Orgánica 2/86 remite "in totum" a la legislación sobre incompatibilidades como así se desprende de su propio tenor literal. Los preceptos de dicha legislación que se refieren a la compatibilidad con actividades privadas son los contenidos en los artículos 11 a 15 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre (Capítulo IV de dicha norma legal). La adecuada y correcta hermenéutica de estos preceptos permite extraer las siguientes conclusiones: a) La incompatibilidad con el ejercicio de actividades privadas se refiere exclusivamente a aquéllas "que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, Organismo o Entidad donde estuviere destinado el funcionario" (artículo 11.1, en relación con el 1.3); b) Existen actividades privadas que son incompatibles en todo caso, concretamente las mencionadas en el artículo 12 , entre las que no se encuentra la Abogacía. Además, el artículo 19 de la Ley (invocado por la decisión recurrida) señala determinadas actividades que serán en todo caso compatibles, entre las cuales tampoco se encuentra la Abogacía. Lo expuesto conduce a una importante consecuencia: el ejercicio de la Abogacía como tal no es ni absolutamente incompatible ni plenamente compatible por no estar incluido ni en el artículo 12 ni el artículo 19 , por lo que la determinación de su régimen jurídico habrá de efectuarse a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.3 y 11.1 de la Ley 53/84 y de las normas reglamentarias que los desarrollan.
Los dos preceptos legales citados condicionan la incompatibilidad del desempeño de un puesto de trabajo en la Administración con el ejercicio de actividades privadas a cualquiera de las dos circunstancias explicitadas en el artículo 1.3: la primera, que la actividad solicitada "pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes del funcionario"; la segunda, que pueda "comprometer su imparcialidad o independencia". Este régimen ha de completarse con las disposiciones reglamentarias de desarrollo constituidas, en lo que hace al caso, por el Real Decreto 517/86, de 21 de febrero (Incompatibilidades del Personal Militar) y por el Real Decreto 598/85, de 30 de abril (Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración del Estado, Seguridad Social y Organismos dependientes). Presupuesto que la primera de las normas reglamentarias es aplicable a los funcionarios de la Guardia Civil según su artículo 1º , ha de señalarse que el artículo 10 de la misma (y, en similares términos, el artículo 11 de la de 1985) contiene dos apartados que deben ser objeto de interpretación en lo que hace al caso; en concreto, señala el precepto citado que "en aplicación de lo previsto en el art. 11.2 de la Ley , no podrá reconocerse compatibilidad para el desempeño de las actividades privadas que en cada caso se expresan al personal que se enumera en los apartados siguientes: b) El personal en cualquier destino, con el ejercicio de la profesión de Procurador o con cualquier actividad que pueda requerir presencia ante los tribunales durante el horario de trabajo; d) Los Jefes de unidades de recursos, con el ejercicio de la abogacía en defensa de intereses privados o públicos frente a la Administración del Estado o de la Seguridad Social o en asuntos que se relacionen con las competencias del Departamento, Organismo, Ente o Empresa en que presten sus servicios".
El ejercicio de la Abogacía (a diferencia de la actuación como Procurador) sólo se declara incompatible si concurren dos circunstancias: a) Que el funcionario sea "Jefe de unidad de recursos"; b) Que defienda asuntos frente a la Administración o la Seguridad Social o relacionados con la dependencia administrativa a la que pertenece. "A sensu contrario", por tanto, podrá el personal al que resulta aplicable el Real Decreto ejercer la Abogacía si no reúne los dos requisitos expuestos, circunstancia que concurre en el Sr. Hugo a la vista del puesto de trabajo que desempeña.
Pudiera pensarse que la expresión "cualquier actividad que pueda requerir presencia ante los tribunales durante el horario de trabajo" que utiliza el apartado b) del precepto parcialmente transcrito impide entender que el ejercicio de la Abogacía es compatible con el desempeño de un puesto en la Guardia Civil. A juicio de la Sala esa no puede ser la interpretación del precepto por cuanto: a) Si se hubiera querido excluir totalmente la Abogacía así se hubiera hecho expresamente(como hace la norma con la Procuraduría); b) Si la incompatibilidad fuera lo querido por la norma no tendría sentido permitir la Abogacía en el apartado d) del mismo precepto a quienes no reúnan los requisitos previstos en el mismo; c) El ejercicio de la Abogacía, no exige su presencia en horario concreto ante los Juzgados y Tribunales a diferencia de la actividad de Procurador (Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1994 , que aborda, precisamente, la posibilidad de que el legislador reglamentario dispense un trato distinto a las actividades de Abogado y Procurador en el artículo 11.2 del Real Decreto 598/1985).
Tercero.-
La actividad privada consistente en el ejercicio de la Abogacía es, por tanto, compatible con el desempeño por el actor de su puesto de trabajo de Motorista del Destacamento de Tráfico en Murcia . Ahora bien, tal compatibilidad no puede ser absoluta, sino en la forma prevista en los artículos 1.3 y 11.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre , así como el artículo 8 del Real Decreto 517/1986, de 21 de febrero que en cuanto a la forma de ejercicio de esa actividad compatible dispone que la misma: no podrá "impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes", esto es, deberá ejercerse con escrupuloso respeto al horario asignado al puesto de trabajo del actor y tampoco podrá "comprometer su imparcialidad o independencia", es decir, el actor no podrá actuar como Abogado en asuntos relacionados o que se refieran a las actividades que desarrolle el Cuerpo de la Guardia Civil , limitación ésta que el propio actor ha previsto en el Suplico de la demanda .
Puesto que en la solicitud se tiene en cuenta que el ejercicio queda supeditado a las funciones que realiza en el Cuerpo en la forma que se ha certificado por el Teniente de la Guardia Civil Jefe del Destacamento de Tráfico de Murcia , debe entenderse acreditado que el desempeño de una función distinta a la que ejerce en el Cuerpo sin merma de ésta es posible y las limitaciones que el propio actor prevé son, precisamente, para evitar que llegue a producirse dicho conflicto
Cuarto.-
A la vista de lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Jurisdiccional , no se aprecian motivos que justifiquen una expresa imposición de las costas procesales causadas.
VISTOS los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación.
F A L L A M O S
Que ESTIMANDO el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª Ana de la Corte Macías, en nombre y representación de D. Mauricio , contra la Resolución del Subsecretaría del Ministerio del Interior de fecha 24 de Marzo de 2004, que denegó al recurrente la compatibilidad solicitada para el ejercicio de la Abogacía, debemos declarar y declaramos dicha Resolución disconforme con el Ordenamiento Jurídico, anulándola.
En consecuencia, declaramos el derecho del actor a compatibilizar el ejercicio de la Abogacía con su actividad como funcionario de la Guardia Civil sin menoscabo del estricto cumplimiento de sus deberes y con respeto absoluto al horario asignado al puesto de trabajo que desempeñe, sin que pueda ejercer la profesión en asuntos relacionados o que se refieran a las actividades que desarrolle el Cuerpo de la Guardia Civil o que sean de su competencia.
Todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas procesales causadas.
Notifíquese esta Resolución conforme previene el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , expresando que contra la misma no cabe recurso.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
