Hacia las diez, Portela Valladares comunicaba el triunfo de la Esquerra en Cataluña y la dimisión de Escalas, Gobernador General de Cataluña. Esa misma noche, comienzan los desórdenes en la calle promovidos por los partidarios del Frente Popular. Es una situación que se mantendrá a lo largo de estos días logrando influir en los cargos públicos de una manera parecida al 14-abril, es decir, provocando la euforia por una victoria que todavía no existía y desmoralizando cualquier posibilidad de resistencia.
Aunque algunos periódicos como el Heraldo de Madrid afirmaban rotundamente que las izquierdas habían logrado la mayoría absoluta, el 18 de febrero, todavía se tiene la impresión de que va a salir una Cámara en la que el Frente Popular se encontraría en equilibrio o con una ligera ventaja sobre la derecha y con la práctica desaparición del centro.
«A PESAR DEL AMBIENTE QUE HAN QUERIDO CREAR ALREDEDOR DE SU TRIUNFO, LAS IZQUIERDAS NO TIENEN, SEGÚN DATOS HASTA AHORA COMPUTADOS, MAYORÍA EN LA CÁMARA.
Triunfo completo de derechas en Cuenca, Palencia, Valladolid, Toledo, Granada, Logroño, Orense, Lugo, Zamora, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, Segovia, Murcia, Navarra, Baleares, Soria, Burgos, Guipúzcoa, Guadalajara, Salamanca y Santander [...]» 3.
En cualquier caso, era imposible decir cuál había de ser la composición definitiva de las Cortes: faltaba por conocer el resultado del escrutinio general del 20 de febrero; en algunas provincias habría que esperar a la celebración de la segunda vuelta y quedaba por desarrollar la labor de la Comisión de Actas para que tuviera lugar la constitución definitiva del Congreso de los Diputados.
En circunstancias normales –como había ocurrido en 1933– el Presidente del Gobierno hubiera dirigido la segunda vuelta y se habría presentado al Parlamento para dar cuenta de la misión recibida. Por el contrario, su dimisión el 19 de febrero va a permitir al Frente Popular la ocupación del Gobierno para, desde él, acabar de redondear los resultados y forzar la mayoría. Portela Valladares había resistido a todas las invitaciones que se le habían hecho para restablecer el orden público, sobre todo por parte del General Franco, jefe del Estado Mayor Central, y de Gil Robles. Si esta cesión se debía al puro pánico o fue fruto de un pacto con los dirigentes del Frente Popular –como afirma Gil Robles en sus memorias– es cuestión difícil de discernir.
En las consultas, casi todos los políticos aconsejaron que se formara el Gobierno que pudiera deducirse de la composición de las nuevas Cortes, pero ¿cuál había de ser ésta? La imposibilidad de formar un Gobierno de acuerdo con la representación parlamentaria de unas Cortes que aún no existían, nos pone de relieve lo absurdo de la situación.
Finalmente fue Manuel Azaña el encargado de formar un Gobierno y lo hizo con elementos de la izquierda burguesa y con el compromiso expreso de realizar el programa del Frente Popular, manteniendo la autoridad del Estado y el respeto a la Constitución y a la Ley. De esta manera se volvía a una situación parecida a la de 1931 en la que Azaña iba a ser progresivamente, aliado, instrumento y prisionero de las organizaciones activas del Frente Popular.
La dimisión de Portela arrastró el éxodo en masa de muchos gobernadores provinciales y otros funcionarios locales que dimitieron aterrados sin esperar la llegada de unos sustitutos adecuados. Apenas tomó posesión el Gobierno de Azaña, sin esperar a la transmisión normal de poderes, procedieron los dirigentes revolucionarios a apoderarse de los edificios y cargos públicos con la posibilidad de actuar así sobre la documentación electoral. En numerosos lugares donde habían triunfado las derechas, en la madrugada del 19 al 20 se abrieron los sobres que contenían las actas de votación y se sustituyeron por otras falsas en número suficiente para trasladar a las candidaturas de izquierda el triunfo que allí habían logrado las izquierdas. Así ocurrió, al menos, en Cáceres, La Coruña, Valencia, Pontevedra, Lugo y Orense.
La segunda vuelta electoral se efectuó en aquellos sitios donde la lista electoral más votada había recibido menos del 40% de los votos. Ello sólo había ocurrido en distritos moderados (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Castellón y Soria) y ahora las coacciones y el ambiente que hemos descrito, provocaron la retirada de los candidatos derechistas o su derrota incluso en aquellos lugares en que se había obtenido la victoria parcial en la primera vuelta.
Un artículo publicado el 5 de marzo en El Liberal de Bilbao y, por tanto, obra de Indalecio Prieto o respaldado por él, demuestra lo que se pretendía y su secuencia lógica:
«Para no dejar suelto ningún eslabón, debe dirigir [el Gobierno] igualmente la lucha en las circunscripciones donde los abusos cometidos justifiquen la nulidad de las elecciones del 16 de febrero. Los 300 diputados con que soñaba en sus delirios de grandeza Gil Robles, serán los que tenga el Frente Popular. Porque cuando se exprese libremente la voluntad del cuerpo electoral allí donde quedó secuestrado, las izquierdas alcanzarán y rebasarán esa cifra. Con esas tres victorias que consecutivamente nos aguardan: Elecciones legislativas parciales, renovación de Municipios y nombramiento de Jefe del Estado, la consolidación del régimen será tan firme que no resultará posible ningún retroceso» 4.
El 15 de marzo tiene lugar la sesión preparatoria de las Cortes —que concluye con los diputados del Frente Popular cantando la Internacional y saludando puño en alto— y al día siguiente se celebra la primera sesión ordinaria, siendo elegido Presidente Diego Martínez Barrios. El 17 se constituye la Comisión de Actas, presidida por Indalecio Prieto y de mayoría izquierdista, encargada de redondear la mayoría del Frente Popular. Su actuación —en un ambiente de violencia e intriga— terminó con una nueva pérdida de escaños por las derechas, aunque no tan desastrosa como hubiera sido previsible ya que, en ocasiones, se impuso el criterio moderado de respetar determinadas actas para así no lanzar a las figuras más destacadas (por ejemplo, Calvo Sotelo) a la oposición extraparlamentaria. «La discusión de las actas dio la tónica de lo que serán irremisiblemente estas Cortes... un organismo de guerra civil, serán la guerra civil misma encuadrada en un hemiciclo» 5.
Por fraudes atribuidos a las derechas durante la emisión de los votos, se declararon nulas las elecciones de Cuenca y Granada sin admitir ninguno de los recursos ante las clarísimas intromisiones de los frentepopulistas en otros lugares. Las izquierdas tampoco consintieron en investigar los robos de actas.
A espera del resultado de estas elecciones, el 3-abril quedaba constituida definitivamente una Cámara con la siguiente composición: izquierdas: 265 diputados; derechas, 133; centro, 54 y 21 puestos vacantes 6. El Frente Popular disponía ya de mayoría absoluta.
A comienzos de mayo se repitieron las elecciones en Cuenca y Granada. Las presiones fueron tales que en Granada las derechas se retiraron y, en medio de enormes dificultades, concurrieron en Cuenca donde se registró un triunfo del Frente Popular fruto de las coacciones y el fraude.
La destitución del Presidente de la República
Alcalá Zamora había manifestado su moderación y había intentado frenar algunas de las medidas planteadas desde el Gobierno. Era consciente de que la nueva administración estaba sirviéndose del estado de alarma y de la supresión parcial de las garantías constitucionales no para mantener el orden sino para dejar manos libres a las fuerzas revolucionarias. Además, poseía el poder constitucional requerido para destituir al Gobierno aunque éste tuviera apoyo de la mayoría parlamentaria y sustituirlo por un gobierno de minoría capaz de celebrar nuevas elecciones y reconducir la situación. El jefe del Estado se resistía a dar ese paso pero el Frente Popular había decidido no correr riesgos.
El 3 de abril, socialistas y comunistas presentaban en el Congreso una proposición pidiendo que se declarase, a los efectos del artículo 81 de la Constitución 7, que la última disolución de Cortes era la segunda de las decretadas durante el mandato presidencial de Alcalá Zamora.
Para seguir este camino, tenían que demostrar que la disolución de las Cortes Constituyentes debía computarse como la primera llevada a cabo por el Presidente de la República y declarar que las Cortes elegidas en noviembre de 1933 (cuya disolución habían pedido tan reiteradamente desde entonces, lográndolo al fin para su propio provecho) habían sido mal disueltas.
En lugar de acudir a una tercera instancia, la propia Cámara se atribuyó la potestad de decidir acerca de la primera cuestión, y al dictaminar inapelablemente que la disolución de las Cortes llevada a cabo en 1936 era la segunda, dejó abierto el camino para usar la vía más fácil de entre las previstas en la Constitución.
Si la destitución de Alcalá Zamora puede considerarse dudosa desde el punto de vista de la legitimidad jurídica, carece con certeza de legitimidad moral. La tesis de que el Decreto de disolución era innecesario sólo podía sustentarse lógicamente por las minorías de derechas, como lo habían hecho en su momento; por el contrario, aprobaron la proposición discutida los mismos partidos que antes se habían manifestado a favor de la disolución de las Cortes.
Nadie se movió para defender al presidente y su destitución quedó aprobada el 7 de abril de 1936. Apenas hacía cinco años que Alcalá Zamora había concedido un plazo a la Monarquía hasta la caída del sol, «ahora al presidente de la República —decía Romanones— no se le ha dado siquiera una hora».
El 10 de mayo tuvo lugar la asamblea conjunta de diputados y compromisarios para elegir al nuevo Jefe del Estado. A nadie sorprendió la elección de Manuel Azaña y el día 13 se formaba un gobierno presidido por Casares Quiroga, que iba a protagonizar la última fase de disolución de la República hasta la noche del 18 de julio.
Durante meses, la situación adquiere un contenido trágico: las derechas se ven obligadas a apoyar al Gobierno para eliminar toda posible actitud de provocación y como no queriendo aceptar la hipótesis de la insensatez del Gobierno; éste no puede hacer otra cosa que estar al servicio de la izquierda por temor a un desbordamiento aún más peligroso y a los revolucionarios, amparados por la legalidad y sin riesgo alguno, les basta exigir el cumplimiento de lo firmado en el pacto del Frente Popular:
«Vivimos en período revolucionario y es preciso que no se nos venga con empachos de legalidad, de la que ya estamos hartos desde el 14 de abril. La legalidad la impone el pueblo, que pedía el 16 de febrero la ejecución de sus asesinos. La República tiene que dar satisfacción a las necesidades del pueblo, y si no lo hace, el pueblo los arrollará e impondrá su voluntad» 8."
Notas:
1 Artículo en Journal de Génève (17-enero-1937), cit. por Cierva, Ricardo de la, Historia actualizada de la Segunda República y la Guerra de España 1931-1939, p.127, Fénix, Madrid, 2003.
2 ABC, Madrid-Sevilla, 18-febrero-1936.
3 ABC, Madrid-Sevilla, 18-febrero-1936. Dos columnas de texto correspondientes a estos titulares fueron suprimidas por la censura.
4 Cit. por Pla, José, Historia de la Segunda República Española. vol.IV, p.327, Destino, Barcelona, 1940-1941.
5 Pla, José, Historia de la Segunda República Española. vol.IV, p.339, Destino, Barcelona, 1940-1941.
6 Historia de la Guerra de Liberación (1936-1939). I. Antecedentes de la guerra, Servicio Histórico Militar, p.433, Madrid, 1945. Payne señala como composición definitiva del Congreso la siguiente: 277 escaños para la izquierda, 60 para el centro y 131 para las derechas (Payne, Stanley G., La primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936, p.337, Paidos, Barcelona, 1995).
7 Según el cual, en caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes sería examinar y resolver sobre la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevaba aneja (sin más trámites) la destitución del Presidente.
8 La Pasionaria en el mitin del 1-marzo; reseña aparecida en El Socialista, cit. por Pla, José, Historia de la Segunda República Española. vol.IV, p.307, Destino, Barcelona, 1940-1941.
