El juez Baltasar Garzón ha decidido mover ficha. Ha recusado a cinco de los magistrados del Tribunal Supremo que le juzgarán por supuesto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo porque cree que estarían inhabilitados por haber participado en la instrucción de la causa.
En un escrito, el abogado de Garzón en este asunto, Gonzalo Martínez-Fresneda, recusa al presidente de la sala de lo penal del Supremo, Juan Saavedra, y a los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.
Según explica, la recusación se basa en el principio general de que quien participa en la instrucción de un procedimiento está inhabilitado para juzgar ese mismo asunto de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La defensa de Garzón recuerda que estos cinco magistrados admitieron a trámite la primera querella contra el juez, realizaron diligencias previas de instrucción antes de decidir la admisión a trámite de la misma y firmaron resoluciones denegando de plano la personación de las víctimas de los crímenes franquistas. También, según indica el letrado, "sugirieron a los familiares de los presuntos responsables franquistas que acudieran a los Tribunales para defender su prestigio, supuestamente denigrado por las resoluciones dictadas por Garzón".
Además, respaldaron la desestimación del archivo de la causa que dictó el instructor de este proceso en el Supremo, Luciano Varela, y confirmaron el cierre de la instrucción en contra de la opinión de la Fiscalía, que solicitó el sobreseimiento hasta en siete ocasiones.
En su opinión, "los magistrados recusados han defendido una interpretación de la Ley procesal para intentar salvaguardar su propia competencia, mostrando con ello un interés indirecto en ser ellos mismos quienes formen parte del tribunal que juzgue al juez Garzón".
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LoginTotalmente de acuerdo con Garzón. No porque se trate de Garzón, sino porque su petición la considero lícita y ajustada a derecho. Debe tener un proceso con todas las garantías como cualquier ciudadano.
