La Constitución se elaboró en un contexto histórico y social concreto, entonces fue la mejor opción. Con el tiempo se ha tornado ineficaz para resolver ciertos problemas, ha mantenido otros y, lo que es peor, los ha creado nuevos.
Cada vez son más las voces que urgen una reforma en profundidad, sobre todo del sistema territorial, desbocado por la megalomanía y ansia de poder de nuestros políticos periféricos. Curiosamente estos efectos ya se advirtieron en su momento y se elaboraron una serie de propuestas para evitarlo, ni que decir tiene el nulo interés que se mostró en seguirlos. Así nos va.
A continuación reproduzco íntegramente el artículo del Catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández, un componente de ese consejo de sabios que elaboró el informe:
HAY QUE RECUPERAR LOS PACTOS INCUMPLIDOSUn 66% de los españoles pide más recortes de las autonomías, y más de un 50% opina que habría que eliminar las televisiones, los Tribunales de Cuentas y los Defensores del Pueblo autonómicos y más de un 80% asegura que habría que recortar también los Parlamentos de las comunidades autónomas, según la encuesta cuyos resultados publicaba este periódico en su edición del pasado domingo.
Estos datos traen a mi memoria inevitablemente el recuerdo del Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías de mayo de 1981 que sirvió de base a los pactos concluidos por el Gobierno presidido por Leopoldo Calvo Sotelo y el PSOE entonces dirigido por Felipe González.
Aquella Comisión, que presidió el profesor García de Enterría y de la que formamos parte los también profesores Cosculluela Montaner, Muñoz Machado, de la Quadra Salcedo, Sosa Wagner, Sánchez Morón y yo mismo, hizo entonces, visto el rumbo que estaba tomando el proceso en marcha, una seria de recomendaciones coincidentes con lo que ahora, 30 años después, parece pensar la mayoría de los españoles.
Me parece importante recordarlas aquí porque una buena parte de los que han respondido a la encuesta son personas que por su edad no conocieron aquellos pactos, ni el referido informe.
El informe propuso, ciertamente, la generalización de las autonomías territoriales no sólo porque en aquel momento ya existían tres comunidades autónomas y una mayoría de los restantes territorios españoles habían elaborado sus Estatutos o, al menos, ejercido la iniciativa manifestando formalmente su decisión de constituirse en comunidades autónomas, sino también porque “no es saludable para la organización del Estado el mantenimiento por mucho tiempo de una doble y contradictoria faz, de manera que sus estructuras respondan a la vez a los principios de la centralización más severa y de la descentralización más profunda. Si ello se permitiera, el Estado, como totalidad organizativa, tendría que ajustarse simultáneamente a dos patrones distintos, ordenarse sobre la base de dos modelos opuestos, producir normas de estructura y alcances diferentes para cada parte del territorio, desarrollar políticas distintas en cada espacio concreto, funcionar, en fin, con arreglo a dos mentalidades”, lo que haría “muy difícil, sino imposible, que la máquina administrativa, quien quiera que sea el que la maneje, consiga asegurar un nivel mínimo de operatividad social”.
Pero, al mismo tiempo que postuló la generalización del sistema, el informe de la Comisión advirtió que, “instauradas las comunidades autónomas en todo el territorio del Estado, resultaría gravemente inconveniente para la salud del sistema que aquellas decidieran reproducir en su propio espacio los esquemas organizativos de la Administración del Estado”.
Estábamos muy lejos de sospechar entonces que las cosas pudieran llegar a los extremos a que han llegado y que el mimetismo y la megalomanía de los líderes periféricos llevara a éstos a reproducir a escala todos los chismes, útiles e inútiles, que la organización del Estado acumula (Consejos consultivos, Defensores del Pueblo, Tribunales de Cuentas, Consejos Económicos y Sociales, Tribunales de Defensa de la Competencia, embajadas, etcétera, etcétera), pero “la excesiva burocratización de los nuevos entes preautonómicos y autonómicos, aún en su andadura provisional”, que era ya perfectamente visible hacía temer que las cosas pudieran orientarse en esa dirección, como así ha sido efectivamente.
Las advertencias del informe en este sentido no pudieron ser más claras: “La impresión de que se incremente inútilmente el aparato público, quebrando la esperanza de que la autonomía flexibilice el sistema administrativo y lo haga más eficiente, puede fortalecerse cuando, generalizado el sistema de autonomías, proliferen también los cargos de carácter político, ejecutivos o parlamentarios”: Es cierto -dijimos- que la Constitución permite que las comunidades autónomas se doten de Asambleas legislativas y de un Ejecutivo o Consejo de Gobierno y que tales instituciones “son precisas para la consagración de autonomías políticas efectivas. Pero de ahí a entender que las comunidades autónomas necesiten pertrecharse del mismo aparato público de que ha dispuesto el Estado centralizado, va un largo camino que no debe recorrerse en ningún caso”.
Y no nos quedamos ahí, en la mera advertencia, porque el informe propuso medidas concretas en estricta correspondencia con nuestros temores. Éstas, entre otras:
- “Los ejecutivos regionales deberán estar integrados por un número reducido de miembros”, no superior a 10.
- “Las Asambleas legislativas, cuya generalización le parece a la Comisión conveniente, deberán tener periodos de sesiones reducidos y sus puestos no deben ser retribuidos de forma regular y permanente, sino por dietas”.
- “La formación de un aparato administrativo extenso debe evitarse tanto en los niveles centrales como en los periféricos. Los servicios centrales de las comunidades autónomas que en adelante se constituyan deben quedar provistos de las dependencias precisas para la asistencia a los órganos políticos, para ejercer las funciones de planificación y coordinación que sea necesario desarrollar desde el nivel regional y para atender, en este caso con carácter estrictamente excepcional, aquellos servicios que inevitablemente deben gestionarse desde un nivel terrritorial más amplio que el provincial”.
- “Por lo que respecta a la Administración periférica de la comunidad autónoma, su creación misma no debe llegar a producirse en ningún caso. Las diputaciones deben quedar convertidas en el escalón administrativo intrarregional básico para que ejerzan ordinariamente las competencias administrativas que pertenecen a las comunidades autónomas”.
Si estas propuestas y los acuerdos políticos que las acogieron hubieran sido respetados no estaríamos ahora como estamos. Pero lamentablemente la cordura y el sentido común duraron muy poco, exactamente lo que duró el miedo que a todos produjo el golpe de Estado del 23-F.
Estamos ahora al borde de la quiebra, lo que da mucho miedo también. ¿Serán capaces los dos grandes partidos de ponerse de acuerdo para dar satisfacción a lo que la lógica y la razón más elementales aconsejaban ya 30 años atrás y reclama hoy mayoritariamente la ciudadanía?
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