La libertad condicional es la sentencia que más
comúnmente dictan los jueces de los tribunales
penales estadounidenses. De hecho, el acusado
puede evitar ser recluido si observa buena conducta
y se adhiere al reglamento, normas y requisitos
de comparecencia de la entidad encargada
de la libertad a prueba. El juez decide la
duración del período de libertad vigilada; no es
inusual que éste sea de varios años. El juez
tiene también la facultad de imponer condiciones
especiales, tales como la participación
en un programa de tratamiento de la toxicomanía,
mantenimiento del empleo o asistencia
a la escuela, si se trata de un menor.
La reclusión carcelaria es un tipo de sentencia
que se utiliza ampliamente; en 2001, en un día
cualquiera, la población reclusa en Estados
Unidos llega a aproximadamente 2 millones.
Cada uno de los estados, así comoel gobierno
federal, tienen su propio sistema penitenciario.
Las administraciones penitenciarias clasifican
a los transgresores (de acuerdo con el riesgo de
peligro, riesgo de fuga, edad, etc.) para asignarlos
a una institución penal de seguridad máxima,
mediana o mínima.
En años recientes, la confiscación de la
propiedad ha aumentado en forma espectacular
como sanción penal, especialmente en los casos
relacionados con las drogas y el crimen organizado.
Típicamente las leyes de confiscación dela propiedad disponen que, como parte de la
sanción penal, el juez puede ordenar que el
acusado pierda toda propiedad empleada para
cometer el delito (automóviles, barcos, aviones
e incluso casas) y/o el producto de la actividad
delictiva (empresas, cuentas bancarias, valores,
etc.).
Los tribunales de Estados Unidos imponen
multas con menor frecuencia. Cuando lo hacen,
usualmente esto es además de otras sanciones.
Tradicionalmente el monto de las fianzas ha
sido bajo, ciertamente mucho más bajo que el
honorario de un abogado penalista privado.
Recientemente, sin embargo, las multas máximas
han aumentado espectacularmente. El Tribunal
Supremo ha dictaminado que cuando se
imponen multas, no se puede recluir al acusado
por falta de pago de las mismas, a menos que la
falta de pago sea deliberada.
La Constitución no le garantiza el derecho de
apelar a quien ha sido declarado culpable, pero
todas las jurisdicciones permiten por lo menos
una apelación como derecho y muchos estados
tienen dos niveles de tribunales de apelación y
dos niveles de apelación. En el segundo nivel
de apelación, en algunas jurisdicciones, el tribunal
tiene discreción para conocer únicamente
las causas que escoja. Debido a la garantía
de excepción de cosa juzgada, el fiscal no
puede apelar un veredicto de inocencia. Por
tanto, la sentencia absolutoria se mantiene
aunque esté basada en un error insigne del juez
al interpretar la ley o en una determinación
incomprensible de los hechos por parte del juez
o el jurado.
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