Noticia hoy en el Diario Sur:
Griñán asegura que el decreto de vivienda es «plenamente constitucional»
El Gobierno estudiará el "encaje legal" del decreto andaluz que permite expropiar temporalmente viviendas que estén sometidas a procesos de desahucio
La Junta de Andalucía defendió ayer la constitucionalidad del decreto sobre vivienda aprobado para frenar los desahucios, aunque el Gobierno central considera que la respuesta al problema debe ser común para todos los españoles, "al margen de la comunidad en la que vivan".
El decreto ley, aprobado en Consejo de Gobierno, generó una gran controversia entre los sectores económicos y políticos, en especial la posibilidad de expropiar temporalmente el uso de viviendas inmersas en procedimientos de desahucio y las sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las casas vacías.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, dijo que su gobierno tiene la "tranquilidad" de que el decreto de vivienda es "plenamente constitucional" porque así lo avalan los estudios de los servicios jurídicos y ha anunciado más medidas contra la exclusión.
"Este es un primer paso y no será el último" porque hay muchas personas que además de estar en paro tienen un alto nivel de endeudamiento, ha dicho Griñán, y ha enfatizado que esas situaciones son una "nueva forma de marginación social que entre todos tenemos que afrontar".
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que estudiará "el encaje legal" de las medidas y los "hipotéticos efectos" del decreto ley, y defendió que "la respuesta tiene que ser para la totalidad de los ciudadanos españoles, al margen de la comunidad autónoma en la que vivan".
"No creemos que éste deba ser un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente las comunidades que quieran abordarlo", señaló Ruiz-Gallardón en los pasillos del Congreso.
Desde el PSOE a nivel nacional se defendió la medida de la Junta y la vicesecretaria general, Elena Valenciano, destacó que el "paso al frente" del Gobierno andaluz frente al "inmovilismo" del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Por su parte, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, recordó que fue el PSOE quien "defendió el desahucio exprés" cuando gobernaba y que ahora hace "demagogia" con este asunto, y calificó de "populismo" la posibilidad de que la Junta de Andalucía pueda hacer expropiaciones temporales.
El PP andaluz se mostró en la misma línea y su líder, Juan Ignacio Zoido, dijo que el decreto "no supone una aportación real en absoluto" porque se ha querido "buscar un titular", y que se trata de una "imposición de IU" en el Gobierno bipartito.
En ese sentido, la federación de izquierdas afirmó que si el Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto se estará poniendo "del lado de los culpables" y oponiéndose a "cientos de miles de ciudadanos".
El portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, mostró su confianza en que no sea recurrido puesto que "no es ningún ardid político para confrontar con ninguna otra fuerza política", sino una norma "al servicio del interés general", así como una "necesidad perentoria" para los ciudadanos.
En otras comunidades también reaccionaron a la norma andaluza y el presidente de la de Madrid, Ignacio González, apuntó que está en contra de toda medida que ponga en cuestión la defensa de la propiedad privada. El portavoz de CiU en el Congreso, Pere Macias, manifestó sus dudas de que la Junta llegue a aplicar el decreto, y el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que está dispuesto a estudiar si también lo aprueba.
Al margen de los partidos políticos, la patronal de la economía social CEPES-Andalucía calificó de "valiente" el decreto y valoró que se refuerce la lucha contra los desahucios hipotecarios, que se cree un nuevo régimen sancionador y que se establezca la expropiación temporal para los casos más graves.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en palabras de su portavoz, Gabriela Bravo, consideró que "todas las iniciativas" que las comunidades autónomas adopten para frenar los desahucios , legalmente y dentro de su marco competencial, son "positivas"