Denuncian que la AVT manipula sus elecciones y maneja una contabilidad B
- Trabajadores, ex empleados y víctimas de la AVT han denunciado graves irregulriddes
- Acusan a su presidenta, Ángeles Pedraz y su mano derecha, Miguel Folguera
Miedo, decepción, tiranía, despidos, malas influencias, datos secretos, despidos, amenazas, falsas víctimas, pagos en metálico... La alfombra de la gestión de las víctimas no oculta precisamente vino y rosas. Al menos es lo que dicen trabajadores, ex trabajadores y víctimas del terrorismo que han tenido responsabilidades en la asociación más representativa. Ponen en duda la actuación de la actual presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, y de su principal consejero, Miguel Folguera, un voluntario que ha hecho carrera junto a ella pese a que ni siquiera es víctima.
De hecho, los trabajadores, ex trabajadores y víctimas con los que EL MUNDO ha mantenido numerosas e intensas reuniones centran en la llegada de Folguera, un guardia civil que aterrizó como voluntario en la AVT y que se ha ganado la confianza de Pedraza día a día, el origen de una gestión de la AVT con más sombras que luces. «O se está con el equipo o eres un abertzale», así de claro se expresaba Folguera.
¿ Pero qué es lo que ponen en duda estas fuentes? Para empezar, las asambleas en las que Pedraza fue elegida presidenta habrían sido «alteradas», según al menos seis personas con acceso a esa información consultadas por este diario y que han tenido una relación muy estrecha con los actuales gestores de la AVT.
Siguiendo la consignas de Pedraza, sus víctimas más cercanas se encargaban de hacerse con la representación de muchos asociados y acudieron con documentos de delegación de voto. Hasta ese punto, lógico.
Pero, además, en la sede se preparaban ex profeso delegaciones de voto de miembros que nunca acuden a asambleas; de ancianos de los que hace tiempo que no se sabe nada, y de asociados de los que se conoce que no tienen ya ningún vínculo con la AVT. Es decir: de personas que es muy improbable o casi imposible que lleguen a enterarse que su identidad ha sido utilizada a sus espaldas para votar a favor de Pedraza.
Se habrían alterado tantas delegaciones de voto como se consideró necesario para obtener una cifra que permitiese garantizar un resultado óptimo en las asambleas.
Son más de 4.000 los socios de la AVT con derecho a voto y poco más de 700 lo ejercen (al parecer, muchos sin saberlo). La presencia física apenas llega a un centenar. De esta forma, según las fuentes consultadas, desde la sede central de la AVT ya salían teledirigidos un importante número de votos.
Pero no es la única de las puertas falsas que estas fuentes aseguran que están abiertas en la trastienda de la mayor agrupación de afectados. Porque Folguera, con el beneplácito de la presidenta, puso en marcha una entidad afín a la AVT: la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
Pero para tener acceso a subvenciones de dinero público, Folguera necesitaba nombres de víctimas que se asociasen. Y con la aprobación de Pedraza, tiró de la base de datos de la AVT. Quería más de 200 afectados directos, heridos y allegados para alcanzar sus objetivos. Hubo un puñado de víctimas reales -15- que aceptaron, pero no era ni remotamente suficiente. Algunos trabajadores se negaron a utilizar las bases de datos confidenciales. Porque Folguera, asegurando seguir siempre indicaciones de Pedraza, quería volcar el listado de asociados de la AVT en su plataforma.
En concreto, pretendía una franja determinada de la tercera edad para asegurarse de que no acudirían a las asambleas. El plan era claro: sólo mayores de 80 años. Así, y dado que la actualización de la base de datos, no se hace con demasiada periodicidad, se incluyeron víctimas que ya habían fallecido. La cifra exacta de miembros de la AVT que se volcaron inicialmente fue de 127.
Los trabajadores se plantaron. Y Folguera amenazó con despidos para quien no lo hiciera. Hasta Ángeles Pedraza en persona se habría puesto delante del ordenador para tratar de continuar las labores de volcado que sus empleados se habían negado a realizar. Finalmente, la lista con los asociados de la edad interesada se volcó a un archivo que se envió a un correo ajeno a la AVT para que se concluyera esa labor.
Además de Pedraza y Folguera, ese trabajo habría sido llevado a cabo también por una empresa especializada, de Barcelona, a la que le habrían facilitado el listado de socios de la AVT con todos sus datos para que el volcado de información fuera más mecánico al eliminar algunos de los campos. También habrían contado con la colaboración de un hijo de Pedraza, que, hasta hace cuatro días, estuvo participando en uno de los proyectos del Ministerio del Interior para víctimas del terrorismo.
La negativa de los trabajadores a realizar estas labores de volcado, efectivamente, tuvo consecuencias negativas para ellos.
Gracias a ese listado de asociados que no es real, Folguera ha conseguido en los últimos tres meses casi 45.000 euros en ayudas públicas. En concreto, 14.525 euros del Gobierno vasco el pasado noviembre y, recientemente, otros 30.000 de la Comunidad de Madrid.
Otro de los puntos oscuros son los emolumentos que mensualmente recibe Miguel Folguera de la asociación, por orden directa de la presidenta, pese a tratarse de un voluntario, no de un trabajador. Percibe en concepto de «gratificaciones» algo más de 800 euros al mes. Pero, además, la AVT le costea absolutamente todos los gastos, aseguran estas fuentes.
Añaden que en una ocasión, no hace muchos meses, cuando se trataba de poner en marcha una auditoría interna, el auditor ya advirtió de que esos gastos no podían figurar así. Dio igual, Folguera siguió cobrando.
Y apuntan otro hecho aún más grave: la posible existencia de una caja no oficial de dinero que se utiliza de forma discrecional y de la que proceden estas gratificaciones, que también percibían (eso sí, de bastante menos cuantía y sin periodicidad alguna) otros trabajadores de la AVT.
En todo, absolutamente todo, estaba el voluntario, Miguel Folguera, el asesor de la presidenta, un hombre bajo la sombra judicial. Está procesado en un asunto de tráfico y depósito de armas descubierto por la Guardia Civil tras los atentados del 11-M. Sus conversaciones fueron intervenidas cuando hablaba con otro imputado de vender algún arma.
