Para gustos hay colores....... y tanto como puede no gustar que Garzón sea juez o que algún compañero llegue a juez puede gustar lo contrario.
Entre el delito y la legalidad no hay color: yo defiendo la legalidad y tú un concepto de justicia que va entre lo sectario y lo criminal: el del juez ideológico.
Pero, un debate respecto de la imputación del Juez Garzón debería tratar en primer lugar si existe o no base legal para procesar a Garzón.
1. Se saltó conscientemente el ABC del Derecho.
2. Se sacó de la manga una lesa humanidad que no se ve por ninguna parte, por la sencilla razón de que no existe, con el descarado propósito de atribuirse una causa de la cual sabe a ciencia cierta que no era competente.
3. No contento con eso, llegó a incluir en el procedimiento delitos no incluidos en el escrito de la querella.
4. En el caso de Paracuellos, muy justamente aplicó la ley que él cuestiona ahora como antijurídica, a sabiendas de que él no es quien para derogar leyes, ni para declararlas nulas, atribuyéndose deliberada, conscientemente y contra toda lógica competencias que pertenecen a las cortes y al Tribunal Constitucional. Si él creía que era una mala ley, debió enviar una exposición razonada a las Cortes pidiendo su derogación, si dudaba de su acoplamiento con el Ordenamiento jurídico, debió elevar la oportuna cuestión de inconstitucionalidad: no lo hizo en el caso de Paracuellos, sino que la aplicó (con buen criterio) por haber una amnistía, siendo como era, aquel crimen, un genocidio y un crimen contra la humanidad con propósito de exterminio, cosa que no sucede en los crímenes que pretendió atribuirse. Un juez puede cuestionarse una ley, no lo niego. Y puede expresar lo que tenga por conveniente sobre el particular y expresar sus quejas al TC y al legislador, no puede convertirse en TC y en legislador. No lo hizo, luego debe pagar.
No se trata de juzgar a todas las actuaciones de un juez sino de una en concreta y jurídicamente discutible: “presuntas irregularidades de procedimiento que ha seguido este instructor en la causa contra el franquismo y la posibles interpretaciones forzadas de las leyes materiales en que ha de fundamentarse la acción judicial: especialmente, la Ley de Amnistía de 1.977 y la Ley de la Memoria Histórica.”
Interpretaciones forzadas no, quebrantamiento palmario y deliberado. Desoyo conscientemente el mandato de la Ley de Amnistía, (muy clara al respecto) pretendiéndola dejar sin efecto, arrogándose al tiempo, la potestad de las Cortes de derogarla o no y del TC, de declararla inconstitucional o no.
Esta es la argumentación del juez Varela para imputar a Garzón. Se trata, pues, de acusaciones contra actos que constituyen actos jurisdiccionales del Juez, como juez instructor.
Otro juez puede descalificar las actuaciones de Garzón para exhumar los restos de víctimas del franquismo pero las argumentaciones jurídicas que pudieran justificar el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional tienen que ser fundadas igual que la valoración de los hechos.
Respondo que los actos del juez instructor están sometidos al Imperio de la Ley, respondo por poner un caso muy claro, que un juez instructor no puede proceder ahora contra Vera por el caso Marey por la sencilla razón de que ya fue juzgado y además ha sido indultado, pues no se puede ignorar por muy instructor que se sea principios tan elementales como el de Non bis in idem, la santidad de la cosa juzgada y el indulto. El que ignora eso, sólo lo puede hacer prevaricando. Así un indulto, como una Amnistía, que fue aprobada por ley y que no puede ser obviada, debiéndose rechazar de plano toda querella que vaya en el sentido de transgredir un mandato claro, rotundo e inequívoco. Y el que admite una querella contra un mandato claro, rotundo e inequívoco, prevarica. Es como aceptar una personación como querellante sin la firma de abogado y procurador. De igual modo que sin firma no hay posible querella, con Amnistía no hay posible proceso.
Hay muchos jueces que consideran que "no hubo prevaricación en la actuación del juez Garzón" y que la querella "no cumple con los requisitos de la jurisprudencia sobre la prevaricación, por lo que, una vez que se haya tomado declaración a Garzón, lo más normal y casi seguro es que se decrete el archivo de la causa".
Hay muchos más jueces callados, honestos y trabajadores que no han formado parte de ningún colectivo de abajofirmantes, que directamente han declinado hacer declaraciones o formar parte del coro mediático garzonita. Por cierto, hoy hablaba El País de Martín Pallín como si todavía fuera compañero de la Sala de Varela: no señor, es un ex juez el Martín Pallín. En todo caso el que ha visto las actuaciones de Garzón ha sido la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y desde Saavedra a Colmenero, pasando por Prego y ahora Varela, todos han visto en estas actuaciones una prevaricación como una catedral.
Y otros que consideran que Garzón "no prevaricó" y ponen el enfoque en “las intenciones que movieron al magistrado: "Con acierto o sin acierto, actuó dentro de lo que él creía que eran las facultades que tenía para abrir una investigación, sobre la que había un clamor social y unas denuncias concretas ante él presentadas".
Garzón no podía ignorar que carecía de facultades para derogar una ley o declararla nula, no podía ignorar que el mandato de esa ley es claro, rotundo, categórico e inequívoco. Él mismo aplicó en otro caso una ley que ahora pretendía derogar, luego él era perfecto conocedor de esos mandatos.
En cuanto a las intenciones, tenía la obvia intención de quebrantar unos mandatos indiscutibles, claros y que no dejaban lugar a duda sobre la palmaria improcedencia de la querella. Los jueces no tienen la obligación de dar pábulo a cualquier barbaridad o capricho de cualquier asociación que pretenda utilizar la Administración de Justicia para sus fines de agitación y propaganda política, pues para eso están las campañas electorales. En cuanto al clamor social, sí, es el clamor de los cuatro gatos que todavía leen los folletos propagandísticos de Paul Preston, que él vende como libros de historia. Pero el público de Preston es muy reducido y no puede arrogarse la voz de toda una sociedad. Y en todo caso el juez no puede admitir querellas manifiestamente infundadas, cosa que él hizo a sabiendas de que no podía.
Y no hay que olvidar quien acusa aquí lo que causa una honda preocupación a asociaciones de jueces enteras:
“organizaciones que tienen un claro interés político (en referencia a Falange y Manos Limpias),
“la causa se abrió “exclusivamente” a instancias de asociaciones que podrían calificarse como de extrema derecha, herederas ideológicas del franquismo".
Eso que dices es propio de analfabetos, de párvulos y de retrasados mentales: Falange se fundó antes de que Franco se sublevara, luego por ser anterior, malamente podrían ser herederos del franquismo.
Y lo que se dice de Manos Limpias no pasa de conspiranoia de psiquiátrico: como lo que no se sostiene es la actuación de Garzón, hay que mentir y echar estiércol sobre el querellante, con observaciones rebuscadas, infundadas y grotescamente estúpidas, cuando la realidad es mucho más sencilla: se querellaron por la sencilla razón de que quieren que actuaciones groseramente injustas como las del juez Garzón no quedaran impunes. Y como ellos, millones de ciudadanos que como yo, no tenemos nada que ver con el franquismo, sino que nos parece que una actuación tan esperpéntica como la del juez Garzón no debe quedar impune. Gente que creemos que la fuente del derecho debe ser la ley y no el capricho de una secta.
Y no olvidemos que hasta ahora es el único juez que, a instancias de familiares de desaparecidos durante la represión franquista, ha tratado de articular una respuesta procesal penal adecuada a las demandas de aquellas personas perjudicadas. Investigar crímenes contra la humanidad no puede calificarse instrucción perjudicial y hasta ahora no ha perjudicado a ninguna persona sólo gusta o no gusta.
Otra excusa tan grosera como esperpéntica, propia de párvulos y analfabetos:
Si de los cerca de 20.000 jueces que hay en España, sólo uno ha abierto esa causa, naturalmente los otros 19.999 eran unos prevaricadores: eran ellos los que estaban en el delito, eran ellos los que no daban una respuesta adecuada a las demandas de ciertas asociaciones que pleitean, con el dinero que nos roban a los contribuyentes. Ya esto es un perjuicio abyecto, injusto, aberrante e infame. Las asociaciones querellantes contra Garzón no han contado con más dinero que el que hemos querido poner algunos, pero no nos han atracado como las asociaciones de la memoria histérica, que han puesto su infundada querella, queramos o no los contribuyentes, con el dinero de nuestros impuestos.
No señor: si ha sido el único, está claro que la manzana podrida era Garzón, que quien prevaricaba era él, que los que cumplian la ley eran los que daban la respuesta adecuada a las querellas de cierta secta saqueadora de nuestros bolsillos: el sobreseimiento fulminante de su infundada querella. Lo de crímenes de lesa humanidad, es absolutamente ridículo e infundado: no había tales y Garzón lo sabía, lanzó esa calificación para ver si colaba: lo siento, no coló.
Y todo juez prevaricador causa un daño descomunal a la democracia, a España y a los españoles que le pagamos (y espero que no por mucho tiempo) el sueldo. Pero además, en este caso sí perjudicó a particulares, al acusar a muertos de crímenes a sabiendas de que no podían defenderse, imputándoles esos crímenes falsamente y a sabiendas de la falsedad de sus acusaciones. Unas falsedades por las que espero que los familiares de los acusados fallecidos obtengan la adecuada reparación: la inhabilitación del juez prevaricador y una indemnización multimillonaria por tanta infamia y tantas mentiras.
